La juez Alaya tendrá que remitir otra exposición razonada para el TSJA

Alaya tendrá que volver a enviar una exposición razonada al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), para que el Alto Tribunal andaluz asuma la causa contra los cuatro ex consejeros que son aforados y cuya investigación no ha asumido el Tribunal Supremo.

Una vez que este tribunal dictó el pasado jueves un auto en el que sí decide abrir una causa contra los ex presidentes de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán -además de los diputados José Antonio Viera y Gaspar Zarrías y la senadora Mar Moreno-, la juez Mercedes Alaya debe volver ahora a remitir una exposición razonada al TSJA en la que detalle los indicios que, a su juicio, hay para investigar a los ex consejeros de la Junta de Andalucía Carmen Martínez Aguayo, Francisco Vallejo, Antonio Ávila y Manuel Recio.

Según fuentes judiciales consultadas por este periódico, la instructora tiene varias opciones para llevar a cabo ese traslado al tribunal andaluz. Alaya podría optar por enviar la misma exposición razonada que en agosto pasado remitió al Supremo, o bien, lo que parece más lógico, elaborar una nuevo informe concretando los indicios únicamente contra los ex consejeros autonómicos.

La juez Alaya también puede optar por enviar, como hizo en agosto, la totalidad del sumario que afecta a los 229 imputados que hay actualmente en la macrocausa de los ERE, pero en ese caso el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) lo único tendría que hacer es recordarle a la magistrada que el Supremo ya se ha pronunciado al asumir únicamente la parte que afecta a los aforados que son diputados o senadores. Por analogía, el TSJA podría insistir a la magistrada que su competencia se centraría exclusivamente en los cuatro ex consejeros que gozan de aforamiento.

Alaya tendría en ese caso que continuar, como de hecho lo está haciendo, con la instrucción del sumario que afecta al resto de los 229 imputados que no son aforados. Actualmente, la instrucción de los ERE, aunque está acabada en lo que se refiere al denominado "procedimiento específico" por el que se concedían las ayudas sociolaborales -la parte central y que afecta a la mayoría de la treintena de altos cargos de la Junta imputados-, todavía tiene por delante una larga investigación, puesto que se calcula que la juez sólo ha llegado a indagar en algo más del 33% de las ayudas bajo sospecha.

Cuando la juez remita al TSJA la nueva exposición razonada, el tribunal tendrá que actuar de la misma forma que lo ha hecho ahora el Supremo. Así, en primer lugar, debe nombrar un instructor para la causa, que en este caso recaerá con toda probabilidad en el magistrado Miguel Pasquau, dado que el juez Jerónimo Garvín se encuentra de baja laboral y el presidente, Lorenzo del Río, no puede ser el instructor.

A la hora de asumir la investigación de la causa contra los cuatro aforados autonómicos, el TSJA se encuentra con la misma situación de sobrecarga de trabajo que padecen la mayoría de los órganos judiciales, porque el instructor que debe asumir el proceso en estos momentos es el único que puede hacerlo y además recibe todas las denuncias o querellas que se presentan contra otros aforados e incluso contra jueces y fiscales en el ejercicio de sus funciones.

El Tribunal Supremo impuso finalmente el criterio que la Fiscalía Anticorrupción había defendido ante la juez Alaya para dividir la macrocausa de los ERE en distintas piezas, algo a lo que la instructora se oponía al considerar que el procedimiento era "inescindible". De continuar la tramitación de la causa en las distintas instancias, y en el caso de que se decretara la apertura de juicio oral en cada instancia, se podría dar la paradójica situación de que los ERE derivaran en tres enjuiciamientos distintos: uno ante el Supremo, otro en el TSJA y el resto, que además podría dividirse en más de 400 juicios, en la Audiencia Provincial de Sevilla.