El Gobierno admite que no da tiempo a reformar la financiación este año

Sevilla/El Gobierno admitió este viernes que es "imposible" que se pueda reformar el sistema de financiación autonómica antes de que acabe el año, porque no hay "tiempo material" para ello, si bien confió en que pueda ser una realidad en los primeros meses de 2018. En rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros, el portavoz del Ejecutivo, Íñigo Méndez de Vigo señaló que ahora se dan las condiciones económicas para llevar a cabo la reforma de la financiación autonómica, y subrayó que el Gobierno tiene la voluntad de hacerlo. Pero "de aquí a finales de año es imposible, no hay tiempo material para hacerlo".

Es la primera vez que el Gobierno reconoce que no hay tiempo material para reformar este año el sistema de financiación, una modificación que el jefe del Ejecutivo, Mariano Rajoy, se comprometió a que estuviera en vigor en 2018 con los mandatarios autonómicos en la Conferencia de Presidentes celebrada en enero.

Además, la aprobación del Cupo vasco esta semana en el Congreso ha generado malestar en varias comunidades autónomas, incluso algunas gobernadas por el PP, así como en el PSOE, que ha emplazado a Rajoy a negociar la financiación autonómica antes de 2018.

El Ejecutivo ve "erróneo" que algunos grupos políticos establezcan un paralelismo entre el cupo vasco y la financiación autonómica, ya que "son dos cosas totalmente distintas y no tienen nada que ver". El procedimiento del cupo vasco, según explicó el portavoz, se acordó en julio y se puso esta semana en marcha, mientras que en la Conferencia de Presidentes del pasado mes de enero en el Senado se constituyó un grupo de expertos para la financiación autonómica.

Precisamente este viernes concluía el plazo para que las comunidades autónomas presentasen sus propuestas, después de que ya lo hiciesen los expertos. No obstante, el Ejecutivo ha concedido 48 horas más después de que algunas autonomías hayan pedido más tiempo.

Andalucía envió su valoración en la que incide que el análisis está "sesgado en favor de una ordenación de las comunidades autónomas por capacidad fiscal como principio". Además, considera que la valoración del coste de las políticas de gasto sanitario se encuentra "incompleta". La Administración andaluza aboga por usar la evolución del PIB como referencia para la evolución de los recursos que dan cobertura a estas necesidades.

Entre otras consideraciones, la Junta subraya que los expertos no se pronuncian de forma "explícita y precisa" sobre la necesidad de aportar recursos adicionales. Los expertos proponen un nuevo instrumento denominado Fondo de Nivelación Vertical para que las diferencias que provocan las distintas capacidades fiscales no disparen las diferencias en financiación por habitante ajustado. Este fondo se reparte atendiendo al objetivo de reducir las diferencias entre las regiones, a condición de que no altere la ordenación de las comunidades por capacidad fiscal. Las dos versiones contempladas en el informe para repartir este fondo sitúan siempre a dos comunidades por encima de la media en financiación por habitante ajustado, Baleares y Madrid, a las que se suma Cataluña en una de ellas. "El modelo propuesto sustituye el sistema actual por otro en el que se permite en el que se permite una sobrefinanciación a tres comunidades sin justificación alguna, o mejor dicho, con la única justificación de respetarles su capacidad fiscal", alega el Gobierno andaluz.

Otro de los puntos en los que la administración regional pone el acento es la sugerencia de dejar un porcentaje del IRPF en manos de las comunidades autónomas. El escenario base del informe de los expertos contempla la cesión del 32% de este tributo, lo que provocaría un "resultado especialmente llamativo" para Madrid. Al depender este tributo de los niveles de renta de cada región, "el rendimiento de ese 32% en una comunidad como Madrid genera unos recursos financieros muy por encima de las necesidades de gasto que tiene". A juicio de Andalucía, si no se devuelve al Estado el "sobrante" con respecto a sus necesidades, además de provocar un "fraccionamiento del sistema tributario" y una "importante limitación de la solidaridad interterritorial", supondrá "el reconocimiento a que las comunidades con mayores niveles de renta per cápita puedan prestar los servicios públicos en mayor cantidad y calidad que en el resto del país por el simple hecho de ser ricas".