Ángel Ojeda dice que la formación ha sido "la ruina" de su grupo de empresas

El ex consejero de Hacienda de la Junta Ángel Ojeda ha defendido este martes ante la juez María Núñez Bolaños que cumplió la estricta legalidad en la realización de los cursos de formación y ha asegurado que, sin contar el caso de Delphi –donde recibieron 33 millones-, la experiencia global de la formación ha sido “la ruina” de su grupo de empresas. En una extensa declaración que se ha prolongado por espacio de casi tres horas y en la sólo ha respondido a la Fiscalía y a su abogado, Ojeda ha cuantificado en cinco millones de euros la cantidad que, según afirma, la Junta le adeuda por la realización de cursos que están “justificados hasta el último céntimo”, y ha reconocido que desde que saltó el escándalo de la formación “les han ido quitando los cursos, por el tema de la alarma social creada”.

Ojeda ha subrayado igualmente que los cursos se han dado, que nunca hubo sobrecosto por la contratación de su grupo de empresas, y ha añadido que el beneficiario era “el trabajador o el desempleado, porque él tenía que pagar previamente absolutamente todo y luego la Junta no les pagaba todo lo que tenían que pagar”, ha asegurado a preguntas de su abogado.

Al inicio de la declaración la juez le ha imputado delitos de falsedad documental y fraude de subvenciones, al poner de manifiesto que en esta causa se investigan un presunto fraude que se habría realizado “mediante la contratación de bienes o servicios entre las diferentes entidades o empresas vinculadas a su persona y que justificarían de forma ficticia o fraudulenta gastos a fin de justificar las subvenciones”.

Ojeda ha defendido ante la magistrada que toda su actividad es “un libro abierto” y ha respetado “siempre la más estricta legalidad”, porque todos los datos eran “públicos y notorios”. Ojeda ha dicho que su grupo de empresas tenía unos tres millones de euros procedentes de la actividad privada y que presentaba a Hacienda “los ingresos reales”.

Sobre los más de 33 millones de ayudas que recibió para la formación de los ex trabajadores de Delphi, Ángel Ojeda ha afirmado que el 25 de julio de 209 recibió una llamada del Servicio Andaluz de Empleo (SAE) convocando a todas alas entidades en Andalucía que tuvieran como objeto social la formación, entre ellas la Asociación de Empresas Aeronáuticas (AEA), y hubo una reunión a la que asistieron 30 empresas, pero al final sólo ocho afrontaron el “reto” de tener dispuestos con fecha 1 de septiembre las aulas, talleres y personal para dar los cursos, a los que se acogieron 588 alumnos en una primera fase, más de 300 en una segunda, y 465 en la tercera. El empresario ha dicho que los cursos se impartieron porque los alumnos tenían que pasar por el “huellero” al entrar y al salir, y además se pasaba lista por sorpresa.

También ha señalado que se dieron más de un millón de horas de formación a los ex trabajadores de Delphi, a una media de “diez euros la hora de curso” que se dio, cuando la Junta o el Estado pagaban 13 euros por esos cursos, con lo que defendió que hizo “los cursos más baratos”.

De los 33 millones concedidos, el ex consejero ha asegurado que 18 millones fueron para el “pago de los trabajadores” en las tres fases del programa, y ha insistido en que “todos los cursos se realizaron hasta el último céntimo”. Ojeda ha querido desligar esta ayuda de cualquier intervención de su cuñada, Teresa Florido, que tomó posesión como directora general de Formación Profesional de la Junta dos años después, en junio de 2011.

El imputado se ha referido a la empresa Itisa –que según el investigado era la que “normalmente” hacía las obras de adaptación de los locales para talleres-, en la que figura su hijo Marcos Ojeda para decir que esta entidad “se constituyó con Florentino Pérez” e introdujo a su hijo para que fuera “conociendo el nombre de la empresa”, pero en realidad éste “no dirigía nada y lo que estaba era rodando”.

Ojeda ha explicado que las distintas asociaciones como Humanitas o la Asociación de Empresas Aeronáuticas se crearon para conseguir unos “objetivos comunes que no se pueden conseguir de forma individual”, y ha añadido que a Humanitas se sumaron posteriormente otras 60 empresas más. Su grupo de empresas, Prescal, que entre 2009 y 2013 prestó servicio a Humanitas –como servicio externo docente-, ha tenido 17.500 clientes privados y más de 3.000 proveedores, son algunos de los datos que ha ofrecido Ojeda a la juez.

Prescal recibió subvenciones en unos casos y en otros provee de servicios a las demás empresas, porque “puede pedir subvenciones y también dar cursos privados”, ha aclarado Ojeda, que ha explicado además que es posible que haya docentes que “trabajan como profesores para las entidades y luego pasan a ser autónomos con Serpro”.

Sobre Humanitas, ha precisado que siempre ha actuado en toda España en “concurrencia competitiva” con el resto de empresas y lo primero que tienen que hacer es disponer de centros homologados, y ha precisado que la homologación tarda “unos dos años” y luego para cada curso tiene que hacer el taller correspondiente, momento en que ya le homologan el centro y la especialidad.

Su grupo de empresas ha homologado 60 centros y, según el empresario, ha tenido que adelantar nueve millones de euros “antes de dar una sola hora de curso homologado por la Junta”, porque la Junta “les pagaba tarde y mal”.

Y hay casos en los que han anticipado el dinero y han recibido menos, como por ejemplo en Sanlúcar de Barrameda (Cádiz), donde según Ángel Ojeda gastaron 288.000 euros en un local cedido por el Ayuntamiento, y la Junta les dio cursos que se hicieron por valor sólo de 70.000 euros, y hay una deuda de “medio millón”.

El empresario también ha negado que se “facturara a sí mismo” y, por el contrario, ha dicho que se hizo con un “30% por debajo del coste, pues no puede haber sobrecoste” y estas actividades fueron “permanentemente supervisadas, investigadas por todos los técnicos”, negando asimismo que se “inventara gastos o que no prestara servicios de prevención”, como asegura la inspección de Trabajo en su informe.

Ojeda ha concluido diciendo que hace más de 30 años fue consejero de Hacienda pero que tras cesar en el cargo “no tuvo ninguna relación con la Junta en 20 años”.

En su intervención en la sede parlamentaria, el pasado 11 de abril, Ojeda defendió que es un "ciudadano ejemplar" y negó el fraude en los cursos de formación, al reconocer sólo algunas "irregularidades administrativas" en los expedientes investigados.

Su comparecencia ante la juez que instruye la causa llega en un momento en el que ha trascendido el contraataque legal que el ex consejero andaluz ha emprendido y que tiene varios frentes abiertos. De un lado, Ojeda ha denunciado en los tribunales a la Junta de Andalucía por dejar de pagarle las subvenciones de los cursos de formación justificados y, de otro, ha emprendido acciones legales contra el jefe del grupo de la Udef central de la Policía Nacional que procedió a su detención en agosto de 2014 y al que atribuye delitos de falsedad documental, prevaricación y detención ilegal.

Ojeda acusa a la Junta de un delito de "prevaricación masiva", que afecta a "miles" de empresarios, por haber "congelado" el dictado de actos de liquidación del pago de las subvenciones a las empresas para la realización de cursos de formación "con la única intención de que sus legítimos beneficiarios no cobraran lo que se les debía".

La denuncia está siendo investigada por el Juzgado de Instrucción número 20 de Sevilla, al que el ex consejero ha solicitado la práctica de una serie de diligencias, entre ellas que se reclame a la Consejería de Empleo la totalidad de los expedientes administrativos de concesión de ayudas a las empresas de su grupo y se identifique a las autoridades públicas y funcionarios "encargados de decidir sobre cuándo liquidar los expedientes ya terminados y justificados" y las autoridades públicas y funcionarios encargados de tomar la decisión de iniciar los expedientes de reintegro", así como que la Policía Judicial elabore un atestado y tome declaración a "todos los funcionarios y cargos públicos".

En la denuncia, Ángel Ojeda sostiene que la Junta "ha llevado a cabo dicha práctica presuntamente prevaricadora de manera masiva, es decir, a todos los miles de empresas y empresarios beneficiarios de cursos de formación, encontrándose miles de expedientes pendientes de justificar y con ello, impidiéndose de manera presuntamente consciente y dolosa que miles de beneficiarios de cursos cobren lo que legítimamente les corresponde".

El ex consejero, que ya cuenta con una decena de sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) que condenan a la Junta a abonarle las cantidades de varios cursos de formación, acusa a la Administración andaluza de "atropellar" a los empresarios, al considerar que está "abusando de su imperium, rayando en la impunidad y consciente de que la vía contencioso-administrativa supone a las entidades el desembolso de una cantidad de dinero que no pueden afrontar" y que les causa un "enorme perjuicio", generando una situación de "iliquidez e insolvencia de tesorería que probablemente conduzca a muchas entidades al concurso de acreedores".