Anticorrupción pide 14 años para Guerrero por las ayudas que gastó en regalos y cocaína

La Fiscalía Anticorrupción ha reclamado sendas condenas de 14 años de prisión y 30 años de inhabilitación para el ex director general de Trabajo y Seguridad Social de la Junta Francisco Javier Guerrero y su chófer Juan Francisco Trujillo por delitos continuados de falsedad, prevaricación y malversación de caudales públicos, en relación con las ayudas que por importe de 1.475.028,01 euros le concedió el primero y parte de las cuales fueron empleadas en la compra de regalos y cocaína.

Además de Guerrero y Trujillo, la Fiscalía Anticorrupción ha solicitado una condena de seis años de prisión y diez de inhabilitación para el ex directivo de Vitalia Antonio Albarracín Muñoz, y seis años y tres meses de prisión y 17 años de inhabilitación para Isidoro Ruz Espigares, socio de una de las empresas del chófer.

En el escrito presentado en el juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, el Ministerio Público reclama asimismo que Guerrero y Trujillo indemnicen a la Junta con 900.000 euros; mientras que Guerrero, Truijillo e Isidoro Ruz deberán abonar otros 450.000 euros de otra ayuda. Por último, los acusados Guerrero, Trujillo y el ex directivo de Vitalia Antonio Albarracín deberán abonar otros 125.028,01 euros de la póliza que suscribieron a nombre de la madre del chófer.

El fiscal ha pedido además que la esposa de Trujillo, Juana Gallego, responda de la cantidad de 24.000 euros como responsable “a título lucrativo” de parte de las ayudas que recibió su marido.

En su escrito de conclusiones provisionales, la Fiscalía Anticorrupción relata que el ex director de trabajo y su chófer “idearon inicialmente la constitución de sociedades mercantiles para poder disponer para ellos de parte de los fonos públicos que tenía a su disposición la Dirección General de Trabajo con cargo a la partida 31L”, conocida como el fondo de reptiles, y esas sociedades –Lógica Estratégica Empresarial e Iniciativas Turísticas Sierra Morena- recibieron cantidades “para financiar falsos proyectos de inversión”.

Después, puestos de común acuerdo y “con ánimo de ilícito enriquecimiento” con un tercer investigado –Isidoro Ruz- decidieron que éste presentara como promotor ante la Dirección General de Trabajo “un proyecto, sin fecha, para el emplazamiento de una granja avícola en el cual como financiación de la inversión se disponía de una subvención de 450.000 euros”.

En la tramitación del pago de estas cantidades como ayudas o subvenciones a estas tres sociedades, precisa la Fiscalía, “se ha prescindido total y absolutamente del procedimiento legal establecido, concediéndose por el encausado Guerrero Benítez sin competencia para ello, sin la aplicación de los criterios de publicidad, concurrencia y objetividad legalmente establecidos para la concesión de subvenciones, sin que se acreditare el carácter excepcional de las ayudas, sin que se dictara resolución motivada de concesión con expresión de los requisitos exigidos a las sociedades beneficiarias, no sometiéndose a ningún tipo de fiscalización de la Intervención y sin hacer ningún tipo de seguimiento de la aplicación dada a los fondos públicos concedidos”.

El importe de 450.000 euros fue “fijado a propósito” por el director de Trabajo para “evitar” que el Consejo Rector del IFA las aprobase, añade el Ministerio Público, que relata cómo Javier Guerrero recibió “entregas en efectivo, antigüedades, un equipo de navegación para su vehículo oficial, invitaciones a restaurantes y locales de copas y entregas de cocaína” por parte de su chófer con los fondos transferidos de la agencia pública Idea.

Así, Anticorrupción destaca en su escrito de acusación que el destino que los acusados dieron a los fondos percibidos “supuso no sólo una merma importante en la disponibilidad presupuestaria para atender la finalidad del programa 31L –ayudas sociolaborales y a empresas en situación de crisis- por su cuantía (tres ayudas de 450.000 euros), sino también un grave perjuicio a la actividad a desarrollar por la Administración de la Junta de Andalucía ante las ciertas, concretas y singulares situaciones de crisis socioeconómica de la comunidad autónoma, privando a empresas andaluzas, en situación real de crisis, de concurrir y acceder a estas cantidades”, sentencia el Ministerio Público.

La juez María Núñez Bolaños dictó recientemente el auto de procesamiento, en el que puso fin a la instrucción de esta pieza de los ERE y en la que señalaba que de forma indiciaria puede afirmarse que el director general de Trabajo Javier Guerrero, otorgó “de forma arbitraria y con ánimo de lucrarse él mismo y Juan Francisco Trujillo, persona vinculada laboralmente a Guerrero en su condición de conductor de éste, cuatro ayudas”.

Decía Bolaños entonces que Guerrero “sugirió” a su chófer que creara dos empresas y, según admitió el propio conductor, él dijo “que como tenía facultades para conceder subvenciones y que no tenía que justificar nada, podía otorgárselas presentando una memoria muy simple”.

Siguiendo estas instrucciones, Trujillo creó las entidades Iniciativas Turísticas Sierra Morena y Lógica Estratégica Empresarial, concediendo inicialmente a cada una de ellas sendas ayudas por importe de 450.000 euros cada una en los años 2004 y 2005, aunque existe una tercera ayuda de otros 450.000 euros a la entidad Ave Nueva, en la que aparece también como administrador solidario el acusado Isidoro Ruiz Espigares.

La magistrada destacó sobre el mecanismo para conceder las ayudas que siempre era el mismo: “se otorgaban por el señor Guerrero sin más trámite y, posteriormente, para realizar el pago celebraba un convenio entre éste y el IFA en virtud del cual dicha institución debería realizar el pago de las ayudas concedidas, indiciariamente, de forma arbitraria para el señor Guerrero para su lucro y el de sus amigos o conocidos a sabiendas del carácter ficticio de dichas empresas y de la finalidad indiciariamente ilícita de la ayuda concedida”.

La juez señaló que la esposa de Trujillo fue “socia” de la empresa Iniciativas Turísticas Sierra Morena y reconoció que en el año 2008 adquirió su vivienda con el dinero que le entregó su marido “procedente de un préstamo que le hizo un amigo de éste”, y con posterioridad suscribió un préstamo hipotecario para devolver parte del préstamo personal de su esposo.

Además hay indicios, según la instructora, de que existe una cuarta ayuda que se concede “con la única finalidad de beneficiarse económicamente tanto el señor Guerrero como Trujillo y que se articula mediante una póliza individual” por importe de 125.028,01 euros cuya beneficiara es la madre del conductor, Estrella Blanco, llegando el chófer a falsificar la firma de su madre.

El ingreso de este dinero se hizo en la cuenta de la madre, de donde Trujillo retiró el dinero y reconoció que realizó “numerosos regalos al señor Guerrero además de la compra de cocaína para ambos”, precisa el auto.

La juez concluyó diciendo que no ha quedado acreditada la existencia de “mínimos indicios de la participación dolosa” de la madre en los hechos, por lo que acordó el sobreseimiento con respecto a la misma, y también con respecto a la esposa, de la que insistió en que “no existe prueba de su participación directa en los hechos”, aunque sí para llamarla a las presentes actuaciones como partícipe a “título lucrativo”.