Anticorrupción considera agotada la instrucción sobre los aforados y pide a Alaya que eleve la causa al Supremo

A Alaya se le estrecha el cerco para que suelte la causa de los ERE fraudulentos y lo envíe al Supremo. Si a principios de marzo fue la defensa del ex viceconsejero de la Presidencia de la Junta Antonio Vicente Lozano quien solicitaba a la juez Mercedes Alaya que remitiera la causa de inmediato al Tribunal Supremo, ahora ha sido la propia Fiscalía Anticorrupción la que ha presentado un escrito en el mismo sentido, al considerar que la investigación de los ex presidentes de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán y a otros cinco ex consejeros autonómicos que gozan también de aforamiento está "agotada" por lo que se refiere al juzgado de Instrucción.

En un escrito presentado este mismo lunes, los fiscales delegados de Anticorrupción Juan Enrique Egocheaga y Manuel Fernández Guerra, solicitan en primer lugar a la instructora que divida la causa en tres grandes bloques de piezas separadas para su enjuiciamiento: una de ellas, la que afecta a los aforados, sería la relativa al denominado "procedimiento específico" para la concesión de las ayudas. La Fiscalía también pide que se abran piezas separadas "con cada expediente de ayuda sociolaboral o de ayuda directa a empresa", salvo que exista "conexidad" en cuando a la identidad de los sujetos beneficiarios. Y en tercer lugar, el Ministerio Público reclama una pieza separada relativa a la “determinación, pago y destino de las denominadas sobrecomisiones" pagadas en las pólizas financiadas con fondos públicos.

Los fiscales considera que una vez recibido el informe pericial de la Intervención General sobre la idoneidad legal y el procedimiento contable utilizado por la Consejería de Empleo de la Junta para la concesión de las ayudas sociolaborales y a empresas en crisis con cago al programa 31L –conocido como el fondo de reptiles- y atendiendo al auto de 18 de diciembre de 2013, en el que Alaya volvió a preimputar a los ex presidentes de la Junta después de que la Audiencia le obligara a motivar más su anterior resolución, la Fiscalía Anticorrupción "entiende ya agotada la investigación en esta sede judicial en todo lo que es posible sin dirigir el procedimiento contra las persona que gozan de fuero, a las que se dio traslado del artículo 118 bis de la ley de Enjuiciamiento Criminal". De esta forma, el Ministerio Público concluye que "se debe proceder a elevar el conocimiento de la pieza relativa al procedimiento específico al órgano superior competente ateniendo a la calidad del fuero de las personas reseñadas en dicho auto".

La petición de la Fiscalía implica que, mientras tanto, la juez continuaría instruyendo las piezas separadas de cada expediente y la relacionadas con el pago de sobrecomisiones.

La Fiscalía justifica la necesidad de separar la causa en distintas piezas por el "elevado número de expedientes, la extensión y complejidad de los mismos", así como por el "importante número de imputaciones que se deriven y la necesidad de recuperar los fondos públicos presuntamente malversados". Todo ello, prosiguen los fiscales, justifica la “simplificación y activación del procedimiento" judicial y recuerda que en distintos autos y escritos de la propia Fiscalía se pone de manifiesto no sólo la extensión y complejidad de esta causa, sino "lo incierto del horizonte temporal de la instrucción y enjuiciamiento de esta causa".

La separación de la causa en piezas, entiende el Ministerio Público, viene a "facilitar la remisión" de los hechos relativos a los aforados, de aquellos "hechos concretos de los que existan indicios sólidos de la presunta participación de estas personas, y otras en su caso, sin que conlleve un mayor retrasos en la investigación de aquellos que no presente conexión con los mismos, más allá del diseño y ejecución del denominado procedimiento específico” para la concesión de las ayudas. Para el fiscal, el obstáculo de la "conexidad" de los hechos puede salvarse dividiendo la causa en esos tres bloques de piezas separadas, puesto que "el estudio de los expedientes ha puesto de manifiesto que cabe la posibilidad de aplicar una continuidad en los delitos de malversación, prevaricación y falsedad en cada uno de ellos, sin que quepa extender dicha continuidad al resto de expedientes y siendo posible, en su caso, corregir las consecuencias a efectos de pena a través de otros mecanismos como la previsión del artículo 76 del Código Penal".

La Fiscalía aporta algunos detalles sobre la instrucción, para comprender la extensión de la causa, y así recuerda que en el informe de fiscalización de la Cámara de Cuentas se cuantificaban 126 expedientes de ayudas sociolaborales de prejubilación, por los que se pagaron 582.189.272 euros, y otros 275 expedientes de ayudas a empresas y otros, que representaron el pago de otros 127.761.211 euros, y aunque algunos de estos expedientes tienen conexión con otros, en todo caso se superan ampliamente los 200 expedientes.

La Fiscalía entiende que los hechos investigados, de forma provisional, pueden ser constitutivos de cuatro delitos: prevaricación, cohecho, malversación de caudales públicos y falsedad. En cuanto a los hechos delictivos, el fiscal distingue cuatro apartados: los intrusos, la propia ayuda sociolaboral en sí misma considerada, las ayudas a empresas, y el enriquecimiento "presuntamente ilícito de las empresas, despachos, mediadores y agentes que han intervenido en la gestión de ayudas a través de las denominadas sobrecomisiones, hecho derivado de la falta de control de la cuantificación de las primas de las pólizas de rentas y capital suscritas que, sistemáticamente, eran abonadas por la Junta de Andalucía sin sujeción a procedimiento alguno".

Sobre las ayudas sociolaborales, la Fiscalía alerta de que al no haberse sujetado al procedimiento legalmente establecido, se ha producido una vulneración de los "más elementales principios configuradores de la actividad de fomento y prestacional de la Junta, con un importante menoscabo de los fondos públicos y daño en la esfera socioeconómica de la gran mayoría de los ex trabajadores afectados ante las expectativas generadas por los agentes que han intervenido en la gestión de estas ayudas". Todo ello, prosigue, sin olvidar el "presunto ilícito enriquecimiento que en algunos casos ha supuesto para las empresas ante el ahorro que ha supuesto el adelgazamiento de la plantilla y los posibles negocios subsiguientes llevados a cabo", como las ventas de participaciones o acciones, suelo, etc…