Andalucía, la tercera comunidad con mayor retraso en la valoración del grado de discapacidad: 18 meses
Sólo Canarias y Extremadura acumulan más tiempo de espera según un informe del Cermi, que señala como causas la escasez de personal y la complejidad del procedimiento
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Andalucía acumula un retraso de 18 meses para obtener la valoración del grado de discapacidad, sólo superada por Canarias y Extremadura, donde el retraso alcanza los dos años, según el informe Cermi Espacio Digital. Territorios conectados, que señala como causas principales la escasez de personal y "un procedimiento lento y difícil".
Dicho informe ha sido elaborado a partir de información obtenida por los CERMIS autonómicos en el que se analiza el tiempo medio para obtener la valoración del grado de discapacidad, desde que se solicita, en comunidades y ciudades autónomas.
El informe examina el tiempo máximo en meses para emitir resolución en 2023. El plazo máximo oscila entre los dos años de Canarias y Extremadura y los 18 meses de Andalucía, Castilla-La Mancha y Asturias, los cinco territorios que acaparan mayor tardanza.
Cádiz y Granada, entre las que más tardan
En concreto, y diferenciando los datos por provincias/ciudades, el informe revela que Badajoz, Cádiz, Granada, Albacete, Toledo y Avilés son los que mayor dilación en el tiempo presentan a la hora de conseguir el grado de discapacidad.
En cambio, Castilla y León (con cuatro meses) es la comunidad autónoma con menos demora, seguida de País Vasco (5), Comunidad de Madrid (9), Comunidad Valenciana (10), Navarra (11), Galicia y Cantabria (12), Aragón (13), Cataluña (14 meses), Baleares (15) y Murcia (16).
El 94,74% de los territorios tienen como causa principal de esta demora la escasez de personal y el 78,95% se deben a la existencia de procedimientos lentos y complejos. Según este informe, la insuficiencia de centros no es una causa tan determinante en el retraso en la valoración, siendo esta del 36,84%.
El Cermi Estatal remitirá este informe al Defensor del Pueblo con la petición de que investigue estas dilaciones, que causan un enorme perjuicio a las personas con discapacidad y a sus familias, ya que la valoración de la discapacidad es la puerta de acceso al sistema de apoyos y prestaciones de las Administraciones Públicas que se reciben por razón de discapacidad en España.
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