Alonso evita un titular sobre la formación

Luciano Alonso, consejero de Educación, apenas dedicó ayer minuto y medio de los más de 40 de su intervención a informar sobre la revisión interna de los cursos de formación, un caso de presunto fraude masivo en las subvenciones para la formación de desempleados que investiga la Justicia y que hace dos semanas se cobró las últimas detenciones en el marco de la operación Edu.

Era la quinta comparecencia desde que en septiembre Alonso acudiese por primera vez al Parlamento y el nivel de detalle del consejero con la información ha ido en receso, paradójicamente en sentido opuesto al nivel de paroxismo sobre la transparencia de la Junta.

Influyó que en esta ocasión Alonso compareció a regañadientes, empujado por las peticiones de PP e IU de convocar la Diputación Permanente cuando el Parlamento está disuelto por la convocatoria de elecciones y que el consejero remarcó con un "comparezco siete días antes del inicio de la campaña" al inicio de su intervención. Luego compartió la tesis del portavoz del PSOE, Mario Jiménez, que calificó este hecho sin precedentes como un "acto político y electoral" y deseó que "no se vuelva a repetir".

Alonso, que recientemente dijo que no quería interferir en la campaña, ofreció pocos y confusos datos, obligando a los diputados tirar de calculadora. Más de dos meses después de su última comparecencia, el dato que destacó fue que los expedientes revisados han aumentado en un 11%.

La investigación alcanza así a 7.785 de los 8.505 expedientes que el anterior departamento responsable, el Servicio Andaluz de Empleo, les transfirió a Educación cuando ésta asumió las competencias en 2013. De éstos, dijo el consejero, 5.568 tienen un requerimiento de información o de reintegro a las entidades que supuestamente impartieron los cursos. "Sólo" el 8,5% de los expedientes cuentan con una resolución de reintegro firme, unos 661.

Aparte de que el coeficiente resulta inferior a los expedientes con obligación de reintegro que dio en diciembre (699), Alonso omitió en esta ocasión la cantidad que se reclama y que ascendía a 20,8 millones en su última comparecencia. El diputado del PP, Carlos Rojas, se lo reclamó sin éxito.

Siempre a la defensiva, Alonso se apoyó en estos parcos datos para negar "un fraude masivo" y lamentó una "criminalización" de las entidades antes de que la investigación haya terminado. Entre la glosa a las "decenas de hitos" logrados por su departamento, el consejero sí fue preciso al destacar como ejemplo de la colaboración con la Justicia que la delegación de Almería tardó "cuatro días y medio" en responder a las demandas de información de la Udef.

En sus turnos, PP e IU tampoco exigieron más concreción al consejero, ya que su intención era la comparecencia (o el ruido sobre la misma) de la presidenta Susana Díaz. Rojas incorporó el caso de los avales a la corrupción de la Junta y señaló que la ausencia de Díaz "supone una cobarde despedida política y la Junta debe explicar quién asume responsabilidades por el fraude".

El portavoz de IU, José Antonio Castro, criticó el "enfado" del PSOE cuando la comparecencia "debería verse como un hecho de normalidad democrática", a lo que añadió que Díaz "debería haber dado la cara si lleva a gala la implacabilidad de su Gobierno con la corrupción". El PSOE llegó a citar el caso de la guerra de Iraq y la ausencia entonces de una comparecencia similar del Gobierno. "Que esto no ocurra nunca más. Se ha forzado la máquina para tener hoy un titular", dijo Jiménez. Alonso no contribuyó a ello.