Andalucía reclama una dotación estable para atender a los menores migrantes

La atención a los menores migrantes no acompañados que llegan a Andalucía y posteriormente a los jóvenes ex tutelados requiere de una dotación económica "estable y suficiente", que vaya más allá del apoyo puntual en situaciones de crisis migratoria y que tenga en cuenta el elevado número de atenciones que presta la comunidad a lo largo del año. Ese es el mensaje que la Junta de Andalucía ha transmitido al Gobierno central tras constatar que un año más el número de menores atendidos por la Administración andaluza, 1.819 en seis meses, es muy superior al registrado en otras comunidades autónomas y el importante aumento de los recursos necesarios para atender a esos jóvenes cuando cumplen la mayoría de edad: en cuatro años, Andalucía ha triplicado las plazas residenciales para ellos.

La comunidad andaluza reitera una vez más la necesidad de contar con transferencias suficientes para atender a los menores y al conjunto de migrantes que llegan de forma irregular a Andalucía, así como reforzar la coordinación. En esta ocasión, lo ha hecho en el documento que el pasado 28 de julio el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, le entregó al de España, Pedro Sánchez, pero la reivindicación ha sido constante desde la crisis migratoria de 2018 (año también de la llegada de PP y Cs al Gobierno andaluz).

Según datos del Ministerio de Derechos Sociales, en lo que va de año Andalucía ha atendido a 1.819 menores no acompañados, siendo superada solo por las Canarias, hacia donde se han desplazado los flujos migratorios en los dos últimos ejercicios. Cataluña asistió a 1.187 niños; Madrid, a 828; la Comunidad Valenciana, a 554. Y los datos recopilados por la antigua Consejería de Igualdad (ahora de Integración Social) muestran que desde enero de 2019 a finales de 2021 ingresaron 5.036 menores en los centros de protección de la Junta de Andalucía (posteriormente se van desplazando), el 79,4% de ellos con más de 17 años.

Cuando esos menores cumplen los 18 años, dejan de estar tutelados por la Administración, pero necesitan aún apoyo hasta completar sus posibilidades de vida autónoma. Así se reconoce en la Ley de los Derechos y la Atención al Menor, que establece un seguimiento de al menos un año de los jóvenes que salen de un centro de protección. Para ello hay distintos tipos de recursos de atención, formativos y residenciales, que han ido aumentando en paralelo al incremento de personas ex tuteladas estos han ido creciendo, remarca la Junta. Así, en cuanto a los servicios de media intensidad (centros de día con servicios de orientación y ayuda), desde 2018 se ha pasado de 38 a 50 recursos. Y en los de alta intensidad (pisos de autonomía) se ha pasado de 215 plazas a 910, un incremento de un 323%.

La financiación de estos recursos llega de distintas fuentes: fondos propios de la Consejería, Fondo Social Europeo, el Pacto de estado contra la violencia de género o el 0,7% del IRPF. Pero la Administración autonómica reclama una mejora en la coordinación existente y en la financiación, especialmente en aquella que afecta a los jóvenes que cumplen 18 años. Así, la Junta reclama "una dotación económica estable y suficiente" y que se extienda la financiación estatal a los programas de la mayoría de edad "para garantizar la inclusión social y laboral". Asimismo, pide aumentar la financiación para el desarrollo de otras áreas y competencias ministeriales, como por ejemplo la mejora del polémico procedimiento de determinación de edad de los menores, que dictamina a qué recurso pueden acogerse.

También critica la Administración autonómica que "sigue siendo maltratada a la hora de recibir recursos por parte del Estado para afrontar el fenómeno migratorio", ya que el Gobierno sigue sin considerar a la comunidad autónoma frontera sur y "la deja fuera de los refuerzos presupuestarios que sí otorga a otras comunidades o ciudades autónomas que también son frontera como Canarias, Ceuta y Melilla".

Por otra parte, la Junta recuerda que "para abordar este fenómeno se requiere un compromiso estatal y de la Unión Europea, que permita intervenir de manera íntegra sobre las causas de la inmigración infantil y adolescente".