Andalucía invierte por alumno la mitad que el País Vasco

Sevilla/Andalucía permanece entre las comunidades que menos invierten por cada alumno matriculado en la educación no universitaria tras casi cuatro décadas de autonomía. Y la brecha entre las comunidades con más recursos y las menos favorecidas no hace más que aumentar. El País Vasco gasta un promedio de 8.976 euros por cada estudiante, prácticamente el doble de los 4.510 euros invertidos por alumno en Andalucía, según la última edición del Sistema Estatal de Indicadores de la Educación que elabora el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.

Los datos que recoge el informe -correspondientes al año 2014- revelan las diferencias entre las regiones del norte y del sur. A continuación del País Vasco, la comunidad que más invierte por alumno es Navarra, con 6.866 euros. Le siguen Cantabria, Asturias y Galicia, todas ellas por encima de los 6.000 euros. Seis regiones se sitúan por debajo de la media nacional-cifrada en 5.169 euros-: Canarias, Valencia, Cataluña, Castilla-La Mancha, Andalucía y Madrid.

El Ministerio incide en que hay factores que pueden influir en el cálculo del indicador que "no están recogidos en su cálculo, como son la dispersión geográfica, la distribución del alumnado entre los distintos niveles educativos, así como el peso de la oferta pública y privada". Pero sí es llamativo que tanto las comunidades con mayor gasto medio como las que menos invierten coinciden con las regiones mejor y peor tratadas en el reparto financiación autonómica, según los datos de gasto público per cápita estimados por las balanzas fiscales del Ministerio de Hacienda.

El impacto de la crisis económica es palpable en la evolución de la inversión. El gasto medio en educación no universitaria descendió un 7,8% respecto a 2009, y todas las comunidades salvo Extremadura reflejaron una merma de la inversión a lo largo del lustro 2009-2014, siendo las regiones con mayores disminuciones en términos relativos Castilla-La Mancha, Valencia y Cataluña.

Sin embargo, el orden en que se colocan las comunidades en función del gasto por alumno no se ha modificado. Las comunidades que disfrutan de un régimen foral, País Vasco y Navarra, ocuparon las posiciones de cabeza ininterrumpidamente entre 2006 -momento en el que arranca la serie estadística- y 2014. Y Andalucía ostentó el farolillo rojo de 2006 a 2011, curso en el que Madrid cayó al fondo del listado.

La Junta de Andalucía subraya que estos datos se deben interpretar con cautela, ya que el informe del Ministerio "no tiene en cuenta variables socioeconómicas y partidas como las becas (25,8 millones de euros), el plan de apertura (que comprende 80,4 millones para comedores, aulas matinales y actividades extraescolares) o las ayudas a residencias y transporte en ruta (25,4 millones)".

"A la hora de realizar comparaciones entre comunidades, es decisivo el papel del sistema de financiación autonómico", señalan fuentes de la Consejería de Educación, que ponen el acento en la situación de las comunidades con régimen foral.

El Gobierno andaluz estima que la comunidad ha dejado de recibir 5.522 millones de euros en el periodo 2009-2015 por los fallos del sistema de financiación, lo que se traduce en 800 euros menos por habitante que la comunidad mejor financiada. La administración regional reclama 4.000 millones de euros más al año para financiar los servicios públicos de cara a la reforma del sistema que acumula años de retraso. "Si el presupuesto educativo supone uno de cada cuatro euros del total de la comunidad, supondría que para educación habría unos 1.000 millones de euros más al año", sostiene la Junta, que subraya que el informe del Ministerio de Educación se refiere a datos de 2014, y no tiene en cuenta que en los últimos tres años el presupuesto educativo.

El gasto por alumno en España se sitúa por debajo de la media de los principales países europeos, según los cálculos de Eurostat, la oficina de estadística de la Comisión Europea, que comprenden todos los niveles educativos, desde la primaria hasta la universidad. La mayor inversión media por estudiante corresponde al Reino Unido, con un importe de 9.825 euros. Le siguen Suecia (9.747 euros), Austria (9.742 euros), Malta (9.227 euros), Alemania (8.275 euros) o Francia (7.475 euros). Eurostat calcula para España una inversión media de 6.134 euros por estudiante.

El esfuerzo en términos de renta per cápita que realiza España es parecido al de Alemania. Ambos países destinan a gasto educativo el 25,4% de su producto interior bruto (PIB) por habitante, y un punto y medio por debajo del 26,9% de Francia. La mayoría de los países de la UE dedican entre el 20% y el 30% del PIB por habitante a educación. En este apartado, el Reino Unido vuelve a ponerse por delante, al alcanzar su gasto el 36,7% de su PIB per cápita.

En cambio, el Ministerio no calcula el gasto educativo por comunidades en relación con el PIB por habitante, lo que permitiría establecer el sacrificio de las comunidades en relación con su renta. La Junta ha hecho su propia estimación a partir de los presupuestos de 2015. Sus datos revelan que el gasto educativo andaluz roza el 25% del PIB, casi cuatro puntos por encima de la media española. La región que hace el mayor esfuerzo es Extremadura, donde el gasto educativo roza el 35% del PIB per cápita, mientras que las que tienen la menor inversión en términos de renta son Cataluña y Madrid, en las que se sitúa en torno al 15%.

Los sindicatos ponen el acento en la relación entre el gasto educativo y los resultados académicos. En la última edición, Andalucía quedó la última de España en ciencias y la penúltima en lectura y matemáticas. "El informe PISA casi calca las diferencias de las tasas de alfabetización del siglo XIX", apunta el responsable del área educativa de CCOO-A, Diego Molina, que insiste en que "la situación de Andalucía no es sólo consecuencia de la crisis, sino que es el resultado de una tendencia histórica de la que son culpables el Estado y la Junta". "El Estado nunca ha tenido entre sus prioridades la financiación del sistema educativo. En términos de PIB, tenemos la misma inversión que en 1988, antes de la Logse, cuando la educación obligatoria acababa a los catorce años y no se financiaba la infantil", agrega Molina. En cuanto a la Administración regional, el representante de CCOO-A resalta que "los hechos demuestran la diferencia entre el discurso oficial de la Junta y la realidad". "El gasto educativo suponía el 21,8% del presupuesto de 2010 y en el presupuesto de 2018 tiene un peso incluso menor, un 21,1%", lamenta.

El presidente del sector de Educación de CSIF-A, Francisco Hidalgo, coincide en que la situación de Andalucía obedece a "una tendencia histórica". "Se necesita un cambio de rumbo a la educación que pasa por un aumento de la inversión superior al de otras comunidades", sostiene Hidalgo.

La falta de inversión se refleja en el elevado número de alumnos por clase, según los sindicatos. "Es muy difícil conseguir grandes rendimientos educativos cuando el profesor está ante 33 ó 34 alumnos", lamenta Molina, que incide en que "los datos de la Junta no son creíbles, porque hacen una media entre las zonas rurales y las áreas metropolitanas, donde las ratios se han convertido en un problema crónico".

"La ley demanda una atención personalizada a los alumnos y eso requiere forzosamente una bajada de la ratio porque contribuye a un mejor clima de convivencia escolar", subraya Francisco Hidalgo, que recalca la necesidad de "un aumento de las plantillas en los centros educativos", subraya Francisco Hidalgo, que apunta también a la mejora de las instalaciones. "La formación profesional necesita una actualización continua porque los avances tecnológicos van a una velocidad de vértigo", recalca.

Una solución para paliar las desigualdades territoriales podría ser el Pacto de Estado por la Educación, que se está fraguando en el Congreso de los Diputados. Los partidos negocian incluir un fondo interterritorial que corrija las divergencias de financiación entre las comunidades, aunque las posturas están muy alejadas en cuanto a su dotación.

"La creación de este fondo es una reivindicación histórica de CCOO-A. Hace 25 años presentamos la primera incitativa legislativa popular para reclamar una Ley de Financiación del Sistema Educativo", recuerda el responsable de educación del sindicato. CSIF-A es más pesimista porque "se desconoce los términos exactos en los que se está planteando". "Los sindicatos no tenemos ninguna información más allá de lo que publican los medios de comunicación", lamenta Francisco Hidalgo.

Desde la Junta se incide en la necesidad de reformar la financiación autonómica. Educación calcula que con los 1.000 millones que reclama, podría construir 342 centros, financiar la gratuidad de total de las 115.000 plazas de Infantil y Primaria para bajar la ratio durante cinco años, doblar los gastos de funcionamiento de los colegios durante trece años, o sufragar 17 años de libros de texto gratis,