La juez Alaya prorroga por sexto mes el secreto de la causa de los ERE

La juez Mercedes Alaya, que investiga el escándalo de los ERE fraudulentos, ha prorrogado por sexto mes el secreto de la causa, según han informado fuentes del caso, que han recordado que el secreto de las diligencias se acordó a principios de noviembre de 2012.

En abril pasado, la juez ya anunció, en el auto en el que decidió prorrogar por otro mes el secreto, que se practicarían nuevas diligencias gracias a la “abundante documentación” que la Guardia Civil intervino en la operación Heracles, que el pasado 20 de marzo se saldó con 22 detenidos relacionados con el cobro de sobrecomisiones en las pólizas financiadas por la Junta de Andalucía.

En ese auto, la juez explicaba que en la operación Heracles de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha supuesto un “avance importantísimo” en la instrucción, con la práctica de hasta 13 entradas y registros en diferentes domicilios en los cuales se ha incautado “abundante documentación que, lejos de ser culminante, van a suponer un punto y seguido a las diligencias de averiguación que practica la Guardia Civil”.

Así, la instructora argumentaba que buena parte de esa documentación incautada se encuentra en soporte informáticos y es “claro que del análisis de esa documentación podrán derivarse nuevas diligencias asociadas en virtud de lo datos que vienen extrayendo”.

Alaya justificó entonces la prórroga del secreto en que debido al conocimiento de las actuaciones por parte de las partes personadas y de las nuevas diligencias que se ordenarán, “podría provocar la destrucción de indicios o fuentes de prueba por parte interesada, anulando la eficacia de la acción policial y judicial”. Por ello, la magistrada concluyó que resultaba “imprescindible” prorrogar nuevamente el secreto parcial de las actuaciones, “para asegurar el éxito de la investigación”.

En la operación Heracles fueron detenidas 22 personas, de las cuales siete de ellas fueron enviadas inicialmente a prisión, aunque una logró salir de la cárcel tras pagar una fianza de 50.000 euros. Entre los imputados que siguen en prisión destacan el ex director general de Trabajo y Seguridad Social de la Junta Francisco Javier Guerrero, el ex sindicalista y “conseguidor” de los ERE Juan Lanzas Fernández, directivos de la mediadora Vitalia y algunos testaferros de las “empresas pantallas” que según la juez se crearon para dar salida a las sobrecomisiones ilegales cobradas y que la Guardia Civil ha cifrado ya en más de 50 millones de euros.