Anticorrupción se opone al recurso de Magdalena Álvarez y vuelve a avalar la legalidad de su imputación

La Fiscalía Anticorrupción se ha opuesto al recurso de apelación presentado por la ex consejera de Economía y Hacienda de la Junta y ex ministra de Fomento Magdalena Álvarez contra el auto de la juez Mercedes Alaya que acordó su imputación en el caso de los ERE y de otros 19 altos cargos de la Administración andaluza.

La ex consejera, a la que se atribuyen delitos de prevaricación administrativa y malversación, alegó en su recurso que estos delitos habrían "prescrito", por lo que pidió la nulidad del auto de Alaya. El abogado de Álvarez, Horacio Oliva, solicitaba, por tanto, el sobreseimiento de la causa respecto a la ex consejera "por manifiesta ausencia de caracteres delictivos en los hechos imputados", pidiendo de manera subsidiaria que se revocara dicha resolución judicial "por falta de motivación" y que se devolviera al Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla para que "se dé razón suficiente de los elementos fácticos y jurídicos que hayan de sustentarlo".

Fuentes del Ministerio Público señalan que la Fiscalía ha vuelto a avalar la legalidad de la imputación de Magdalena Álvarez, al entender que el auto de Alaya “cumple su función”, una postura que la Fiscalía ya puso de manifiesto en julio pasado cuando se opuso al recurso presentado por la Junta de Andalucía, por lo que ahora ha empleado argumentos similares, han añadido las fuentes consultadas.

En el escrito que impugnó el recurso de la Junta, la Fiscalía afirmó que el sistema de transferencias de financiación es una "fórmula montada que tiene una apariencia formal de legalidad pero una última finalidad fraudulenta, indiciariamente delictiva, que supera la categoría de infracción o irregularidad administrativa".

Con este argumento principal, la Fiscalía se había opuesto tanto al recurso de apelación presentado por la Junta contra estas nuevas imputaciones como a la suspensión de la declaración del ex interventor Manuel Gómez.

En el escrito, la Fiscalía recuerda que la Administración autonómica alegó que se había producido una infracción del principio de legalidad y hacía referencia al uso de las transferencias de financiación, a las modificaciones presupuestarias y a las leyes de presupuestos, señalando que la instructora estaba criminalizando estas figuras y su uso. El fiscal delegado de Anticorrupción en Sevilla sostiene que la hipótesis delictiva que maneja Alaya parte de la utilización de esta figura pero "de su uso perverso, de un uso finalísticamente dirigido a burlar todos los controles de la Intervención de la Junta como medio para poder dilapidar los fondos públicos, favoreciendo y enriqueciendo a terceros, y esa finalidad sí es penalmente relevante e implica a todos aquellos que conociendo tal uso perverso lo hicieron posible o sencillamente no lo evitaron".

Esa finalidad, continúa la Fiscalía, se "sedimenta en hechos objetivos que parten del uso indebido de la figura de las transferencias de financiación, engordadas mediante las oportunas modificaciones presupuestarias, unido a la no consideración como subvenciones de las ayudas sociolaborales, lo que facilitaba su no fiscalización, y todo ello junto a la fórmula consagrada en el convenio entre la Consejería de Empleo y el IFA de julio de 2001, que hábilmente, a los mismos efectos de evitar cualquier fiscalización que estorbara, separaba el expediente de la ayuda, que permanecía en la Consejería de Empleo, del pago, que se efectuaba en el IFA/IDEA, cuyo interventor por tanto al fiscalizar el pago no contaba ni podía contar con el expediente previo de la ayuda".

Anticorrupción considera "muy ilustrativas" a estos efectos las respuestas que en su declaración como imputado ofreció el ex consejero de Empleo Antonio Fernández, a preguntas precisamente de la Fiscalía sobre los "fines y consecuencias del sistema montado".

El Ministerio Público también desmontaba en su escrito otro de los argumentos de la Junta respecto a la posible falta de motivación del auto de la juez Alaya en el que imputó a la veintena de cargos públicos. Dice el fiscal que esta resolución formalmente sería un "auto de imputación" y éste es, según el fiscal, el problema, pues esta figura no está contemplada en el íter procesal del procedimiento penal. "Nada hubiera impedido su no existencia y la mera citación de las personas para declarar sobre hechos penalmente relevantes un día determinado a fin de determinar su participación", lo que le lleva a preguntarse si es necesario que "los imputados dispongan, mediante auto, con anterioridad de un pormenorizado relato de todos y cada uno de los hechos que se le atribuyen y que tienen relevancia penal". El fiscal se cuestiona igualmente si no sería plenamente exigible para el respeto de su derecho de defensa que tal relato pormenorizado "le sea hecho en momento de prestar declaración debidamente asistido de letrado y con todas las garantías legales y derechos".