Alaya sospecha que Pizo Gómez cobró medio millón por cursos no realizados

La juez de Instrucción número 6 de Sevilla, Mercedes Alaya, que investiga las irregularidades relacionadas con los Expedientes de Regulación de Empleo (ERE), sospecha que el ex futbolista de Osasuna, Athletic de Bilbao y Atlético de Madrid José Antonio Gómez Romón, Pizo Gómez, percibió una póliza del denominado fondo de reptiles de 491.424,43 euros por unos cursos de formación en materia de prevención de riesgos laborales que en realidad no se habrían realizado por parte de la empresa Cenforpre en la que trabajaba.

La instructora citó ayer a declarar al ex futbolista, pero Gómez Romón se acogió finalmente a su derecho a no declarar después de que se produjera un incidente entre al juez Alaya y su abogado defensor, José María Calero, quien abandonó el despacho de la juez después de que la instructora le recriminara que estaba haciendo "gestos" a su cliente para que no declarase cuando se le habían realizado dos preguntas relacionadas con las 17 cuentas bancarias en las que aparece como titular o autorizado.

Antes del inicio de la declaración de Pizo Gómez, la juez entregó a los abogados una copia de una página del Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) del 24 de noviembre de 2006, en el que se anuncia una resolución del entonces delegado provincial de Empleo en Sevilla, Antonio Rivas, para el "reintegro y extinción" de una cantidad percibida por la empresa Centros para la Formación y Prevención Laboral (Cenfrorpre). Aunque Gómez Romón no declaró, la juez dejó constancia de las preguntas que iba a formularle, entre ellas si la "referida deuda de Cenforpre no existía realmente al no reconocer la Junta la deuda por impartir cursos de formación", o si "no es más cierto que desde el primer momento, asfixiado por las deudas", le pidió ayuda a su jefe, Miguel Errecalde, y éste "le propuso como solución acudir a la Junta de Andalucía dadas las buenas relaciones que existían entre ésta y su empresa a sabiendas de que la Junta nada debía a Cenforpre".

En su declaración ante la Policía, Pizo Gómez aseguró que su jefe le había pedido que le hiciera "un favor", puesto que la Junta tenía una deuda con Cenforpre y el director general de Trabajo, Francisco Javier Guerrero, "le había propuesto hacer frente a la deuda" mediante la contratación de una póliza de seguros de rentas. Según el ex futbolista, cuando recibió el dinero, le pidió a su vez a su jefe que le ayudase porque tenía un "problema" con la Hacienda Foral de Navarra, con la que había contraído una deuda por valor de un millón de euros. Gómez Romón añadió que le propuso a su jefe solicitar un préstamo personal de 500.000 euros en la Caja Rural de Navarra, que fue pagando con los ingresos de la póliza de la Junta y después ha ido devolviendo parte del dinero a su jefe, hasta ahora unos 200.000 euros.

La juez Alaya requirió al letrado de la Junta, al término de esta declaración, para que acreditara "la existencia o no de la deuda a favor de Cenforpre" y explicar los acontecimientos que se hubiesen producido en relación a la misma.

En el juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla también compareció ayer como imputada la suegra del ex director general de Trabajo, Francisco Guerrero, que cobró una póliza individual de 74.176 euros y otros 155.900 euros por su inclusión en el ERE de SOS Cuétara, empresa para la que nunca trabajó. Victorina Madrid Pisabarro se acogió a su derecho a no declarar y el fiscal Anticorrupción y las acusaciones de la Junta, el Partido Popular y el sindicato UGT solicitaron que se le impusiera una fianza por importe de 256.000 euros para garantizar la devolución del dinero que percibió indebidamente.