Anticorrupción se opone a la puesta en libertad de Guerrero

Sevilla/La Fiscalía Anticorrupción se ha opuesto a la puesta en libertad del ex director general de Trabajo y Seguridad Social de la Junta Francisco Javier Guerrero, que permanece en prisión provisional por el escándalo de los ERE desde el pasado 10 de marzo.

El Ministerio Público ha remitido un escrito a la juez de Instrucción número 6 de Sevilla, Mercedes Alaya, en el que sostiene que el ex alto cargo debe permanecer en la cárcel por los mismos argumentos que justificaron la petición de la Fiscalía: el riesgo de fuga, la gravedad de los hechos y de las penas a imponer, que pueda entorpecer la investigación o influir en los testigos o imputados que aún deben comparecer en la causa.

La juez Mercedes Alaya ha dado un plazo de dos días a las distintas partes personadas para que se pronuncien sobre la petición de libertad realidad por el abogado de Guerrero, Fernando de Pablo, quien para evitar suspicacias solicitó que la excarcelación se produjera a partir de ayer, una vez que ya ha prestado declaración el ex chófer del ex alto cargo Juan Francisco Trujillo, quien también ha acabado en prisión provisional tras prestar declarar ante la instructora y reconocer que dilapidó un millón de euros de fondos públicos en la compra de cocaína, fiestas y copas.

La defensa sostiene en su recurso que el ex director de Trabajo tiene un arraigo familiar y laboral que excluye la posibilidad de que pueda tratar de huir, ya que convive con su mujer y si hija de diez años, y ha solicitado recientemente el reingreso en la Función Pública, una petición que está en suspenso pero que le permite seguir cobrando el 75% de su salario. Pero es que según Fernando de Pablo, "la convicción de demostrar su inocencia conduce a descartar cualquier planteamiento de fuga".

La defensa también niega que Guerrero haya recibido presiones externas para que no declarase o que a su vez él pudiera presionar a otros. El ex director de Trabajo "ha mencionado y nombrado en su declaración" a cuantos han participado en la forma en la que se desarrollaba su trabajo, "con independencia del cargo o influencia que puedan tener los señalados".

Sobre las presiones que él pudiera hacer a otros testigos o imputados a través de terceras personas, el abogado las rechaza y precisa que la prisión comunicada "no lograría su objetivo" si éstas se realizan por terceras personas. En cualquier caso, De Pablo destacó la "nula capacidad de influencia que hoy tiene Guerrero", por lo que reclamó su puesta en libertad, ya que hay otros medios como la retirada del pasaporte, las comparecencias regulares en el juzgado y la imposición de medios telemáticos para garantizar que no se dará a la fuga.

La juez Alaya se pronunciará sobre la petición cuando reciba la respuesta de las distintas partes personadas en el proceso.