Anticorrupción reclama a Alaya que abra unas nuevas diligencias para investigar una ayuda a Astilleros de Huelva en 2011

La Fiscalía Anticorrupción ha presentado un escrito a la juez Mercedes Alaya en el que reclama a la instructora que abra unas nuevas diligencias para investigar una ayuda concedida a los Astilleros de Huelva en 2011, al considerar que la investigación de los ERE fraudulentos es ya lo suficientemente "extensa y compleja" como para ampliarla con esta nueva ayuda.

En el escrito presentado en el juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, el Ministerio Público recuerda que en abril pasado la acusación particular que ejerce el PP solicitó que se investigaran unos hechos con "apariencia delictiva", en relación con el "Acuerdo de 15 de noviembre de 2011, del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, por la que se autoriza a la Consejería de Empleo a la concesión de una subvención de carácter excepcional para atender la solicitud formulada por los administradores concursales de la empresa Astilleros de Huelva SA y para la propia resolución del Consejero de Empleo que haya dictado para su otorgamiento ... , se ha prescindido total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido en la Orden de 1 de Abril de 2011 de la Consejería de Empleo...". Mediante esta orden, explica la Fiscalía, se aprueban las bases reguladoras de las ayudas sociolaborales destinadas a trabajadores afectados por expedientes de restructuración de empresas en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía y se efectúa su convocatoria para el año 2011.

Tras esta petición de la acusación del PP, la juez Alaya dictó un auto en el que acordó que, "con el fin de avanzar en la instrucción" de las presentes diligencias de los ERE, como nueva prueba se oficiara a la Consejería de Empleo y al Consejo de Gobierno para que ésta remitiera los expedientes administrativos íntegros para el otorgamiento de la subvención excepcional solicitada por los administradores concursales de Astilleros de Huelva.

La Fiscalá Anticorrupción entiende ahora que, en función de la fecha del acuerdo del Consejo de Gobierno (15/11/11) y a su "no vinculación al objeto de las presentes actuaciones, que si bien es amplio no se debe de extender más allá de la tramitación de pagos acogiéndose al Convenio marco de julio de 2001, la encomienda que lo sustituya y hasta la Orden de fecha 1 de abril de 2011", para la averiguación de los hechos y de sus presuntos responsables, en su caso, "deben de incoarse diligencias previas separadas a las presentes, máxime si atendemos a la extensión y complejidad que ya de por si tienen éstas".