Alaya dice que su carga de trabajo "excede de las capacidades personales"

Sevilla/La juez instructora de los ERE, Mercedes Alaya, ha lamentado en un auto la "magnitud" del número de escritos que debe resolver y la carga de trabajo que soporta, "que excede en muchos momentos de las capacidades personales". Así lo afirma en un auto en el que rechaza la nulidad de actuaciones pedida por Alberto Jiménez Suñe, un abogado que se encuentra entre el centenar y medio de imputados, por el retraso en personarse en la causa ya que, a raíz de su detención en marzo pasado, la juez rechazó imputarle pero finalmente decidió hacerlo el pasado 11 de octubre.

Ahora, en un auto de fecha 25 de noviembre, Alaya afirma que el retraso se ha debido a "la magnitud del número de escritos a proveer diariamente en esta causa". "No es la situación ideal, sino la que deriva de una carga de trabajo que excede en muchos momentos de las capacidades personales", afirma Alaya, y añade que pese al retraso "no puede decirse que se le haya causado indefensión, en estrictos términos de legalidad procesal". "Como el señor Jiménez Suñe conoce, no existe limbo intermedio", y solo podía estar presente como imputado o como parte acusadora, asegura Alaya.

Por otra parte, cuatro de los veinte altos cargos y ex altos cargos de la Junta imputados en junio han presentado un incidente de nulidad de actuaciones derivado de que la juez haya tomado declaración a imputados y les haya fijado fianzas "ocultando documentación relevante" que le había entregado la Guardia Civil y que la magistrada no había incorporado al procedimiento. Los recurrentes son Pablo Millán Márquez y Juan Vela Quiroga, ex directores de finanzas del Instituto de Fomento de Andalucía (IFA), y Antonio Lozano y Buenaventura Aguilera, ex directores generales de Presupuestos.

En sus recursos explican que a partir de julio la juez tomó declaración al ex interventor general de la Junta Manuel Gómez Martínez y a otros altos cargos sin haber entregado a las partes el testimonio ante la Guardia Civil de Juan Luque Alfonso, ex interventor delegado en la consejería de Empleo. Dicho testigo había declarado y había aportado documentación "relevante" para demostrar, según los recursos, que es "inconsistente cualquier acusación penal en base al supuesto uso indebido de las transferencias de financiación", el mecanismo utilizado para pagar las ayudas investigadas.

Además, argumentan que "una discusión teórica y técnica sobre cuál es la forma adecuada de presupuestar unas determinadas partidas no puede fundar en ningún caso una acción penal". Añaden en su petición de nulidad que las defensas no pudieron preguntar en las declaraciones de imputados sobre esos aspectos porque la declaración de Luque Alfonso "se había sustraído a su conocimiento".