Alaya impone una fianza de 8,7 millones a la familia Ruiz-Mateos por el caso de los ERE

La juez Mercedes Alaya, que investiga el escándalo de los ERE fraudulentos, ha impuesto de forma solidaria una fianza civil de 8.783.898,15 euros a seis hijos del empresario jerezano José María Ruiz-Mateos, en relación con las ayudas que por importe de casi 22 millones recibió de la Junta para realizar cuatro ERE en empresas del grupo. Dice la juez que la familia Ruiz-Mateos pagó comisiones de 600.000 euros al conseguidor Juan Lanzas y una dádiva de casi 7.000 euros al ex director general de Trabajo y Seguridad Social de la Junta Francisco Javier Guerrero.

En un nuevo auto, que tiene fecha del pasado jueves, la instructora relata que José María Ruiz-Mateos –que también está imputado pero no ha declarado aún por motivos de salud- y seis hijos suyos que dirigían las distintas empresas del grupo –Pablo, Francisco Javier, Zoilo, Álvaro, José María y Alfonso- se plantearon desde el momento en que adquirieron en 2003 el Hotel Cervantes de Torremolinos (Málaga) la posibilidad de solicitar un ERE para "abaratar los costes laborales, para lo cual pretenderían con evidente ánimo de lucro, la financiación de la Junta de Andalucía".

De esta forma, contactaron con el entonces secretario general de la Federación de Alimentación y Tabaco de UGT-A, el conseguidor de los ERE, Juan Lanzas, quien se comprometió a conseguirles la financiación para el ERE para esta empresa y otras de Nueva Rumasa "mediante el uso de sus influencias y a cambio del abono de una prima de 600.000 euros por cada ERE conseguido".

Alaya precisa que además del ERE del hotel Cervantes (Europa Center), también se financiaron las prejubilaciones de las empresas Dhul y del complejo bodeguero Bellavista –en el que la Junta financió dos expedientes de regulación de empleo- y de la empresa Zoilo Ruiz Mateos (antigua Sandeman). "Todos los pagos a Juan Lanzas fueron efectuados en B, mediante entrega de sobres quincenales o mensuales de 20.000 o 25.000 euros cada uno de ellos, procurando que el pago fuera en billetes de 500 euros", precisa la instructora.

En total, la Junta abonó 21.987.245,38 euros por los cuatro ERE, de los cuales 10,5 millones fueron para la comercial Dhul, 6,4 millones al Hotel Cervantes, 3,8 millones al complejo bodeguero Bellavista y 1,1 millones a la entidad Zoilo Ruiz-Mateos.

Dice Alaya que los hermanos Ruiz-Mateos fueron "conocedores y partícipes" de la inclusión de dos intrusos en el ERE del Hotel Cervantes, dos antiguos trabajadores de otras empresas del grupo Nueva Rumasa, y sobre Dhul asegura que la ayuda sociolaboral otorgada para 77 trabajadores "en realidad se trataría de una ayuda a empresa para llevar a cabo varios proyectos de inversión que revirtieron en beneficio de la misma y que ya venían acordados antes de la solicitud".

En este ERE fueron incluidos como intrusos los cuñados de Lanzas, Ángeles Sierra García y su marido Carmelo Cruz Porcel, además de otros tres intrusos: José Egea Parra, Miguel Espínola Palma y Fernanda García Vílches.

Alaya precisa en el auto que no sólo se pagaron comisiones al conseguidor de los ERE, sino que con motivo de las ayudas a Dhul se abonaron "a modo de dádiva o recompensa" para el director general de Trabajo Francisco Javier Guerrero "por favorecer a la empresa" la cantidad de 6.960 euros, a través de una factura falsa pagada a la empresa Lógica Estrategia Empresarial, de la que era titular Juan Francisco Trujillo, el chófer de Guerrero.

Alaya considera que estos hechos podrían ser constitutivos de delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos, entre otros, y ha acordado dar un plazo de un día a los seis hijos de José María Ruiz-Mateos para que hagan frente al pago de la fianza civil de 8,7 millones, de la que deben responder de forma solidaria los hermanos y con carácter subsidiario las empresas que recibieron las ayudas.

Alaya también ha impuesto una fianza civil de 639.942,77 euros a otros dos imputados, Mario Augusto Montecatine Bárcenas, jefe de seguimiento a la inversión de la Caja Rural de Granada, y a María de la Cruz Ruiz Gálvez, jefe de Créditos de la misma entidad, quienes según la instructora habrían participado en la "instrumentación ideada con el fin de conseguir" que el banco amortizara un préstamo de 2,3 millones que había concedido a la comercial Dhul. En este caso Alaya también declara la responsabilidad civil subsidiaria de la Caja Rural de Granada.