Alaya despliega una importante operación policial por los ERE con hasta 20 detenidos

La juez Mercedes Alaya, que investiga el escándalo de los Expedientes de Regulación de Empleo (ERE) fraudulentos, ha desplegado esta mañana una importante operación policial relacionada con esta investigación y en la que se están practicando hasta 20 detenciones y registros en varias ciudades, según han confirmado fuentes judiciales. La operación policial, denominada Heracles y que se produce tan sólo dos semanas después de la reincorporación de Alaya tras su baja por enfermedad, representa el final de las investigaciones que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha desarrollado desde noviembre pasado en torno al pago de sobrecomisiones vinculadas a las pólizas de financiaciones de las prejubilaciones, han apuntado las mismas fuentes.

La operación se desarrolla de forma simultánea en Sevilla así como en las provincias de Huelva, Jaén, Cádiz, Madrid, Barcelona y Las Palmas. En total se han hecho 13 registros: cuatro en Sevilla, cuatro en Jaén, dos en Granada, dos en Cádiz y uno en Madrid.

Entre los detenidos se encuentran el presunto testaferro Eduardo Leal del Real, que habría recibido cheques por importe de más de 1,5 millones. Eduardo Leal figura como administrador único de las empresas Atrado Mensajería y Estudios Agenciales, mientras que en Distripack Transporte Urgente, que recibió 362.500 euros, figura como administrador solidario junto a Juan Francisco Algarín, el otro testaferro que está en prisión por orden de la juez Alaya. Muchas de las personas detenidas son mujeres.

También está detenido José Luis Leal Bonmati, abogado del bufete Estudio Jurídico Villasís y hermano de Carlos Leal, quien no ha sido arrestado pero ha sido citado a declarar el próximo sábado. Ese mismo día declarará también el responsable de la mediadora Uniter, José González Mata. Por su parte, el que fuera subdirector de la empresa pública Mercasevilla Daniel Ponce, y que fue mencionado por el testaferro como una de las personas que le entregó dinero en metálico, ha sido citado a declarar mañana.

El despacho Villasís realizó labores de intermediación y asesoramiento jurídico en varios ERE que se investigan, como el del restaurante Río Grande y la empresa Aglomerados Morell. En este bufete trabajó como comercial el supuesto "conseguidor" de los ERE, el ex sindicalista Juan Lanzas, que figura como una pieza central en la investigación de la Guardia Civil, pero que en esta operación sólo ha sido citado a declarar, al igual que el responsable de Vitalia, Antonio Albarracín. La Guardia Civil ha registrado esta mañana el domicilio de Carlos Leal y su despacho profesional, ubicado en la calle Balbino Marrón, y como resultado de estas pesquisas se ha intervenido un disco duro y un ordenador, según fuentes del caso.

Entre las personas citadas a declarar, sin que haya sido detenido, se encuentra el ex director general de Trabajo Francisco Javier Guerrero, que fue citado a las 10:00 y cuatro horas después comparecía ante Alaya.

Esta investigación de la Guardia Civil supuso un nuevo hito en el caso de los ERE que puede abrir la línea definitiva que buscaba la juez Mercedes Alaya y que está vinculada a las comisiones que cobraban los brókers o entidades mediadoras que intervenían con las compañías aseguradoras de las pólizas financiadas por la Junta de Andalucía. La Guardia Civil, en un informe de octubre pasado, antes de que se declarase el secreto de sumario en el caso de los ERE, puso de manifiesto la existencia de al menos tres empresas de mensajería –Atrado mensajería, Estudios Agenciales y Distripack Transporte Urgente- que podrían haber sido utilizadas como empresas pantalla, situando al supuesto conseguidor de los ERE, el ex sindicalista Juan Lanzas, como el ideólogo del sistema.

Los investigadores señalaban que esta operativa "podría estar encaminada a la intención por parte de Juan Lanzas, Estudio Jurídico Villasís y el holding Vitalia" de emplear estas sociedades como pantallas para introducir en el circuito financiero el dinero de las "sobrecomisiones" de las pólizas. El informe recogía un listado de movimientos bancarios y cheques por importe de más de 1,5 millones que habrían recibido los presuntos testaferros vinculados a estas empresas de mensajería.

Algunas fuentes apuntan a que la detención de un presunto testaferro, Juan Francisco Algarín, supone sólo el inicio de una nueva ronda de arrestos vinculada a esta nueva vía de blanqueo de capitales derivada del escándalo de los ERE. Ya sólo queda que los investigadores concreten el destino final de esas sobrecomisiones. En el marco de esta nueva vía, en la que se trata de averiguar nuevos delitos de asociación ilícita y blanqueo de capitales, entre otros, la juez de refuerzo de Alaya encarceló a Juan Francisco Algarín, quien reconoció que trasladó sobres con dinero entre Mercasevilla y puntos cercanos a la Consejería de Empleo hasta las proximidades de la Delegación de Empleo en Sevilla.

La Guardia Civil puso a la juez Alaya tras la pista de las comisiones de las entidades mediadoras hace más de un año, cuando remitió a la instructora un informe en el que aseguraba que junto a la deficiente gestión en la concesión de las ayudas públicas, la Junta había abonado gastos de mediación e intereses que se asumían "sin reparo" y que eran conocidos a nivel de viceconsejero. La Guardia Civil apuntaba entonces que se habrían pagado "comisiones elevadas a las mediadoras Vitalia y Uniter con el conocimiento" del director general de Trabajo y Seguridad Social y uno de los principales imputados en la causa, Francisco Javier Guerrero.

Esas comisiones se abonaban presuntamente porque los brókers eran los únicos que podían conseguir que determinadas compañías de seguros “aceptaran el pago a plazos del coste de las primas de las diferentes pólizas, mediante las que se han ido haciendo efectivas las ayudas sociolaborales otorgadas”, precisaba la Guardia Civil, que añadía que cuando se incumplían los calendarios de pagos pactados se generaban “cuantiosos intereses que eran asumidos sin reparo” por la dirección general de Trabajo de la Junta.

Con anterioridad a este informe, la propia juez Alaya ya había puesto el foco de atención sobre el cobro de comisiones excesivas por parte de las entidades mediadores como Vitalia, que había cobrado la cantidad de 964.204,66 euros en comisiones superiores a la media del mercado por tramitar los ERE de únicamente tres de las empresas investigadas: Calderinox, Río Grande y Acyco. Para la juez, resultaba “inaudito” que la Junta admitiera estos sobrecostes, que en algún caso superaban hasta en un 20,51% la media del mercado.

La propia empresa pública Mercasevilla, cuya investigación por el intento de cobro de comisiones constituye el germen de la causa de los ERE, llegó incluso a denunciar en dos ocasiones el cobro de comisiones igualmente millonarias, por importes de casi tres millones relacionados con los Expedientes de Regulación de Empleo que se tramitaron en esta sociedad en los años 2003 y 2007. Una de estas denuncias advierte que la compañía aseguradora incluyó el gasto de un millón de euros en concepto de “gastos de adquisición (comisión)”, y que situarían la comisión abonada en un 20% de la prima, una cifra que supera con creces las cantidades pactadas con otra aseguradora. En el ERE de 2007, la nueva dirección del Mercado Central de Abastos de Sevilla detectó otras comisiones de 1,9 millones, lo que supone un 22,5% de la prima, que ascendía a más de nueve millones de euros.

Las comisiones excesivas y los sobres con dinero que han surgido en la investigación apuntan nuevas conexiones entre las mediadoras y el que fuera responsable de la dirección general de Trabajo durante casi una década.Alaya atribuyó en abril de 2012 al director general de Vitalia, Antonio Albarracín, el "presunto pago de dádivas” efectuado a Francisco Javier Guerrero, como "contraprestación a los servicios" encargados en nombre de la Consejería de Empleo, según apuntaba la instructora en un auto.

La pista sobre el posible pago de comisiones al ex director de Trabajo la aportó en su declaración el ex chófer de Guerrero, Juan Francisco Trujillo, quien antes de ser enviado a prisión aseguró a la instructora que en el año 2007 acudió en dos ocasiones a Madrid para recibir de manos de Antonio Albarracín sendos sobres que contenían una importante cantidad de dinero dirigida al entonces responsable de Trabajo. Según Trujillo, en ambas ocasiones, una de ellas en la estación de Atocha, el director de Vitalia le entregó un sobre de un tamaño folio doblado por la mitad que contenía más de dos dedos de grosor en billetes grandes.Esta declaración coincide con la que ahora ha prestado el testaferro detenido esta semana, quien ha señalado que una vez se desplazó a Madrid para entregar dinero a Albarracín.

Los abogados critican el "desproporcionado" despliegue policial, propio de una "operación antiterrorista"

Varios abogados defensores personados en la causa de los ERE han criticado el "desproporcionado" despliegue policial relacionado con la operación que dirige la juez Mercedes Alaya, al entender que es más "propio de una intervención terrorista que de una actuación por delitos económicos". Los letrados han recordado que, si bien el trato dispensado por los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, ha sido muy correcto con las personas imputadas, el despliegue resulta del todo "desproporcionado", por cuanto algunos de los detenidos han sido sorprendidos cuando se hallaban aún en pijama.