Vertido de Aznalcóllar: 25 años de la peor catástrofe ecológica en Andalucía

La madrugada del 25 de abril de 1998 reventó la presa de la balsa con vertidos tóxicos de la sevillana mina de Aznalcóllar y solo la labor de los tractores de los arroceros, que construyeron un muro de urgencia, impidió la llegada a Doñana de cuatro hectómetros cúbicos de aguas ácidas y otros dos de lodos cargados con metales pesados.

La rotura de la balsa de la explotación de la empresa Boliden Apirsa liberó sobre los ríos Agrio y Guadiamar aguas ácidas y lodos tóxicos que contenían arsénico, cadmio, mercurio y otros metales pesados que provocaron el desbordamiento de sus cauces y la anegación de las tierras colindantes a lo largo de una extensión de 62 kilómetros.

En total, se vieron afectadas 4.634 hectáreas de zonas agrícolas y pastizal de Aznalcóllar, Olivares, Sanlúcar la Mayor, Benacazón, Huévar, Aznalcázar, Villamanrique de la Condesa, Isla Mayor y La Puebla del Río. Todo ello mientras en la capital se celebraba la Feria de Abril.

Los lodos sedimentaron en los primeros 40 kilómetros del cauce con un espesor que llegó a superar los tres metros en las proximidades de la balsa y alcanzaron varios centímetros a la entrada de las marismas. Las aguas ácidas llegaron hasta el tramo bajo de Entremuros y quedaron retenidas a las puertas del Parque Nacional de Doñana.

Los recogidos fueron depositados en la corta de Aznalcóllar, en los primeros seis meses se recogió el 80 por ciento de los lodos vertidos pero el vertido había penetrado en algunos pozos de gran diámetro situados en el acuífero que fueron bombeados y a los que se les añadió cal para neutralizar la acidez. El día del vertido, los peces saltaban de un agua cuyo pH era similar al de una batería de coche.

El choque entre el Gobierno nacional y el autonómico

Por aquel entonces, el Gobierno central estaba en manos del PP y la Junta de Andalucía en las del PSOE. Los primeros momentos supusieron un abierto enfrentamiento entre ambas administraciones y hasta tres años después no cesó la minería en la zona y se expropió la superficie afectada, que se dedicaba a labores agrícolas.

Pese al enfrentamiento, se creó el Plan de Medidas Urgentes activado por una Comisión Mixta de Coordinación, en la que estaban implicadas ambas administraciones, con el fin de dar solución a los dos principales frentes: la retirada del lodo y el saneamiento del volumen de agua tóxica retenido en los diques de contención.

Se construyó una depuradora en los diques mediante la cual la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) eliminó los metales pesados del agua y controló el pH. Tras normalizar el estado del agua, fueron vertidas al Estuario del Guadalquivir, y durante las siguientes semanas se realizó un control de la calidad de las aguas, tanto superficiales como subterráneas, así como un seguimiento de la calidad del aire y el estado de los seres vivos.

La Comisión puso además en marcha dos iniciativas para dinamizar la zona: 'Doñana 2005', del Ministerio de Medio Ambiente, y 'El Corredor Verde del Guadiamar', de la Junta de Andalucía, que fue declarado Paisaje Protegido y adscrito a la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía en abril de 2003. Hasta 2001 no sitúan los investigadores el punto de inflexión por el que empezaron a recuperarse las poblaciones animales del entorno.

El juicio a Boliden, aún pendiente

Cuando se cumplen 25 años del desastre ecológico, que pudo ser aún peor, no se ha celebrado todavía el juicio que dilucide la responsabilidad del vertido. Está fijado para algo menos de tres meses, comienza el 4 de julio, y la sueca Boliden Apirsa ha logrado zafarse, por ahora. de cualquier tipo de responsabilidad, tanto penal como civil.

El Gobierno andaluz cifra en 89,8 millones de euros el dinero destinado a la recuperación del Guadiamar entre 1998 y 2003, cuyos trabajos se centraron en dos grandes áreas: 1.800 hectáreas de las marismas de Entremuros, dentro del espacio natural Doñana, afectadas por aguas ácidas, y las 3.000 hectáreas de la llanura fluvial.

Serán seis sesiones de juicio durante el mes de julio, con 13 interrogatorios, y que determinará finalmente si Boliden tiene que reembolsar el gasto de la reparación ambiental de la zona que costeó la Junta de Andalucía.

Durante la instrucción, la multinacional sueca asegura que el impacto económico padecido por la empresa por aquel vertido fue de 115 millones y que un total de 80 millones ya se destinaron a la retirada “voluntaria” de los lodos, algo que provocó que entrara en concurso de acreedores a consecuencia de los gastos ocasionados por el vertido.

Por su parte, la Junta, como demandante, basa su denuncia en el artículo 81 de la Ley de Minas por el que se responsabiliza al explotador de los daños y perjuicios ocasionados con sus trabajos al infringir las prescripciones establecidas para proteger el medioambiente, y considera que Boliden no completó la limpieza de la zona, algo que la multinacional sueca rechaza al considerar que se la aplicación de este artículo es una "construcción jurídica".

Boliden asegura que la Junta se ha gastado la mitad del dinero que reclama en “un corredor verde” y no en paliar las consecuencias del vertido.

Boliden AB y Boliden BV alegaron incluso falta de legitimación pasiva ya que el pretendido reembolso “no puede extenderse” a ellas puesto que era Boliden Apirsa la explotadora del complejo.

Un litigio judicial arduo

La fijación final del juicio para el mes de julio no oculta el arduo litigio que se saldó previamente con las derrotas de las administraciones y con la recomendación, en mayo de 2012, del Tribunal Supremo a la Junta de reiniciar el contencioso por la vía penal, por la que el juzgado de Sanlúcar la Mayor llegó a imputar a una veintena de técnicos de Boliden, la Junta y el Ministerio de Medio Ambiente.

Cerrada esta vía en 2000 y confirmada en 2001, la Junta presentó entonces una demanda civil ante el juzgado de instrucción 11 de Sevilla, que no fue admitida al declararse incompetente, por lo que en 2004, el Consejo de Gobierno acordó imponer a Boliden una multa de 89,8 millones de euros para poder exigirla por la vía contencioso-administrativa, pero el grupo minero recurrió en 2007 al TSJA y en 2011 al Tribunal Supremo y ambas instancias le dieron la razón.

La Junta, finalmente, planteó a la Sala de Conflictos de Competencias del Supremo cómo podía exigir el dinero a Boliden, esta dictó por la vía civil y ordenó devolver el caso al juzgado 11 de Sevilla, instancia que instruyó la primera demanda y que el 29 de septiembre de 2022 terminó fijando el juicio para julio de este año.

El juicio se desarrollará en seis sesiones, contará con la declaración de doce testigos y un perito propuesto por las tres empresas que forman parte de Boliden (Boliden Apirsa, Boliden AB y Boliden BV), todas ellas demandadas, que defienden que el Gobierno andaluz había autorizado en 1996 el recrecimiento de la balsa que posteriormente se rompió.

Las consecuencias del mayor desastre ecológico en Andalucía

El balance de este desastre ecológico es de siete millones de metros cúbicos de lodo retirados; 30 toneladas de animales muertos; acuíferos contaminados; récord mundial de concentración de metales pesados en aves acuáticas; pérdidas económicas valoradas en unos 120 millones de euros, y según un estudio de las Universidades de Granada y Almería, un 7% de los terrenos afectados tiene aún niveles altos de metales pesados como el arsénico o el plomo.

La legislación evolucionó además a raíz del desastre de Aznalcóllar con la ley de Responsabilidad Medioambiental de 2007, que regula la responsabilidad, básicamente bajo el principio de que "quien contamina, paga".

Aznalcóllar sirvió para que se desarrollara una norma general de aplicación sobre la contaminación de suelos en la UE que hasta el momento no existía y tampoco había planes de emergencia ni procedimientos de seguridad alguno.

La futura explotación de la mina: la Corta de los Frailes

Y en medio del laberinto judicial, el municipio de Aznalcóllar pide una solución que permita la reapertura de la mina, que podría dar empleo a un millar de personas. La Junta inició los trámites en 2015 ante el interés de varias empresas de hacerse con la explotación pero una de las compañías que habían entrado en concurso recurrió la adjudicación del proyecto denunciando diversas irregularidades, lo que llevó a iniciar otro proceso judicial.

Este nuevo proceso judicial, que se dilucidará en marzo de 2025, llevará al banquillo al que fuera responsable de Minas y a una quincena de procesados más, entre ellos dos exaltos cargos de la Administración autonómica durante el mandato de Susana Díaz, por un supuesto amaño en la adjudicación de la explotación de la mina de Aznalcóllar.

La Junta había adjudicado los derechos de explotación al grupo empresarial México-Minorbis, en el que participa la sociedad andaluza Magtel.

Organizaciones como Ecologistas en Acción, Greenpeace, SEO/BirdLife o WWF consideran inviable la reapertura de la mina y buscan una transición que permita el equilibrio entre lo medioambiental y la reactivación económica de la comarca.

Sin embargo, desde la Junta de Andalucía, ahora en manos del PP, considera que la reapertura aumentará el importante peso del sector de la minería andaluza y que nos encontramos en el ultimo trámite del proceso de autorizaciones administrativas por lo que podría reabrirse durante este año y que funcione a pleno rendimiento en 2026.

El sábado de Feria de Abril de Sevilla de 1998, Miguel Ferrer, director de la Estación Biológica de Doñana hasta el año 2000 recibió una llamada que avisaba del vertido y se acordó de que el Instituto de Recursos Naturales y Agrobiología de Sevilla (IRNAS) ya advirtió en 1984 de que se estaban produciendo filtraciones de metales pesados.

Catorce años después se producía la mayor catástrofe ecológica ocurrida en España, por detrás del hundimiento del buque Prestige en 2003.