Andalucía afronta el gran reto de la gestión sostenible de los residuos

La aprobación de la nueva Ley de Residuos y Suelos Contaminados supondrá un gran reto para las administraciones ya que establece una serie de obligaciones para las entidades municipales en la gestión de los residuos urbanos y fija una serie de cargas impositivas a los responsables de las plantas de tratamiento que en caso de no cumplirse contempla una penalización de 30 euros por cada tonelada de basuras urbanas que acaben enterradas en un vertedero. Un nuevo marco legislativo que obligará a acometer importantes cambios para conseguir los objetivos marcados y que tendrá una repercusión directa en el conjunto de Andalucía.

Este nuevo escenario fue analizado ayer en un Desayuno de Redacción organizado por el Grupo Joly en Antequera en el que participaron Juan José Amado, director técnico de Arcgisa en el Campo de Gibraltar; Ángel Castillo, director técnico del Consorcio de RSU de la Diputación de Málaga; Juan Luis Villalón, delegado de Residuos de la Mancomunidad Costa del Sol Occidental; Miguel Ángel Martín, vicepresidente de la Mancomunidad Campiña 2000 y Sergio Velasco, jefe de logística de Epremasa.

En el encuentro los expertos coincidieron en la necesidad de afrontar un “esfuerzo conjunto” entre las administraciones encargadas de la gestión y los ciudadanos, a los que se les confiere un papel “esencial” de cara a poder cumplir los objetivos marcados de lograr que en origen se separen el 50% de la basura. “La nueva ley nos pone a todos ante un reto muy grande, un reto en el que todos los participantes en la gestión y el tratamiento tenemos que estar implicados, porque como no sea en conjunto va a ser muy complicado llegar a los objetivos marcados”, indicó Castillo.

Por ello se considera que a partir de este momento toca trabajar en la implementación de medios mecánicos, humanos y nuevas tecnologías, al tiempo que se sitúa la concienciación ciudadana como un aspecto “fundamental” para que este proceso tenga éxito. “Hay que transmitirle al ciudadano la situación y la obligatoriedad de reciclar y separar en origen, es el medio más fácil y menos costoso de llegar a los objetivos”, dijo Castillo.

Por su parte, Amado resaltó igualmente la necesidad de insistir en la concienciación ciudadana como elemento clave a la hora de lograr una gestión sostenible de los residuos, señalando que “en Andalucía se mejoró mucho pero falta mucho por avanzar, al igual que en España, ya que tenemos aproximadamente un 22% de reciclado y para cumplir el objetivo de llegar al 50% en 2025 nos queda bastante, bastante, lejos”.

Por ello hizo especial hincapié en la necesidad de trabajar de forma inmediata para mejorar estos datos, al tiempo que consideró que “la nueva ley es positiva porque introduce una herramienta financiera potente que nos va a obligar, nos guste o no, a mejorar”.

Una nueva normativa que obliga a los municipios mayores de 5.000 habitantes a realizar la recogida de residuos de forma separada, algo que Amado cree que también tendrá un repercusión directa en la mejora de la gestión de residuos. Además, también resaltó la importancia de que los fondos que se recauden mediante este nuevo impuesto tengan una carácter “finalista” y que reinviertan en los municipios para poder mejorar en este ámbito, ya que consideró “que es un aspecto que sería muy importante”.

Unos aspectos de la nueva ley, que más allá de los problemas que pueda conllevar en la gestión, desde la Mancomunidad Campiña 2000 también ven positivos. “Más allá de los problemas que nos pueda ocasionar, la nueva ley tenemos que verla tanto a nivel externo como interno como una cosa positiva, ya que creo que será una manera de que la ciudadana, las administraciones y las empresas del sector nos pongamos las pilas y nos pongamos a trabajar en la línea que están trabajando otros países”, dijo Miguel Ángel Martín.

De igual modo, coincidió en reclamar que los ingresos que se obtengan mediante este impuesto reviertan en este ámbito y así el ciudadano pueda tener una visión directa de que sus impuestos valen para la mejora de la gestión.

Una nueva legislación que Sergio Velasco cree que tiene como principio claro que “el que contamina paga”, un hecho que considera que puede tener un efecto positivo a la hora de mejorar la situación actual que en Andalucía y España está muy lejos de la realidad que se vive ya en muchos países de Europa en los que la media de reciclaje en muy superior. En el caso español ni las comunidades más adelantadas en este aspecto, País Vasco, Navarra y Cataluña, alcanzan los porcentajes exigidos.

Velasco, que reiteró al igual que el resto de expertos la necesidad de conseguir una mayor concienciación ciudadana, ve una importante oportunidad de negocio tanto para grandes empresas como para pequeñas pymes en la aplicación de la nueva legislación. Además, apostó por la implantación progresiva en lugar de general y al mismo tiempo de lo que se ya se conoce como quinto contenedor.

“Creo que no se puede parar pero tenemos que hacerlo con cabeza, con tecnología, yendo a grandes productores en un primer momento para obtener toneladas, racionalizar el coste y no tener que hacer una repercusión inmediata al ciudadano”, dijo Velasco.

Por su parte, Juan Luis Villalón, a pesar de los efectos negativos que piensa que puede producir la incertidumbre de la aplicación de la legislación, apuntó que que estamos en un momento en “el que la sociedad tiene una mayor conciencia sobre el cuidado medioambiental y las acciones que debemos tomar todos de forma personal para mejorar el planeta y el escenario en el que nos encontramos”.

Villalón también reclamó afrontar este reto con “ilusión” y “optimismo” pese a las dificultades que pueda conllevar la implantación de la misma.

Un encuentro en que también se puso de manifiesto la necesidad de adecuar muchas de las plantas de tratamiento para esta nueva realidad. Precisamente, sobre este aspecto incidió Villalón, afirmando que “las plantas deben ser más óptimas y más respetuosas con el medio ambiente para conseguir el cambio de modelo de gestión de los residuos. Unos cambios que los expertos coincidieron que serán imposibles sin la colaboración ciudadana mediante la separación de los residuos en el hogar, ya que según los últimos datos disponibles solo un 20% está concienciada y lo hace siempre, un 30% presenta dudas y lo realiza de forma irregular y un 50% directamente manifiesta que no lo hace.

Por ello, también reclamaron incrementar los fondos que se destinan a este tipo de campañas y que en Andalucía se sitúan en 0,60 céntimos por ciudadano frente a los cinco o seis euros que se destinan en las comunidades más avanzadas.

Precisamente, los ciudadanos a los que se les otorga este papel esencial en implantar un nuevo modelo sostenible tendrán que asumir el incremento del coste de gestión si los porcentajes exigidos no se logran. Eso sí, queda por ver cómo las administraciones repercutirán este mayor gasto y la necesidad que tendrían algunas localidades de aumentar el servicio de recogida y los equipos disponibles para ello.

En este sentido, también se puso sobre la mesa la necesidad de impulsar el compostaje en casa, una medida que ya se aplica de forma experimental en algunas zonas de la provincia de Córdoba y que se potenció con la entrega de contenedores de compostaje a algunas familias de forma experimental. Y es que este hecho haría reducir el porcentaje de basura orgánica que llegaría a las plantas y se le daría un uso posterior en forma de compost.

Un hecho de separar en casa que haría mejorar la condiciones en las que llega la basura a las plantas, ya que, según explicó Ángel Castillo, en estos momentos se recogen la misma cantidad de envases de vidrio o plástico en los llamados contenedores grises que en aquellos destinados específicamente para cada uno de ellos. Por otra parte, se mostraron de acuerdo en que las plantas de valorización tendrán un papel destaco en el futuro para evitar nuevos vertederos.