La juez Alaya recibe una grabación sobre irregularidades en Invercaria

La juez instructora del caso de los ERE, Mercedes Alaya, ya tiene en su poder una prueba sobre las supuestas irregularidades que se pudieron cometer en la concesión de ayudas a proyectos de inversión y créditos por parte de Invercaria, la empresa pública de inversión y capital riesgo de la Junta. El ex director de Promoción de esta entidad, Cristóbal Cantos, le ha hecho llegar la grabación de una conversación en la que, presuntamente, la presidenta de Invercaria, Laura Gómiz, le presiona y le da órdenes para que redacte informes con fechas y datos falsos sobre ayudas ya concedidas, a lo que éste se niega.

Este audio, al que ha tenido acceso este periódico, es una prueba presentada por Cantos ante el Juzgado de lo Social el pasado 13 de febrero con motivo de su despido de Invercaria, y con el que quiso demostrar las presiones a las que se vio sometido durante su estancia en la agencia desde principios de 2011 hasta el 29 de junio de ese mismo año, fecha en la que se materializó su despido. Con posterioridad dio traslado al Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla sobre el recae la investigación del escándalo de los ERE.

En esta conversación grabada se hace alusión a la auditoría que a principios de 2011 estaba realizando la Cámara de Cuentas de Andalucía. Gómiz le pide a Cantos que realice informes "pasados", es decir, expedientes nuevos sobre empresas que ya han recibido fondos para justificar que la inversión era correcta. Pero también le ordena que realice otros con datos falsos. Es el caso concreto de una compañía, en la que Invercaria invirtió más de un millón de euros, y Gómiz le pide al ex director de Promoción que redacte una propuesta de inversión con una rentabilidad del 15%, a lo que se niega con rotundidad porque "no es cierto". Ante esta situación, la presidencia de Invercaria le llega a manifestar: "No me sirves como trabajador de Invercaria". La advertencia acabó con el despido de Cantos, que la empresa reconoció que era improcedente.

En la grabación también Gómiz afirma que, supuestamente, el consejo de administración de Invercaria "sabe perfectamente qué es lo que hay aquí, qué informes no hay, qué informes faltan y qué empresas son problemáticas". Como conocedora de la situación, llega hasta el extremo de afirmar: "Si me comprometo con la ética no estaría en esta organización".

La Cámara de Cuentas ya puso la lupa sobre el procedimiento para la concesión de los préstamos de Invercaria en su informe fiscalizador que redactó en diciembre de 2011. En este documento dejó constancia de que no existía ningún criterio que fijara los requisitos que deben reunir los beneficiarios, "las condiciones de los préstamos, los importes máximos o mínimos". También pone en entredicho el que de los cinco programas existentes en Invercaria para canalizar las ayudas, sólo uno está directamente instrumentado por Invercaria con sus propios fondos, y los cuatro restantes, a pesar de haber sido suscritos con esta agencia, son programas de la Consejería de Economía, algo que, según la Cámara, no se ajusta a lo que dictaba la orden de la Consejería de Innovación de la que dependía. Sus aportaciones se hacían a través de la agencia IDEA.

En el capítulo de personal, si el caso de los ERE ha habido intrusos, en Invercaria la Cámara alertó de la presencia de personas en plantilla que aun recibiendo retribuciones mensuales "no prestan de forma justificada sus servicios". En el caso del presidente de Invercaria, avisó de que la empresa "no ha podido justificar debidamente" los gastos de su tarjeta por 25.000 euros.