Alaya rastrea el papel de la Intervención en las ayudas a los cursos de formación

El esquema de investigación de los ERE se repite ahora en la causa de los cursos de formación, donde la juez Mercedes Alaya ha ordenado rastrear el papel que ha desempeñado la Intervención General de la Junta en el control de las subvenciones públicas. Se trata del paso previo de la instructora antes de pronunciarse sobre la posible ilicitud de todas las ayudas concedidas por la Administración autonómica relacionadas con la formación, en el caso de que detecte presuntas irregularidades en el procedimiento y falta de control.

La juez Mercedes Alaya ha dictado un auto en el que reclama precisamente abundante documentación a la Intervención General sobre el control de las subvenciones realizado por este organismo fiscalizador, y también ha citado al responsable del departamento de Gestión de Formación Profesional Ocupacional, Teodoro Montes, para el 9 de octubre para que ratifique sus declaraciones.

En el auto, la juez ordena a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que investigue las "funciones" que ha desarrollado la Intervención General de la Junta en las subvenciones otorgadas "en concurrencia competitiva mediante bases y convocatorias, en las de concesión directa y en el control financiero periódico de las subvenciones a la formación".

Alaya requiere expresamente a la Intervención para que aporte en un plazo de diez días todos los informes que haya realizado desde el año 2002 en adelante para el programa 32D o "cualquier otro programa presupuestario relativo a los cursos de formación". La juez pide entre esa documentación los informes previos sobre bases reguladoras y orden de convocatoria, los informes previos a los acuerdos de Gobierno autorizando en su caso las resoluciones de concesión directa y los informes sobre Control Financiero Periódico.

La magistrada también solicita al organismo fiscalizador que aporte los "informes de conformidad o disconformidad", recabando la UCO una explicación de la Intervención sobre el "diferente tratamiento en la concesión cuando se trataban de subvenciones otorgadas por el Servicio Andaluz de Empleo (SAE), y cuando se trataba de subvenciones otorgadas por las delegaciones provinciales de Empleo, y si existieron algunas particularidades en la delegación provincial de Empleo de Sevilla". De la misma forma, exige Alaya una "explicación ajustada a la legalidad" sobre las exoneraciones a las empresas que recibieron ayudas para los cursos -en otro auto cifra dichas exoneraciones en 950 millones- y "el papel que realizó la Intervención en el control financiero de tales subvenciones".

La parte de la investigación de las ayudas a los cursos de formación que instruye la juez Mercedes Alaya se inició en el marco de la causa de los ERE fraudulentos, a partir de las declaraciones realizadas por el jefe del Departamento de Gestión de Formación Profesional Ocupacional del Servicio de Formación para el Empleo en Sevilla, Teodoro Montes Pérez. Este funcionario alertó de "importantes irregularidades" en todos los procesos de tramitación de las acciones formativas, desde la adjudicación, pasando por la gestión, hasta llegar a la fase de justificación de las subvenciones, "sin que existiese un control adecuado".