Alaya levanta el secreto parcial de la causa de los cursos tras la operación Barrado

La juez Mercedes Alaya, que investiga el fraude en los cursos de formación, ha levantado este lunes el secreto parcial que afectaba a una parte de la investigación, en concreto, a la presunta implicación de las direcciones provinciales del Servicio Andaluz de Empleo (SAE), tras la denominada operación Barrado, en la que fueron detenidas la semana pasada un total de 16 personas, entre ellas nueve ex delegados provinciales del SAE.

Según han confirmado fuentes judiciales, Alaya ha dictado un auto este lunes en el que acuerda levantar el secreto de sumario que afecta a esta parte de la causa y que fue acordada el pasado 20 de enero. La magistrada no dará traslado a las partes de estas actuaciones que han permanecido secretas hasta que se digitalicen varios tomos de documentos, algo que no se finalizará hasta después de la Semana Santa.

La reciente operación Barrado ha puesto de manifiesto que la juez Mercedes Alaya ha comenzado a encontrar ciertos paralelismos entre el caso de los ERE fraudulentos y el de los cursos de formación: ayudas que fueron concedidas para crear redes de clientelismo político. Hace dos años cuando Alaya llevó a cabo otra operación, en este caso contra el cobro de sobrecomisiones vinculadas a las pólizas de los ERE, la magistrada ya advirtió de que se había pasado del “clientelismo” del PSOE y de la Junta en la concesión de las ayudas a un “verdadero negocio” con los ERE.

La juez ha acusado ahora a la Junta de crear una red de “clientelismo político” a través de las subvenciones concedidas para la realización de actividades formativas, según se desprende de las afirmaciones de la instructora en las distintas imputaciones realizadas a los detenidos de la operación Barrado.

En el transcurso de esta operación, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil detuvo el pasado 24 de marzo a un total de 16 personas, entre ellas las ex directoras generales de Formación María Teresa Florido, cuñada del ex consejero andaluz de Hacienda Ángel Ojeda, también imputado, y María José Lara; así como nueve delegados provinciales del Servicio Andaluz de Empleo (SAE), dos de los cuales seguían ocupando el cargo: Aurora Cosano, delegada de Empleo en Sevilla, y Eduardo Manuel Muñoz García, delegado en Huelva. Ambos fueron destituidos el mismo día del arresto.

Los 16 detenidos fueron puestos en libertad provisional con cargos, tras ser puestos a disposición de la juez Alaya, y ni siquiera se adoptó ninguna medida cautelar, si bien la Fiscalía Anticorrupción planteó a la instructora que se fijaran para cuatro de los detenidos una fianza civil que asciende en total a más de 13 millones de euros.

Alaya también tomó declaración la semana pasada, en este caso como testigo, a un interventor de la Junta que alertó de las irregularidades que se estaban produciendo en la tramitación y justificación de las subvenciones concedidas para los cursos de formación.

El secreto parcial del sumario que ahora ha levantado Alaya fue acordado en un auto del 13 de febrero, tras analizar los informes de la Intervención General de la Junta de Andalucía sobre las distintas "direcciones provinciales del Servicio Andaluz de Empleo (SAE)" y las diversas irregularidades denunciadas respecto a los cursos de formación.

En esta resolución, la juez argumentaba que era procedente ampliar el secreto parcial de la instrucción –que había decretado el 20 de enero- a "cuantas diligencias se deriven del estudio" de los informes de la Intervención General, y lo justificaba "atendiendo a la gravedad de los delitos investigados, la especial importancia de la línea de investigación con ellos iniciada, de las expectativas de la misma y del riesgo de frustrar sus posibles resultados por la posible pérdida, destrucción o manipulación de indicios o fuentes de prueba".

Alaya mantiene todavía el secreto de otra parte de la investigación, la que acordó en un auto del pasado 20 de enero tras recibir un atestado UCO sobre los cursos de formación y después de analizar los distintos informes de la Cámara de Cuentas y de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, lo que llevó a la magistrada a constatar la existencia de "varias bolsas de fraude" en relación con los cursos de formación y a abrir cuatro nuevas líneas de investigación. El secreto afecta a otra línea abierta en relación a la existencia de

“determinados fraudes en los Consorcios entre Administraciones”. Dice Alaya que estos consorcios recibían subvenciones a través de la dirección general de Formación Profesional de la Consejería de Empleo, utilizando el procedimiento de adjudicación de “concurrencia no competitiva” y señala que la Cámara de Cuentas ha planteado “dudas sobre la adecuación del procedimiento”. Todos los Consorcios tienen abiertos expedientes de reintegro, dos de ellos en fase de inicio, y el resto, en fase de resolución, precisa.