Alaya retoma la instrucción de los ERE con la declaración de 35 nuevos imputados

La juez Mercedes Alaya retoma hoy la instrucción de la macrocausa de los ERE fraudulentos con la declaración, a lo largo de esta semana, de 35 nuevos imputados, entre ellos dos ex alcaldes del PSOE, en relación con los 56 millones concedidos en ayudas por la Consejería de Empleo a empresas ubicadas en la Sierra Norte de Sevilla. Con estas nuevas imputaciones, la instructora elevó a 264 el número de implicados en un proceso que, en la actualidad, está siendo investigado en tres instancias judiciales distintas, tras la remisión de los indicios sobre nueve aforados al Tribunal Supremo y al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA).

La juez acordó estas nuevas imputaciones después de que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil entregase el atestado relacionado con las ayudas de la Sierra Norte, en el que los investigadores destacan como esta comarca de la provincia de Sevilla concentró 56,4 millones de ayudas de la Junta, lo que supone el 66% del total de "ayudas a empresas" concedidas en Andalucía en el periodo investigado.

Entre los nuevos imputados se encuentran los ex alcaldes socialistas de Guadalcanal Carmelo Montero Cabezas y de Real de la Jara José Antonio Méndez Sánchez, quienes han sido citados a declarar el martes y el viernes, respectivamente.

El auto detalla que el ex alcalde de Real de la Jara José Antonio Méndez Sánchez, quien "por razón de su cargo tendría oportunidad de reunirse" en diversas ocasiones con Guerrero y con el entonces consejero de Empleo José Antonio Viera, solicitó una ayuda junto a su esposa de 120.000 euros, y aunque ésta no fue pagada por Idea al no mediar un convenio, le fue finalmente concedida por el ex director de Trabajo Juan Márquez una ayuda de 50.000 euros tras una reunión en la que estuvo presente el ex delegado de Empleo en Sevilla Antonio Rivas.

La imputación del ex alcalde de Guadalcanal Carmelo Montero se produce por su "activa participación" en la concesión de ayudas por 2,1 millones a las empresas de refractarios. Dice Alaya que el entonces alcalde asistió a diversas reuniones con los empresarios, a las que acudió también Viera, "del que era amigo", y Antonio Rivas.

En la primera ronda de declaraciones, Alaya ha citado a siete nuevos imputados, entre ellos Antonio Diana Expósito, de quien Alaya señala que recibió en 2004 una subvención de 60.000 euros para la "ampliación de una gasolinera" de la que tenía su concesión. En "compensación" por esta ayuda, Alaya asegura que este imputado "podría haber regalado" al ex director de Trabajo Javier Guerrero un equipo GPS con DVD y dos pantallas de televisión en un todoterreno de lujo, motivo por el que ha decidido ampliar la imputación a Guerrero.

El ex director de Trabajo también habría recibido supuestamente unos "pasajes de avión a Menorca" y alojamiento en casa de unos familiares de los propietarios del hotel La Posada del Moro -ubicado en Cazalla de la Sierra-, quienes recibieron hasta tres ayudas por importe de 450.000 euros, cada una. Los propietarios del hotel, ahora imputados en la causa son Juan Martínez Sevilla, Lucía Piñero Marrón, Julia Piñero Marrón -concejal del PSOE en el Ayuntamiento de Cazalla- y Sandra Caballero Piñero, hija de la anterior.

Entre los nuevos imputados también figura Luis García García, presidente de la Sociedad Cooperativa Virgen de Belén y secretario de Organización del PSOE en Las Navas de la Concepción. Según la juez, habría recibido una ayuda de 270.000 euros "sin aportar la más mínima documentación justificativa del proyecto al que iba destinada la misma, ni tampoco estar al corriente de sus obligaciones tributarias y de la Seguridad Social".

Por último, Alaya ha imputado a Beatriz Pérez Martín -hermana de la ex delegada de Medio Ambiente de la Junta en Sevilla e hija de un parlamentario del PSA- como administradora de las sociedades Andalucine y Producciones Barataria, por las ayudas que recibió por importe de 210.354,24 y 120.000 euros en los años 2003 y 2007. Alaya rechaza que en este caso hayan prescrito los delitos relacionados con estas ayudas.

Además de los 35 nuevos implicados que declaran esta semana, a los que se atribuyen delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos, la juez amplió la imputación a otros siete altos cargos de la Junta, entre ellos los ex consejeros de Empleo e Innovación Antonio Fernández y Martín Soler, respectivamente, así como al ex director general de Trabajo Javier Guerrero, al ex viceconsejero de Empleo Agustín Barberá, a los ex directores del IFA/Idea Francisco Mencía y Miguel Ángel Serrano, y al ex gerente del IFA en Sevilla y ex alto cargo de la Diputación Manuel Enrique Rodríguez Contreras. Estos siete ex altos cargos han sido citados a declarar tras la Semana Santa, en concreto, el próximo 7 de abril.