La juez Alaya declara responsabilidad civil subsidiaria de UGT y CCOO

Sevilla/La juez Mercedes Alaya, que investiga el escándalo de los ERE fraudulentos, ha impuesto una fianza civil de 722.393 euros a dos sindicalistas de UGT y CCOO que fueron detenidos en el marco de la operación Heracles II y ha declarado la responsabilidad civil subsidiaria de ambas organizaciones sindicales, que deberán hacerse cargo de ellas en el caso de no ser abonadas por los propios imputados. En concreto, Alaya ha fijado una fianza civil de 251.041,37 euros para el secretario provincial de UGT en Cádiz, Salvador Mera, y de 471.352 euros para el secretario general de la Federación Minerometalúrgica de Andalucía de CCOO, Manuel Roberto Carmona Soto, puestos en libertad con cargos la madrugada del pasado viernes.

En sendos nuevos autos, Alaya acuerda imponer esta fianza civil, que en el caso de Salvador Mera se corresponde con la comisión de 188.762,90 euros reclamada por el sindicalista a la consultora Uniter más el tercio legal correspondiente. Respecto a Roberto Carmona, la fianza civil impuesta se corresponde con los 354.400 euros abonados por Uniter a CCOO más la factura abonada al sindicato por el bufete Estudios Jurídicos Villasís, incrementado en el tercio correspondiente.

En las resoluciones, la juez explica que Salvador Mera y Roberto Carmona, en su condición de secretario general de UGT en Cádiz y de la Federación Minerometalúrgica de CCOO, respectivamente, se dirigieron en 2006 o 2007 al dueño de la consultora Uniter, José González Mata, para solicitarle que les hiciera entrega de “ciertas sumas de dinero a sabiendas que las comisiones de las mediadoras procedían de fondos públicos para paliar los gastos que habían tenido los sindicatos con motivo” del ERE en la Faja Pirítica de Huelva. Esos gastos, precisa Alaya, se corresponderían con “viajes, manifestaciones, concentraciones, asambleas, reuniones informativas y demás gastos de convocatoria, pero sin que ninguno de esos conceptos respondiera a gastos necesarios soportados realmente”. Esas cuantías fueron admitidas, continúa Alaya, por el también imputado en la causa José González Mata para “retribuir el papel del sindicato como facilitador del proceso, pues conocía las consecuencias de lo contrario”.

Alaya apunta que llegaron a un acuerdo para que tanto UGT como CCOO recibieran sendos pagos de 180.000 euros cada uno. Salvador Mera se puso en contacto con la secretaria general de la Federación Estatal de Industrias y Afines, Francisca Victoria Sánchez Chinarro, quien ordenó que el pago a UGT se efectuara a través de la empresa Temiqui, a la que se transfirieron entre mayo de 2007 y febrero de 2008 un total de 188.762,90 euros.

La juez recuerda en este auto que UGT y CCOO recibieron de Uniter 3,2 millones y de Vitalia otros 4,2 millones durante la pasada década, lo que eleva el total recibido por ambas organizaciones sindicales a 7,6 millones a cargo de las “sobrecomisiones abonadas por la Junta”. Dice Alaya que los sindicatos cobraban comisiones por cada expediente y en algunos casos se cobraban “doblemente”, en Madrid y Andalucía, como sucedió por ejemplo con CCOO en el ERE de Delphi. La instructora añade que esas comisiones eran a veces “altísimas”, de entre un 100,5 y un 200,5%, mientras en otros casos eran del 5%, pero siendo habitualmente comisiones mensuales que podían oscilar entre los 90.000 y algo menos de 20.000 euros.

En el expediente de Santa, Atlantis cobró 99.429,35 euros e ITG (de UGT), 82.205,45 euros, asegura Alaya, que señala que las comisiones de los sindicatos por la Faja Pirítica de Huelva ascendieron a 266.391,63 euros en 2007 y a 206.739,45 euros en 2008. En el mismo expediente, CCOO cobró entre 2006 y 2010 un total de 344.840,57 euros e ITG otros 594.398,48 euros más 447.571,56 euros en 2011.

De otro lado, la juez ha citado a declarar este miércoles al ex secretario de organización y finanzas de la Federación de Industrias Textil-Piel, Químicas y Afines de CCOO Juan Antonio Florido, que fue imputado también en la segunda fase de la operación Heracles, y a quien la Guardia Civil atribuye delitos de malversación, contra la Hacienda Pública y tráfico de influencias, por haber ejercido como “facilitador” para la consultora Vitalia, “aportando información acerca de empresas del sector textil y químico en situaciones de crisis y reestructuración, lo que habría propiciado que les ofreciera un paquete completo que suponía un ERE, con prejubilaciones y financiación pública garantizada”. La Guardia Civil señalaba que por la labor que desempeñó para Vitalia, además de la póliza relacionada con su prejubilación en Hytasal, “ha estado percibiendo lo que puede considerarse una remuneración por parte de Vitalia” de 600 euros mensuales desde diciembre de 2004 a noviembre de 2010, ascendiendo a 43.472,18 euros.

La juez impone una fianza de 406.005 euros a la empleada de una 'empresa pantalla'

Alaya ha impuesto una fianza de responsabilidad civil de 406.005 euros a Beatriz Núñez Muñoz, administradora de una empresa supuestamente utilizada para introducir en el mercado las sobrecomisiones que cobraban los intermediarios en los expedientes. Fuentes del caso han informado de que esa cantidad es un 10 por ciento de lo que solicitó la Fiscalía Anticorrupción el pasado viernes, tras la declaración de la imputada, cuando cifró esa fianza en 3.045.043 más el tercio legal, equivalente a las cantidades presuntamente blanqueadas a través de la empresa.

La juez Mercedes Alaya imputó a Beatriz Núñez presuntos delitos contra la Hacienda Publica, falsedad en documento mercantil, asociación ilícita y blanqueo de capitales. La imputada declaró a la juez que el imputado Eduardo Leal del Real, dueño de empresas pantalla supuestamente usadas para blanquear las comisiones, le pidió abrir una empresa a su nombre y debido a la confianza que tenían creó Atrado Mensajería, en la que ella trabajó siempre como comercial, recorriendo pueblos y cobrando la misma cantidad por nómina y que nunca hizo un uso personal de las cuentas. El primer problema surgió cuando del juzgado le vino el impago de una furgoneta a su nombre por importe de 20.000 euros, aunque entonces se hizo cargo del pago Leal del Real. Según la imputada, ella nunca conoció a Juan Lanzas, el ex sindicalista y conseguidor de los ERE, y tampoco fue nunca a sucursales bancarias de Cádiz o Sevilla a sacar dinero.

Las citadas fuentes han informado de que la defensa ha presentado recurso contra dicha fianza, en la que ha aportado las declaraciones de la renta de Beatriz Núñez, ha alegado que solo posee un piso con hipoteca y que en la actualidad percibe una ayuda familiar de 426 euros. Además argumenta que Leal nunca incriminó a Beatriz Núñez y reconoció que su empleada no sabía nada ni se había enriquecido.