Anticorrupción reclama más documentación sobre la investigación abierta a nueve empresas públicas de la Junta

La Fiscalía Anticorrupción ha reclamado al juez de Instrucción número 16 de Sevilla, Juan Gutiérrez Casillas, que mantiene abiertas hasta nueve empresas públicas de la Junta en relación con la utilización de las transferencias de financiación, más documentación para tratar de acreditar los "defectos en la contabilización" de esas transferencias que fueron detectados por la Intervención General de la Junta.

Fuentes del caso han explicado este martes que después de analizar la abundante documentación solicitada en noviembre pasado, cuando se abrieron las nueve causas en relación con las ayudas concedidas desde el año 2003 a estas entidades, no han encontrado la documentación de la que se desprenden esas conclusiones, por lo que ha solicitado al juez que pida a la Intervención General de la Junta la remisión de los documentos e informes en los que se apuntan esas presuntas irregularidades. Lo más probable es que el juzgado ordene la petición de documentación en los próximos días, añadieron las mismas fuentes.

El juez abrió en noviembre pasado hasta nueve investigaciones distintas, una por cada una de las siguientes empresas públicas: Empresa Pública de Gestión de Programas Culturales, la Empresa Pública de Desarrollo Agrario y Pesquero, la Empresa Pública de Deporte Andaluz (Epdasa), la Agencia Andaluza de Promoción Exterior (Extenda), la Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía (Egmasa), la empresa Gestión de Infraestructuras de Andalucía (Giasa), la RTVA, la empresa para la gestión del Turismo y el Deporte en Andalucía (Turasa), y la Empresa Pública del Suelo de Andalucía (Epsa).

La apertura de esas investigaciones, que instó la propia Fiscalía Anticorrupción, se produjo con la finalidad de "esclarecer la posible existencia respecto de ellas de transferencias de financiación por consejerías de la Junta a tales empresas en orden a esclarecer si se ha seguido la tramitación administrativa procedente sometida a fiscalización previa".

El Ministerio Público consideraba que estas empresas y agencias públicas habían utilizado el mecanismo de las transferencias de financiación para el abono de "subvenciones excepcionales y encargos de ejecución que no han sido objeto de fiscalización previa" a pesar de que era exigible en ambos casos, por lo que entendía que debían investigarse los hechos en un procedimiento distinto al de Invercaria –la sociedad pública de capital riesgo de Andalucía- e incluso al de los ERE fraudulentos que instruye la juez Mercedes Alaya. La Fiscalía precisó entonces que era necesario investigar si la utilización de este procedimiento puede ser constitutiva de delitos de prevaricación y/o malversación de caudales públicos, si "existe menoscabo de los fondos públicos".

En el escrito remitido al juzgado, la Fiscalía señalaba que entre la "abundante documentación" relativa a las operaciones de inversión realizadas por la sociedad pública de capital riesgo Invercaria consta un anexo -titulado Memoria de control financiero permanente referida a los trabajos realizados en el ejercicio 2006-, en el que se recoge que la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA) y las otras nueve entidades o empresas públicas mencionadas "presentan defectos en la contabilización de las transferencias de financiación que afectan a resultados o en la clasificación de activo y pasivo".

La Fiscalía enlazaba esta consideración con el contenido de otros informes remitidos a las consejerías de la Junta donde se detalla que "del examen del tratamiento contable dado por las empresas públicas a las transferencias de financiación recibidas se han puesto de manifiesto irregularidades en la tramitación de los expedientes administrativos utilizados por algunas consejerías para el envío de fondos a aquéllas. De tal modo que, de forma indebida, el expediente administrativo de transferencia de financiación ha sido tramitado para financiar operaciones de encargos de ejecución, subvenciones excepcionales u otros que habrían requerido una tramitación administrativa propia y sometida a fiscalización previa".

El Ministerio Público subrayaba que de estos informes se desprende la utilización de las transferencias de financiación para el "abono final por parte de las empresas y agencias públicas reseñadas de subvenciones excepcionales y encargos de ejecución que no han sido objeto de fiscalización previa, siendo ésta exigible en ambos casos".

La utilización de este procedimiento por parte de la agencia IDEA es parte del objeto de la investigación de otro juzgado, el de la juez Mercedes Alaya, por lo que la Fiscalía pidió que se remitiera testimonio a ese juzgado, y que el juez de Instrucción número 16 incoara por cada una de las empresas y agencias citadas, salvo IDEA, nuevas "diligencias previas" distintas a la causa de Invercaria y además se requiera a la Intervención General de la Junta de Andalucía para que remita los informes definitivos, con los anexos elaborados, de cada una de las empresas "de los ejercicios 2003 hasta el último elaborado".