Anticorrupción pide cinco años para el ex futbolista Pizo Gómez por los ERE

Sevilla/Cinco años de cárcel y 15 de inhabilitación pide la Fiscalía Anticorrupción para el ex futbolista José Antonio Gómez Romón, conocido como Pizo Gómez por las ayudas, en el marco de la investigación de los ERE de la Junta fraudulentos, a la empresa Centros para la Formación y Prevención Laboral (Cenforpre). El Ministerio Público atribuye a Gómez, que fue trabajador de la empresa y ex futbolista del Athletic Club, Osasuna y Atlético de Madrid -entre otros equipos-, los delitos de prevaricación y fraude en concurso medial con un delito de malversación.

La misma pena se pide desde la Fiscalía en su escrito de acusación para el ex director general de Trabajo y Seguridad Social Francisco Javier Guerrero; el ex directivo de Vitalia Antonio Albarracín, y el ex director gerente de la empresa Miguel Errecalde Treviño. Fue éste, según la Fiscalía, quien "con el conocimiento y consentimiento" de Pizo Gómez, "facilitó" a Guerrero y al entonces titular de la Consejería de Empleo, Antonio Fernández, los datos del ex futbolista para la suscripción de las pólizas "como forma de obtener los fondos que decía se le debían a Cenforpre". De igual modo, Anticorrupción pide que los cuatro acusados indemnicen con 491.424,43 euros a la Junta de Andalucía.

En su relato de los hechos, el Ministerio Público expone que el 1 de agosto de 2007, "y a través" de Albarracín, "se suscribieron sin sujeción a procedimiento alguno" una serie de ampliaciones de pólizas, siendo el tomador la Consejería de Empleo y figurando como asegurado Pizo Gómez, que, por cuenta de Cenforpre, percibió en concepto de rentas mensuales hasta abril de 2008 la cantidad de 176.909,73 euros como beneficiario de las pólizas. Además, el ex jugador percibió 314.514,70 euros como resultado de la compra por el Consorcio de Compensación de Seguros del crédito correspondiente al mismo como beneficiario de los capitales diferidos previstos en las pólizas como resultado del proceso de liquidación de la entidad Fortia Vida a cuota fija.

La Fiscalía señala que las primas de las pólizas reseñadas "fueron inicialmente abonadas" por la Dirección General de Trabajo "mediante el sistema conocido como 'pagos cruzados'", es decir, emitiendo Guerrero, "con el conocimiento y consentimiento" del ex consejero de Empleo y del ex directivo de Vitalia, "orden directa a las compañías de seguros para que con fondos públicos recibidos de la agencia pública IDEA para el pago de determinadas pólizas detraigan las cantidades necesarias para atender las primas derivadas, entre otras, de las pólizas reseñadas".

Posteriormente fueron abonadas las primas pendientes por la Dirección de Trabajo al Consorcio de Compensación de Seguros "dentro de la regularización de pagos efectuados como consecuencia de la liquidación de Fortia de compromisos asumidos por la Dirección de Trabajo mediante la suscripción de pólizas de seguros", señala Anticorrupción.

"En ambos casos, fondos que habían sido transferidos desde la Consejería de Empleo a IDEA mediante el mecanismo de las transferencias de financiación del programa presupuestario 31 L -las definidas como ayudas sociolaborales y a empresas en crisis-, ocasionando una merma importante de recursos que, conforme a las leyes de presupuestos de la Junta de Andalucía, se debían haber destinado a atender situaciones de crisis sociolaborales de trabajadores y empresas de la comunidad", concluye la Fiscalía.

Hace una semana la juez María Núñez Bolaños, que investiga la macrocausa de los ERE, dictó la apertura juicio oral e impuso una fianza de 640.000 euros al ex futbolista Pizo Gómez, a Guerrero, al ex directivo de Vitalia Antonio Albarracín, y al ex director gerente de la empresa Miguel Errecalde Treviño.