El parqué
Jaime Sicilia
Quinta sesión en verde
Conflicto en el transporte
La Consejería de Fomento de la Junta lleva semanas negociando con el sector del taxi y con los vehículos de alquiler con conductor (VTC) con objeto a aprobar este martes el decreto que permita a las empresas Uber y Cabify operar en los municipios andaluces. Las posturas están enconadas entre ambas partes y, según las últimas declaraciones de unos y otros, a ninguno satisfará la normativa andaluza. Fuentes de Fomento informan de que la mayoría de las medidas están sobre la mesa y que dependerá de una reunión in extremis que se desarrollará a lo largo de la tarde con los taxistas.
El sector del taxi ya ha anunciado que llevará a cabo más movilizaciones si la Junta aprueba este martes en el Consejo de Gobierno el decreto ley de regulación de la actividad de los vehículos de transporte sin conductor (VTC) tras concluir sin avances la negociación del Consejo Andaluz del taxi que ha tenido lugar en la Consejería de Fomento. Según el presidente de la Asociación Andaluza del Taxi, Miguel Ruano, Fomento ha impuesto "líneas rojas" inadmisibles para el gremio.
El viernes finaliza el periodo concedido a los VTC por el entonces ministro de Transportes, José Luis Ábalos, por el que podían operar sin restricciones para compensar la inversión realizada. Cuatro años después de aquel decreto, la actividad quedará regulada por las comunidades autónomas. Sin una normativa autonómica, el servicio de los VTC pasará a ser sólo interurbana, es decir, que las carreras que podrían hacer sería solo entre los municipios.
Fomento se ha reunido hoy con el Consejo Andaluz del Taxi para definir el texto que será aprobado este martes. En Andalucía, los VTC podrán en efecto mantener su actividad en zonas urbanas pese a que habrá limitaciones para garantizar el servicio público que ofrece el taxi. El camino del decreto después de su aprobación en el Consejo de Gobierno será su publicación de urgencia en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y la correspondiente convalidación el jueves en el Parlamento para que la norma esté vigente el 1 de octubre.
En cuanto a si la norma andaluza permitirá o no a los VTC parar o estacionar sin haber contratado previamente el servicio en las zonas de gran demanda, como son los hospitales, estaciones, centros comerciales u hoteles, Fomento ha comunicado que sólo el sector del taxi se ha opuesto a tal medida en la reunión de esta mañana. El borrador del decreto definía "zonas de especial protección", que serían de 300 metros para aeropuertos, puertos, estaciones de trenes y autobuses y de 150 metros para otros espacios como hospitales, hoteles de cuatro estrellas o más, juzgados o instalaciones que alberguen eventos deportivos, culturales, sociales o de cualquier índole que tengan gran potencialidad de generación o atracción de usuarios. Fomento avisa de que la precontratación ha provocado conflictos judiciales en otros territorios y que el Tribunal Supremo ha solicitado una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la UE.
Esta medida no complace al sector del taxi, que además de pedirles a las administraciones regional y locales más inspecciones para que los VTC cumplan la ley, algo que no ha estado sucediendo en los últimos años, siguen exigiendo que la precontratación tenga que llevarse a cabo con al menos 15 minutos de antelación.
Sobre la mesa están todavía, asegura Fomento, otras medidas como exigir a los conductores de VTC la superación de una prueba de capacitación profesional, como la que hay que aprobar para ser taxista; reforzar las inspecciones y el control de su actividad; endurecer las sanciones; o que los automóviles tengan unas medidas mínimas, de manera que siempre se utilicen para este fin berlinas de representación, y no utilitarios.
La consejera de Fomento, Marifrán Carazo, recordó el sábado que la normativa reguladora de los VTC pretende que "no se trata de llenar nuestras ciudades de VTC" y afirmó que "mantenemos la medida de un VTC por cada 30 taxis que ha marcado el Estado para las nuevas licencias". Ahora hay en Andalucía 3.300 licencias de VTC, es decir, un vehículo con conductor por cada 2,7 taxis. La aplicación del decreto provocará que sólo cuando exista esa ratio podrán concederse nuevas licencias de VTC.
Carazo ha avisado hoy en Granada de que la regulación que se aprueba este martes "no es un punto final" sino "de inicio" para "ordenar" y "regular las dos actividades y su convivencia en los ámbitos urbanos en las ciudades", una tarea en que "los ayuntamientos han de ayudar" con el objetivo final de que sean "beneficiosas para el ciudadano y para prestar con mayor calidad los servicios".
Miguel Ruano, presidente de la Asociación Andaluza del Taxi, ha anunciado que a partir del 1 de octubre combinarán la presencia en la calle con los tribunales. "Acudiremos al Tribunal Constitucional por el incumplimiento de preceptos que son fundamentales en la Constitución, como ha hecho el taxi en Madrid", ha afirmado.
Ruano ha informado de que mantienen su rechazo a dicho decreto y anunciarán más movilizaciones si se lleva a efecto tras las protestas de las últimas semanas y la huelga del pasado fin de semana. El presidente de la Asociación Andaluza del Taxi ha censurado la precipitación de la administración en regular la actividad de las VTC que operan a través de plataformas como Uber y Cabify, y ha agradecido el apoyo de los consumidores porque "saben del peligro ya que la intención de las multinacionales que están detrás de las plataformas es hacerse con el control del taxi y después explotar a los usuarios y subir las tarifas".
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