Alaya eleva a 231 el número de implicados en los ERE con dos nuevos imputados por ayudas a EDM

La juez Mercedes Alaya, que investiga el escándalo de los ERE, ha elevado el número de implicados a 231 tras la imputación de otras dos personas en relación con las ayudas concedidas a las empresas Electronics Devices Manufacturer (EDM) y a Innovación y Desarrollo Empresarial Séneca, que comparten el mismo domicilio social en Mancha Real (Jaén) y que según la instructora fueron "bendecidas" con un "reguero" de ayudas de diferentes entes de la Junta por importe de 6.405.932,55 euros.

La magistrada explica en un auto que esas ayudas fueron recibidas en el escaso tiempo de tres años que transcurrió desde su creación, en 2006, hasta su liquidación, que comenzó en 2009, y sugiere que "no sería descabellado pensar que tal benevolencia viniera apadrinada por la influencia de Juan Lanzas Fernández", el conseguidor de los ERE y socio junto a su mujer de la consultoría Prometeo, que mantenía "relaciones societarias" con EDM. Esta empresa abonó a la consultoría del matrimonio Lanzas 26.057,68 euros en el ejercicio 2006 y otros 40.546,48 en 2007.

Alaya investiga en relación con EDM-Séneca un préstamo por importe de 384.841,65 euros que fue concedido con cargo a la partida presupuestaria 31.L, conocida como el fondo de reptiles, y señala que la Consejería de Innovación recibió en octubre de 2008 un escrito de un juzgado de Jaén por el que se ordenaba el embargo de subvenciones. Ante esta situación, Alaya sospecha "indiciariamente” que esto "llevaría a que los responsables de la Junta arbitraran una fórmula para conceder una nueva ayuda a este entramado que no fuera susceptible de embargo". De ahí que, según la instructora, el 29 de diciembre de 2008 el entonces director general de Trabajo Juan Márquez y el director de Idea Jacinto Cañete firmaron un convenio de colaboración para atender el pago de las nóminas de los 145 trabajadores de la empresa. El préstamo se instrumenta mediante un "contrato sin fecha", suscrito por el director de Idea y los prestatarios Juan Ruiz Cobo, en representación de EDM, y María José Cueva Gómez, por Séneca.

La juez destaca el "reguero" de ayudas que recibieron estas sociedades y asegura que a sus responsables "no les importaría contratar para ello, aunque no fueran necesarios, a trabajadores discapacitados con tal de que se ingresara en sus cuentas 12.000 euros por trabajador".

Según el informe elaborado por la Intervención General de la Administración del Estado, el préstamo concedido a EDM-Séneca de 384.841,65 euros constituye una "verdadera subvención a la empresa y no guarda relación alguna con la tramitación de un ERE", ni tampoco consta que fuese sometida a fiscalización previa, por lo que se ha prescindido “total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido”.

La magistrada destaca que estos hechos podrían ser constitutivos de delitos de falsedad en documento oficial, prevaricación y malversación de caudales públicos, entre otros, por lo que acuerda citar como imputados a los representantes de EDM y Séneca, así como ampliar la imputación al ex director general de Trabajo Juan Márquez, al ex director de Idea Jacinto Cañete, y al que fuera director de Finanzas. Todos han sido citados a declarar el próximo 3 de marzo.