Andalucía y Portugal: ¿todavía 'a costas voltadas'?

La Raya que separa España y Portugal es la frontera más antigua, más extensa y más estable de la Unión Europea. Más de 1.200 kilómetros de una periferia de la periferia atravesada por 8 ríos desde el Miño al Guadiana, que incluye los territorios más pobres de la península. Baluartes y castillos resumen el curso de la historia y de las relaciones en lo que eran los confines de dos reinos. De aquellas hostilidades procede el refrán 'De Espanha nem bom vento, nem bom casament', De España ni buen viento, ni buen casamiento, que permite comprender ahora una trayectoria común marcada a veces por el recelo y casi siempre por la indiferencia.

Aunque la relación contemporánea entre Portugal y España ha sido amistad oficial, en realidad son dos países y dos sociedades que han vivido de espaldas, a costas voltadas, hasta 1986. Ese año entran en la Unión Europea y comienza un singular camino hacia a la vecindad comercial, política y emocional vía Bruselas, que alcanza un momento clave con Schengen y la desaparición de las fronteras interiores. Al menos formalmente y a condición de que el coronavirus no dé un volantazo.

En este contexto de construcción de la Unión Europea surge en 1989 el programa Interreg orientado a borrar o al menos difuminar las fronteras interiores para crear espacios de colaboración. Solo para el periodo comprendido entre 2014 y 2020 la Unión Europea ha programado 10.100 millones de euros para políticas transfronterizas.

La línea que separa España y Portugal no es una frontera al uso en Europa. No es un un territorio para el intercambio comercial, sino un área rural, amenazada por la despoblación y el éxodo juvenil. Solo en los últimos cinco años se han perdido 230.000 habitantes a ambos lados de La Raya. Estas particularidades, imbricadas con los grandes objetivos de la política comunitaria, componen la espina dorsal de la quinta edición del Interreg España Portugal y su programa operativo de cooperación transfronteriza (Poctep), que se empezó a esbozar en 2014 y se ejecuta hasta 2023. De hecho, en las próximas semanas está previsto que se resuelva la cuarta convocatoria del programa.

En conjunto contempla 484 millones, de los que 365 son aportación comunitaria. Hay previstos 230 para investigación, innovación y competitividad de las pymes. 200 para medioambiente y cambio climático, y otros 38 millones se destinan a la mejora de las instituciones públicas. Hasta ahora se han aprobado 234 proyectos en los que participan 1.500 beneficiarios, entre administraciones públicas, centros tecnológicos, universidades, empresas y entidades culturales, según Elena de Miguel, directora del secretariado conjunto. Precisa, que desde 2014 involucra a 150 centros de investigación, 4.500 empresas y se han aportado recursos para conservar cerca de 550.000 hectáreas de suelo.

En el Alentejo, el Algarve y las provincias andaluzas de Huelva, Córdoba, Sevilla y Cádiz están en ejecución ahora 70 iniciativas, que alcanzan a 289 beneficiarios con una inversión global de 116 millones, de los que 87 son fondos Feder (75%) y el resto (25%) aportación de las diferentes administraciones que participan en los proyectos. La Junta lidera o participa en 37, por un importe de 35 millones, a los que se suman los que desarrollan el Gobierno central, ayuntamientos y universidades.

Los programas Interreg han sido históricamente lluvia fina. Es decir, no buscan tanto hacer grandes inversiones como financiar muchos proyectos que movilicen muchos frentes. Sin embargo, en esta ocasión hay tres grandes excepciones: Cilifo, Magallanes y CIU A3, que juntos suman más de 70 millones.

El Centro Ibérico para la Investigación y Lucha contra los Incendios Forestales (Cilifo) involucra a 15 socios, cuenta con más de 24 millones, tiene en curso la construcción de cuatro centros de defensa forestal (Cedefo), o sea bases del Infoca, en Almadén de la Pata (Sevilla), Villares y Cardeña (Córdoba) y Barbate (Cádiz), y la mejora de las existentes en Madroñalejo y Coripe (Sevilla). En Portugal está prevista la construcción de una unidad de formación en Marim, la ampliación de la base de helicópteros de Loule, un centro de medios aéreos en Monchique y un centro de recursos de protección civil en Tavira. En una segunda fase se levantará una sede de Cilifo en Huelva y una subsede en Sevilla.

Pero la idea no es solo levantar infraestructuras contra el fuego sino generar nuevas herramientas para luchar contra uno de los grandes desafíos ambientales de la península. Ahí se enclavan desde el uso de drones en la extinción o el estudio de las dinámicas de los incendios y la recuperación posterior de la vegetación y fauna, hasta las quemas controladas para dinamizar los ecosistemas y hábitats de la fauna, además de la formación y sensibilización social. Hasta 2022 hay previstas más de 1.100 horas de formación teórica y práctica y se han realizado dos jornadas para mejorar la atención a personas con discapacidad en caso de incendio.

Los otros dos grandes proyectos comparten no solo la vocación transfronteriza y aglutinadora, sino también el emprendimiento. Por un lado está el Centro Magallanes de Industrias Culturales y Creativas, para el que se rehabilitará la Real Fábrica de Artillería de Sevilla, un bien de interés cultural (BIC), que se remonta al siglo XVI. De aquí salieron, por ejemplo, los cañones con los que España apoyó la independencia de Estados Unidos. Las obras están adjudicadas y a punto de empezar con un presupuesto de casi 18 millones, a los que se suman cerca de 10 millones más convertirlo en un centro de emprendedores culturales andaluces en red con otros jóvenes del Algarve y el Alentejo. El proyecto lo lidera el Ayuntamiento de Sevilla con la colaboración, entre otros socios, de la fundación Andalucía Emprende, dependiente de la Consejería de Empleo, que se ocupa del estímulo y la formación de emprendedores.

Por otra parte, el Centro de Innovación Universitaria Andalucía, Alentejo y Algarve (CIU 3A), en el que participan las universidades de Sevilla, Algarve y Évora, presupuestado en 21 millones, tendrá un centro especializado en industria logística, materiales y sostenibilidad en una nave cedida por el puerto hispalense en el que trabajarán codo a codo grupos de investigación con empresas. Las obras salieron a concurso en diciembre por 6,3 millones y se prevén 20 becas para doctorandos, de las que 4 están ya adjudicadas.

No obstante, el esfuerzo se dirige en múltiples direcciones siguiendo esa máxima de la lluvia fina. Un ejemplo de libro son las actuaciones para mejorar la navegabilidad del Guadiana. Portugal se ha encargado de hacer un levantamiento batimétrico para conocer la topografía del lecho fluvial y de elaborar cartas náuticas, mientras que la Agencia Pública de Puertos de Andalucía ha ejecutado mejoras en la terminal de embarque de Ayamonte, ha ampliado el pantalán de Sanlúcar de Guadiana y redactado los proyectos para recuperar el el embarcadero de La Laja, en El Granado, también en Huelva, utilizado en el siglo XIX y gran parte del XX para dar salida al mineral de las minas de Santa Catalina, Cabeza de Pasto y La Herrería. La intención ahora es “ponerlo otra vez en servicio como instalación náutico recreativa”, explica Rafael Bordons, jefe de Planeamiento y Desarrollo Portuario. Se han empleado 1,3 millones y Puertos de Andalucía competirá en las próximas convocatorias para conseguir fondos con los que rehabilitar el embarcadero, catalogado como bien de interés cultural (BIC).

Si el río resume la esencia de La Raya, baluartes, castillos y fortificaciones son la postal en piedra de su historia. El arqueólogo Eduardo Romero señala la riqueza patrimonial de la frontera más antigua de Europa, que se perfiló en los Tratados de Badajoz (1267) y Alcañices (1297), un proceso que no se completó plenamente hasta el siglo XIX, cuando se delimitaron los 123 kilómetros cuadrados de dehesas comunales de La Contienda, entre las localidades onubenses de Aroche, Encinasola y la portuguesa de Moura, y se resolvió la soberanía del couto mixto, una suerte de territorio de nadie entre Galicia y el norte portugués.

Los conflictos militares desde la conquista de Al Andalus hasta la Guerra de la Restauración de la Independencia de Portugal, apunta Eduardo Romero, han dejando tras de sí fortificaciones andalusíes de tapial, castillos como el de Aracena, construido por el reino portugués en suelo castellano o edificaciones abalaustradas siguiendo la técnica italiana de la planta de estrella para protegerse del embate de la artillería. Recuperar, darle visibilidad a ese patrimonio y convertirlo en un reclamo turístico es, precisamente, lo que persiguen dos proyectos titulados Fortour dotados con 3,5 millones. Bajo este paraguas se han definido dos rutas turísticas con 32 castillos y fortificaciones entre Huelva y los distritos portugueses de Évora, Beja y el Algarve, y se ejecutan obras de restauración en los castillos de Aracena y Niebla, además de una ofensiva en geolocalización, señalización, códigos QR, visitas guiadas, material audiovisual, centros de visitantes y eventos transfronterizos.

Además están las gentes. Porque la población rayana merma y envejece. En este frente el proyecto Numa es esclarecedor. Se trata de una iniciativa apoyada con 1,5 millones en la que participan la Consejería de Salud, la Universidad de Sevilla, el Colegio de Farmacéuticos hispalense y la administración sanitaria del Algarve, para explorar fórmulas para atender a los mayores vulnerables. Involucra a las farmacias porque, efectivamente, la botica es lo único que queda en muchos pueblos cuando ya se han ido las escuelas y los bancos. Se ha diseñado y experimentado un modelo asistencial que saca ventaja de esa proximidad entre el farmacéutico y el paciente, por ejemplo, para facilitar fármacos hospitalarios incluso a domicilio, seguir los tratamientos, detectar errores o incompatibilidades en la medicación, porque muchos enfermos también recurren a la automedicación, y ejercer de centinelas: “Pensemos, por ejemplo, en una persona con patologías cardíacas. El farmacéutico puede evitar muchos problemas porque lo ve casi a diario, puede advertir una súbida subida de peso, hinchazón en los tobillos o cualquier síntoma de otro problema mayor. Hay mucha población mayor y vulnerable que vive sola”, apunta Javier López Narbona, jefe de Servicio de Innovación de la Consejería de Salud. Recuerda que solo en Andalucía hay 4.000 oficinas de farmacia y llama la atención sobre la labor que pueden hacer dentro del sistema de atención primaria.

Se trata tanto de dar soluciones como probar alternativas. De innovar. Otra asignatura pendiente son las aguas residuales. La Unión Europea da mucha manga ancha cuando se trata de localidades de menos de 2.000 habitantes. Solo pide “que se les dé un tratamiento adecuado”, apunta Inmaculada Cuenca, coordinadora del proyecto IDI Aqua. Con esta premisa, en un país que paga 30 millones al año en multas por no depurar sus residuos fecales, en los pueblos más pequeños simplemente o no se depura o se hace con mejor intención que eficacia. IDI Aqua, que agrupa a 15 socios andaluces y portugueses, y lidera la fundación Centa de la Consejería de Agricultura, busca alternativas y de momento prueba tres. Dispone de un presupuesto de tres millones con los que se ha puesto en marcha una planta piloto en Faro (Portugal) para experimentar con tratamientos anaerobios, o sea sin aire. En Fuenteheridos (Huelva) se han adjudicado las obras de una depuradora que incorpora un nuevo reactor y materiales que más eficaces en la eliminación del fósforo. La tercera actuación, también en fase de licitación, está en Valverde de Burguillos (Badajoz), y explora la depuración a través de humedales artificiales en una planta que funciona solo con energía fotovoltaica. En julio todo el conocimiento acumulado en estas tres plantas piloto se expondrá en el congreso Smallwat.

Francisco José Calderón, profesor de Economía Aplicada de la Universidad de Málaga, subraya en un artículo publicado en la revista Estudios Fronterizos que estas políticas de cooperación que con sus fortalezas y debilidades “han incentivado procesos de inversión y acumulación de capital que han actuado como dinamizadores económicos” y han contribuido a desactivar La Raya, pero agrega: “La vieja frontera está ahí, presente, viva en la mente (…), viva en sus dimensiones culturales, lingüísticas, emocionales e identitarias, viva en el sentimiento de pertenencia a una comunidad nacional distinta y diversa”.