Alaya revela las conexiones entre Lanzas y los Ruiz-Mateos

El Domingo de Resurrección es jornada, en algunas localidades de la provincia de Cádiz -como Los Barrios o Vejer-, de la suelta de los llamados toros embolaos. De este término se echa mano, en el argot más castizo, para definir un asunto delicado o de enjundia. Pues con su embolao particular -con casi toda seguridad el más grave con el que hayan podido encontrar- se darán de bruces después de ese domingo glorioso los imputados en el escándalo de los ERE Carlos Leal, abogado sevillano, y José González Mata, propietario de la aseguradora Uniter. Su declaración estaba prevista para esta semana, pero la juez Alaya las retrasó.

No será nada gozoso. Al contrario, la estación de penitencia continuará para ambos. Y quién sabe si la juez decide que emprendan el camino del calvario; es decir, de la prisión, como ya ha ocurrido con otros imputados en el caso. Con la toma de esas declaraciones, Alaya habría puesto el broche esta misma semana a esta fase de la instrucción, reactivada de forma intensa tras su reincorporación al juzgado después de la larga baja por enfermedad. Pero posteriormente decidió que se comunicara telefónicamente la decisión de aplazar sine díe -después de Semana Santa-, las comparecencias de Leal, del despacho Estudios Jurídicos Villasís, y González Mata, administrador de Uniter. Ambos fueron citados inicialmente como imputados por un supuesto cobro de sobrecomisiones por parte de las mediadoras que gestionaron las pólizas de prejubilación relacionadas con los ERE.

En uno de sus últimos autos, Alaya revela las conexiones entre el ex sindicalista jiennense Juan Lanzas, ahora en prisión, y la familia Ruiz-Mateos. Sobre el ERE acordado en Comercial Alimentaria Dhul, la juez atribuye de nuevo al conseguidor la obtención de la financiación autonómica. El procedimiento fue elaborado con la intervención de Personal Life y Vitalia, con una "comisión del 19%" y la inclusión en este ERE de tres intrusos; la esposa de un sindicalista de CCOO y dos "cuñados" del propio Lanzas. La juez, en este punto, señala las "relaciones" entre Lanzas y la familia Ruiz- Mateos", porque el inculpado habría sido para esta familia, siempre supuestamente, un "conseguidor de financiación pública y negocios de interés".

Así, explica la juez que Lanzas cosechó presuntamente financiación pública para cinco ERE de empresas dirigidas por esta familia, "cobrando supuestamente" tres millones de euros, a razón de 600.000 euros por ERE. Alaya incluso menciona que la esposa de Lanzas recogía este dinero "en la casa de los señores Ruiz-Mateos".

Pero principalmente, el dinero habría llegado a Lanzas a través de "un amplio entramado de sociedades pantalla", como Servicios Inmediatos de Andalucía, Atrado Mensajería, Estudios Agenciales, Maginae Solutions, Consulting Social Siemur o Al Andaluz Masss Media Channel.

Al frente de estas empresas se situaban "testaferros" que cobraban de consultoras como Vitalia las sobrecomisiones de las que se alimentaría la trama. La juez le atribuye a Lanzas un "enriquecimiento exagerado" e ilícito de más de 13 millones de euros y diversos papeles en la inclusión de unos 24 intrusos, entre los que figuran su esposa y él mismo, en numerosos expedientes de regulación de empleo siempre financiados por la Junta. Por eso, la juez le atribuye un presunto delito continuado de prevaricación, otro supuesto delito continuado de malversación, otro delito de cohecho, otro de tráfico de influencias, otro delito continuado de falsedad en documentos mercantiles, un posible delito continuado de blanqueo de capitales y un presunto delito de asociación ilícita.