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Buscan a una banda de ladrones de viviendas que actúa en el Aljarafe

Álvarez pide el archivo porque no hay ningún "contubernio maquiavélico"

La ex consejera dice que está imputada por "especulaciones, tergiversaciones y errores manifiestos"

La ex consejera de Economía Magdalena Álvarez, en los juzgados de Sevilla.
Jorge Muñoz Sevilla

21 de noviembre 2013 - 05:04

La ex consejera de Economía y Hacienda de la Junta y ex ministra de Fomento Magdalena Álvarez ha vuelto a recurrir ante la Audiencia de Sevilla su imputación en el caso de los ERE y ha solicitado el archivo de la causa contra ella, al estimar que no existe ningún "masivo contubernio" ni ninguna "maquiavélica actuación" que, según entiende, le atribuye la juez Alaya.

En un nuevo recurso de apelación, el abogado Horacio Oliva recurre la decisión de la instructora de volver a citar a la ex consejera el pasado 7 de noviembre, después de que la Audiencia anulase su imputación por falta de motivación. Ahora, el letrado pide que se declare la nulidad del auto por el que Alaya volvió a citarla y acuerde el sobreseimiento libre, o bien que vuelva a revocarse dicha resolución por falta de motivación.

La defensa de Magdalena Álvarez considera que la imputación realizada por la instructora -que le atribuye delitos de malversación y prevaricación- está basada en un relato "genérico y deslavazado, basado en especulaciones, tergiversaciones y errores manifiestos, y en el que no se llega a efectuar, ni expresa ni implícitamente, la imprescindible conexión de los hechos descritos con los presupuestos típicos que determinan la relevancia penal de la conducta atribuible" a la ex consejera.

La imputación se sostiene sobre la existencia de una "confabulación masiva del Gobierno de la Junta", pero ni el "masivo contubernio pretendido ni la maquiavélica actuación" que se achaca a la ex ministra "resiste un mínimo escrutinio", defiende Horacio Oliva.

El abogado insiste en que es "manifiestamente errada e insostenible" la premisa de la que parte la magistrada respecto a la "ilegalidad intrínseca del uso de las transferencias de financiación para financiar la concesión de ayudas sociolaborales por el IFA", por cuanto parece inferirse del auto de Alaya que "la mera utilización de dicho instrumento presupuestario constituiría ya una ilegalidad".

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