"En Andalucía no hay un éxodo fiscal por el Impuesto de Sucesiones"

Sevilla/-¿Por qué existe el Impuesto de Sucesiones?

-Su origen se remonta a la ley estatal de 1987. En la mayoría de los países de la UE existe porque no se considera del todo justo que algunos individuos partan con alguna ventaja en oportunidades simplemente por motivos de nacimiento o herencia. En la medida que se pueda atenuar esa situación, se le da la bienvenida a este impuesto.

-Se le culpa de suponer una doble imposición a la riqueza.

-Los ingleses ya se preguntaron sobre esto en la Comisión Meade a finales de los 70. Distinguieron entre la riqueza generada con el esfuerzo del individuo y la heredada. Y concluyeron que la riqueza heredada debería sufrir una imposición superior. Eso desmiente la hipótesis de la doble imposición. ¿Qué pensaríamos del Impuesto del alcohol y el IVA cuando consumimos una cerveza en un bar pagada con una renta de la cual ya nos han desquitado una retención por el IRPF? Son hechos imponibles distintos que se devengan en momentos y con sujetos pasivos diferentes.

-Si en Andalucía sólo paga este impuesto el 7% de sus declarantes, ¿a quién afecta realmente?

-Si miramos sólo a los parientes directos, nos ceñiríamos al 2% de los que presentan declaración. Son porcentajes muy bajos. Tenemos el mínimo exento en 250.000 euros y hasta los 350.000 euros hay una reducción adicional de 200.000 euros. En una familia de dos hijos, estaríamos hablando de un patrimonio a partir de 700.000 euros que no estaría bonificado. Son cantidades de cierta envergadura. La mediana de la clase media en España está muy por debajo de ellas.

-¿Y ampliar la bonificación a familiares no directos? Hay problemas en herencias de colaterales.

-Es una reflexión que convendría elevar a nivel nacional. El informe Lagares para la reforma fiscal de 2014 ya trabaja en este asunto. Quizás habría que pensar en términos de armonización desde una reflexión amplia del Estado.

-Las diferencias entre regiones son patentes. ¿Qué puede hacer Andalucía?

-Por una parte, invitar a esa reflexión general que debe estar liderada por la Administración central, que es la titular del impuesto, aunque se encuentra cedido. La reflexión debe ir más allá del mero agravio comparativo sobre quién paga más o menos. Y en segundo lugar, conviene recordar que este impuesto está dentro de un sistema de financiación que está generando perjuicios a algunas comunidades, en particular a la nuestra. Encajar un impuesto de esta naturaleza de forma no armonizada en un sistema de financiación como el que estamos discutiendo genera muchas disfunciones. Me remito a mi primer comentario. Elevemos una discusión a nivel nacional para reconfigurar un impuesto que no se toca desde 2002, y eso fue para pasar de pesetas a euros.

-La fiscalidad autonómica se suele comparar a través del informe del Consejo General de Economistas, que toma como ejemplo a un soltero de 30 años que hereda de su padre 800.000 euros. ¿Es representativa esta muestra?

-En 2016 registramos 459 casos de base imponible de más de 800.000 euros. No es representativa una herencia de esa envergadura.

-¿Se puede buscar una referencia diferente al valor catastral para computar la vivienda?

-La Ley General Tributaria permite varios mecanismos para valorar los bienes inmuebles que están sujetos tanto al impuesto de sucesiones y donaciones como el de transmisiones patrimoniales. En Andalucía y en la mayoría de las comunidades, seguimos un método de coeficientes asociado al valor catastral. Es una fórmula con una solvencia técnica fuera de duda en la que se usan decenas de indicadores.

-El peso del Impuesto de Sucesiones es relativamente pequeño en los ingresos fiscales de la Junta. ¿No se puede eliminar?

-En términos relativos no es importante, y esa es una de las tragedias de este impuesto a nivel nacional. Pero por otro lado, en Andalucía hemos presupuestado ingresar este año 440 millones por este impuesto. No hay una vinculación finalista, pero esta cifra equivale a los costes de explotación y de capital de tres hospitales medianos o los gastos de personal de las universidades de Málaga y Granada.

-Pese a la rebaja fiscal aprobada el año pasado, las renuncias a herencias repuntaron. ¿Por qué?

-Este fenómeno es muy complejo. Puede tener que ver con las deudas que tienen asociadas algunas herencias o con comportamientos estratégicos de contribuyentes a los que les interese correr un escalón en los títulos sucesores. El porcentaje de renuncias que representa Andalucía sobre el total de España está por debajo del peso de nuestra población. Y si lo relacionamos con el número de fallecidos, Andalucía está en la media. Hay comunidades como La Rioja con un tipo impositivo muy bajo que tienen más renuncias que nosotros. No hay una relación directa evidente entre este impuesto y renuncias.

-¿Es cierto el éxodo fiscal a otras comunidades?

-No. Un titular decía que 40.000 andaluces se empadronan al año en Madrid para heredar sin tributar. Cuando uno mira los datos de migraciones del INE, en 2015 se movieron de Andalucía a Madrid 12.500 personas. Y de Madrid a Andalucía 8.100. Con estas magnitudes, no hay un éxodo fiscal masivo. Eso no impide descartar que haya deslocalizaciones puntuales de altos patrimonios. Pero es casi anecdótico. Esto refuerza la idea de que debe existir un tratamiento armonizado a nivel nacional.

-Resulta paradójica la defensa de la armonización cuando una aspiración histórica de las comunidades ha sido la autonomía fiscal.

-Es cuestión de planos. La armonización no es uniformidad y homogeneidad. Es poner límites a la política fiscal para que no haya una asimetría injustificada basada en un mejor tratamiento del sistema de financiación. Fíjese en que comunidades con los tipos impositivos más bajos en sucesiones, como Cantabria y La Rioja, son las mejor financiadas. A lo mejor convendría sacar a este impuesto del sistema de financiación para que no genere estas interferencias.