Alaya mantiene su competencia para investigar los cursos de formación

La juez Mercedes Alaya ha reafirmado que es la competente para investigar la causa de los cursos de formación, al rechazar en un auto el incidente de nulidad planteado por la Junta de Andalucía y el ex consejero de Hacienda Ángel Ojeda, quienes habían solicitado que se apartase de esta investigación al considerar que se vulneraron las normas de reparto al asumir la denuncia del testigo clave: el funcionario Teodoro Montes.

En un auto contra el que Alaya asegura que no cabe recurso alguno, la juez critica con vehemencia el incidente de nulidad planteado por la Administración autonómica, al afirmar que como acusación particular "debe pretender la investigación de los delitos en los que se hayan producido un menoscabo de fondos públicos". Dice la magistrada que la actuación de la Junta es "impropia de su condición procesal, pues es la misma que en lógica estrategia ejercita la defensa de uno de los imputados, y además coincide con la denuncia que el PSOE, que no es parte en esta causa, interpone contra esta instructora ante el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), lo cual evidenciaría un principio de unidad de intereses contrario a la condición de parte acusadora de la Junta y un inexplicable interés en que los hechos sean investigados en otro juzgado, teniendo en cuenta el resultado indiciariamente positivo de otras investigaciones previas".

En el auto, en el que la instructora responde cinco meses después a las peticiones de nulidad -planteadas en octubre pasado-, Alaya insiste en que la investigación de los cursos de formación tienen su origen en la causa de los ERE y justifica, como ya hiciera al responder a la queja del PSOE ante el CGPJ, que decidió enviar al funcionario Teodoro Montes a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil para "evitar que un tema de cierta enjundia como éste, pudiera pasar desapercibido en el juzgado de guardia por una denuncia de redacción defectuosa o extremadamente breve. Es más que obvio que no era el juzgado de Guardia ni el lugar obligado para interponer la denuncia, ni el más adecuado, pues hay temas que merecen un tiempo de atención y dedicación al ciudadano que simplemente es incompatible con una sala de espera con múltiples personas esperando denunciar", alegó.

La juez afirma además que "fue la UCO" la que tras recibir la declaración de Montes consideró, "cuando lo entendió oportuno", remitir la denuncia para su unión a las diligencias de los ERE, pero la magistrada advirtió que, aunque estaba relacionada, la denuncia podía llevarse separadamente para "no incrementar la complejidad de la causa", por lo que ordenó incoar unas nuevas diligencias.

Alaya dice que no se ha causado ninguna indefensión a las partes, razón que sería "suficiente para desestimar los incidentes" de nulidad, y añade que tanto la Junta como el ex consejero Ojeda han tenido más de dos meses, desde que se personaron en las presentes actuaciones, para exponer "el interés o el perjuicio que ahora alegan".

La instructora niega que, en modo alguno, se haya producido una vulneración de las normas de reparto y del derecho al juez predeterminado por la ley, por cuanto recuerda que el punto 8.3 de las normas de reparto de los juzgados de Sevilla determinan que "los testimonios que se deduzcan ya en el curso de la investigación judicial, esto es tras el auto de incoación de diligencias previas, se los quedará el propio juzgado, excepto testimonios deducidos por delitos de acusación y denuncia falsa, simulación de delito y falso testimonio", que irán a reparto. Alaya concluye que, "consecuentemente a lo expuesto ni ha existido vulneración del derecho al juez predeterminado por la ley, ni vulneración de las normas de reparto, ni indefensión alguna que justifique la nulidad interesada".

La Junta acusó a la juez de convertir su juzgado en un "suerte de órgano especial de Instrucción, que se quiere hacer conocedor de todas las posibles irregularidades o ilícitos penales que acontezcan en el ámbito de la formación dentro de la Consejería de Empleo de la Junta" y de dar lugar a formar una "causa general" contra la Administración autonómica.