La juez Alaya emplaza a Fernández a que "deje de andarse por las ramas"

La segunda jornada de la declaración del ex consejero de Empleo Antonio Fernández se convirtió ayer en un duro debate entre dos planteamientos radicalmente opuestos. El ex alto cargo de la Junta insistió en defender la legalidad del sistema de ayudas públicas en el que se han detectado numerosas irregularidades, mientras que la juez Mercedes Alaya endureció su interrogatorio al imputado, con el que mantuvo una constante discusión a la hora de preguntarle y llegó incluso a pedirle en un determinado momento que "asuma al menos la responsabilidad que le corresponde como consejero" en el escándalo de los ERE fraudulentos.

El interrogatorio de la magistrada fue mucho más intenso y de carácter técnico que el que tuvo lugar en la sesión del viernes, y como quiera que la juez entendía que el ex consejero estaba dando evasivas, le recordó que podía acogerse a su derecho a no declarar, aunque le pidió que si iba a seguir respondiendo debía dejarse de "andar por las ramas", instándole a que asuma su responsabilidad porque, según Alaya, tuvo que tener conocimiento de lo que ocurría con las ayudas públicas puesto que ocupó el cargo de consejero entre 2004 y 2010.

Según algunos abogados el interrogatorio fue en ocasiones bronco, mientras que en otras parecía un "debate intenso", y cuando la juez le reprochó que cómo podía seguir defendiendo la legalidad del sistema a pesar de las numerosas irregularidades, el ex consejero respondió con firmeza: "Se lo digo, se lo afirmo y se lo repito". La juez también recriminó al ex consejero los cambios y variaciones de sus respuestas, hasta el punto de que le dijo que parecía estar "deshojando una margarita".

Fernández insistió en la legalidad del sistema de transferencias de financiación y puntualizó que "no existía ningún criterio jurídico que cuestionara el procedimiento", reiterando que él actuaba bajo criterios políticos para mantener la paz social y teniendo en cuenta las empresas en crisis y lo niveles de desempleo de las zonas.

El ex consejero admitió que las ayudas individuales eran conocidas en los círculos más próximos a la Administración, pero negó que se concedieran únicamente a personas vinculadas al PSOE, y advirtió que a él no le correspondía controlar las subvenciones que se otorgaban.

La magistrada le preguntó si el presidente de la Junta y el Consejo de Gobierno también tenía conocimiento de la concentración de numerosas ayudas en el grupo empresarial de José Enrique Rosendo, a lo que Fernández contestó afirmativamente y añadió que también lo sabían el Parlamento, los partidos políticos y todos los que se leyeran la ley presupuestaria. Sobre estas mismas sociedades de José Enrique Rosendo, la instructora preguntó a Fernández sobre el destino de más de 29 millones de euros a varias "empresas pantalla", que no tenían actividad. Según el imputado, esas ayudas procedían de la etapa de José Antonio Viera, que había visitado la zona en varias ocasiones, aunque apuntó que el nuevo director de Trabajo Juan Márquez, que sustituyó a Francisco Javier Guerrero, llegó a paralizar cuatro o cinco pagos de esas ayudas al detectar que iban dirigidas a empresas "vacías de contenido".

La juez también cuestionó que su departamento concediera en 2004 una ayuda los ex trabajadores de mina La Herrería, que se cerró 16 años antes, en 1988, algo en lo que Fernández dijo que no conocía que esa ayuda se hubiera otorgado, por lo que si se concedió es porque habría "razones" para ello.

La magistrada también le preguntó si tenía conocimiento del interés de la sociedad Rumbo 5 -en la que participan Javier Pérez Royo, el hijo de Chaves y Amparo Rubiales- en construir una urbanización de lujo en los antiguos terrenos de las minas de Riotinto, extremo del que Fernández contestó que no sabía nada.

En cuanto a los reparos que planteó la Intervención General de la Junta al sistema de las ayudas, el ex consejero dijo que se trataba de informes de alegaciones y no de actuación, y añadió que cuando emitieron una respuesta a esos reparos, la Intervención se "aquietó" y no dijo nada más.

Entre las cuestiones por las que fue interpelado Antonio Fernández se encuentran las comisiones que percibieron las aseguradoras, que la instructora considera excesivas porque superaban un 15% la media del sector. El ex consejero dijo que "no consintió" el pago de ese sobrecoste y precisó que "no le parece razonable si fuera así". Fernández admitió que no existía un proceso selectivo de las entidades aseguradoras y las mediadoras que intervenían en la tramitación de las pólizas de las prejubilaciones, y añadió que estas empresas solían "venir de la mano" de los trabajadores porque él no las contrataba.

La juez le preguntó por la relación que tenía con el ex presidente de la Junta Manuel Chaves y con el actual, José Antonio Griñán, a lo que el ex consejero subrayó que se trataba de una relación "cordial pero no de amistad".

La instructora también le preguntó por el supuesto conseguidor de los ERE, el ex sindicalista Juan Lanzas, de quien dijo que no lo conocía y no tenía relación con él, si bien reconoció que la Consejería de Empleo era como "su segunda casa", dado que los sindicalistas acuden con mucha frecuencia a esta Consejería a realizar peticiones o mediar en los conflictos. La juez le refirió que Lanzas ya no era sindicalista, a lo que Fernández matizó que "para todo" sindicalista o ex sindicalista Empleo era como su segunda casa.

El interrogatorio de Fernández prosigue hoy.