Alaya ultima la "exposición razonada" para enviar el caso ERE al Supremo

Es un secreto a voces. La juez Mercedes Alaya lleva varias semanas, incluso meses, trabajando intensamente en la denominada "exposición razonada" que en breve enviará al Tribunal Supremo sobre los ex presidentes de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán y los otros cinco ex consejeros autonómicos que fueron preimputados por la magistrada en la causa de los ERE y que tienen la condición de aforados: José Antonio Viera, Carmen Martínez Aguayo, Manuel Recio Menéndez, Francisco Vallejo Serrano y Antonio Ávila Cano.

La remisión de ese informe al Alto Tribunal es inminente. Cuestión de días. Algunas fuentes apuntan que podría producirse a finales de la semana que se inicia mañana, o la siguiente, la última de julio y previa al éxodo masivo de las vacaciones estivales. De hecho, la juez aprovecha cualquier momento, incluso la de las declaraciones de los últimos imputados -que en su mayoría no llegan a producirse al acogerse a su derecho a no declarar- para corregir ese informe definitivo e incluso para hacer correcciones tipográficas, como el tamaño del título y de los distintos apartados o secciones de ese escrito, según han comentado otras fuentes.

Esa esperada resolución será muy extensa -dicen que Alaya lleva escritos ya alrededor de 300 folios-, acorde con la amplitud de una causa que acumula 201 imputados -sin contar aforados- y más de 300.000 folios. La juez ya ha requerido a la Junta de Andalucía para que le facilite una serie de cajas para el traslado de este voluminoso sumario al Tribunal Supremo, aunque todo apunta a que inicialmente sólo se va a remitir la exposición razonada y cuando así lo solicite el tribunal se le enviaría el sumario completo.

Lo que sí parece claro es que la juez no va a acceder a la petición de la Fiscalía Anticorrupción de dividir la causa en piezas separadas para darle mayor agilidad y remitir únicamente la parte que afecta a los aforados, la denominada del "procedimiento específico" mediante el cual se concedían las ayudas bajo sospecha.

La instructora ha reiterado en varias ocasiones que la macrocausa es inescindible, que no se puede romper el contenido de la causa y ha advertido de los efectos -habla incluso de "caos procesal"- que podrían producirse como el dictado de sentencias contradictorias.

Será con toda probabilidad una inhibición al Supremo tipo boomerang. ¿Por qué? Porque los expedientes que Alaya ha investigado y sigue investigando -recientemente ha ampliado la investigación a los años 2011 y 2012, con lo que ya son 13 los años que se están escudriñando en busca de irregularidades- no abarcan ni el 5% del total de las 401 ayudas que aparecen en la instrucción y que alcanzan los 709 millones de euros.

La propia Fiscalía Anticorrupción, que ha advertido recientemente del "crecimiento desmesurado" de la causa y ha abogado por evitar las dilaciones innecesarias, recordó que en el informe de fiscalización de la Cámara de Cuentas se contabilizan ayudas sociolaborales de prejubilación con 126 expedientes, de los que se pagaron 582.189.272 euros, y ayudas a empresas y a otros por otros 275 expedientes, que supusieron pagos por 127.761.211 euros. Y advertía precisamente de que en la actualidad "no consta la confección e incorporación a las presentes actuaciones de gran parte de los informes de la Dirección General de Seguros y de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil relativos a los expedientes de ayudas sociolaborales financiados por la Junta con cargo a los programas 22E y 31L".

Realmente no llegan a la treintena los atestados entregados por la Guardia Civil en el juzgado, lo que muestra la magnitud de una investigación que, a pesar de llevar en marcha casi cuatro años, se encuentra en unos porcentajes muy escasos por lo que se refiere al global de la investigación. No obstante, es cierto que se ha avanzado en la parte general que afecta al corazón de la causa, con lo que se supone que una vez se vayan recibiendo el resto de los atestados, la toma de declaraciones y el avance de las actuaciones adquirirá una mayor celeridad.

Cuando Alaya envíe al Supremo esta macrocausa, no podrá realizar ninguna diligencia ni actuación nueva relacionada con estas diligencias hasta que haya un pronunciamiento por parte del órgano superior, que tiene varias opciones como asumir la instrucción de la parte que afecta a los aforados, o remitirlo de nuevo a la instructora a la espera de que finalice la investigación de los no aforados. En cualquier caso, Alaya tiene otros frentes abiertos, como el de los cursos de formación, para seguir trabajando sin parar.