Andalucía aprueba el nuevo modelo de financiación universitaria

El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía ha aprobado este martes las bases del modelo de financiación pública ordinaria de las universidades públicas andaluzas, impulsadas por la Consejería de Transformación Económica, Industria, Conocimiento y Universidades. Este documento recoge los principios generales que sustentan el nuevo sistema de asignación de recursos dirigido a estas instituciones académicas, que primará la excelencia y el rendimiento, garantizará la suficiencia financiera y les proporcionará la dotación adecuada para el desarrollo eficiente de su función social.

De acuerdo con la Ley Andaluza de Universidades y antes de ser elevado al Consejo de Gobierno, el nuevo sistema se ha sometido al informe preceptivo del Consejo Andaluz de Universidades, así como a los de incidencia económica-financiera y del Gabinete Jurídico de la Junta.

El modelo aprobado se aplicará a las diez universidades públicas andaluzas durante el periodo 2022/26. Sustituye a un esquema que data de 2007 y que se ha ido aplicando hasta ahora. Debido a ello, según la consejería que dirige Rogelio Velasco, "Andalucía ha carecido durante años de un diseño de asignación actualizado que pudiera dar respuesta a las necesidades de la comunidad universitaria".

El primer modelo de financiación se aprobó para el periodo 2002/06, al que le siguió el definido para los años 2007/11, que se fue prorrogando hasta 2016. "En todos ellos el objetivo común ha sido el de cubrir costes exclusivamente, con una financiación vinculada más a la cantidad que a la calidad", refieren desde la consejería.

Más coherencia y transparencia

La nueva fórmula persigue otorgar más coherencia y transparencia al sistema público, a través de un reparto basado en los principios de suficiencia, equidad y eficiencia. Ese sistema es el que ya opera en la mayoría de los países del entorno y se basa en variables de escala (cantidad) y rendimiento (calidad) y que pueden incorporar criterios de cumplimiento de objetivos específicos a través de indicadores cuantificables y contrastables.

Las bases del modelo se nutrirán de las transferencias procedentes del presupuesto de la Junta de cada ejercicio y se completarán con una segunda parte compuesta por una guía de variables y fórmulas de cálculo que se tomarán como referencia en la asignación de esos recursos públicos. Ambas partes siguen una tramitación independiente, de forma que el documento de bases requiere del respaldo de Consejo de Gobierno, mientras que el esquema de variables verá la luz mediante orden del consejero.

Con esta separación, se pretende dotar de flexibilidad a la concreción de los criterios de valoración, de tal modo que se puedan realizar ajustes sin necesidad de tener que redefinir la estructura de base. Además, se busca avanzar y dotar de agilidad a la aprobación del modelo de financiación ordinaria con independencia de la discusión sobre las variables, el modo de calcularlas o los criterios de verificación.

Este modelo, además, garantiza que las universidades recibirán, al menos, el 95% del presupuesto del ejercicio anterior. Es decir, blinda a las universidades ante bajadas presupuestarias.

El nuevo diseño se estructura en dos grandes bloques. El primero, la financiación básica, supone el 90% del total de los recursos públicos de la Junta. Con ella se cubrirán, fundamentalmente, los costes salariales, de funcionamiento y de mantenimiento, que suponen el 80% de ese total. El 10% restante se destinará a propiciar la convergencia entre las universidades, con lo que se compensa el efecto de las economías de escala y se corrigen los posibles desfases estructurales. También se refuerzan las políticas institucionales comunes.

El segundo bloque viene definido por la denominada financiación estratégica, que suma un 10% y está dirigida a mejorar los resultados docentes y de investigación. El destino de los fondos asignados a este capítulo será decidido libremente por las propias universidades en función de sus necesidades y en el ejercicio de su autonomía.

Un trabajo de año y medio

La Consejería de Transformación Económica trabaja en este diseño desde hace más de un año y medio en estrecha colaboración con los rectores de las universidades públicas andaluzas, después de que en diciembre de 2019 se les presentara una propuesta inicial con el objetivo de que pudieran debatirla. Con posterioridad, se recibieron aportaciones y propuestas que han sido esenciales para la mejora sustancial del primer borrador, en el que se ha continuado trabajando a través de diversas reuniones con los máximos responsables universitarios y con los Consejos Sociales.

La ronda de contactos presenciales que ha venido realizando el consejero Rogelio Velasco desde el pasado mes de mayo con todas las universidades ha permitido avanzar en el consenso deseable que se requiere para esta reforma.