Alaya anuncia nuevas diligencias con la "abundante documentación" intervenida en la operación Heracles

La juez Mercedes Alaya, que investiga el escándalo de los ERE fraudulentos, ha anunciado que se practicarán nuevas diligencias gracias a la "abundante documentación" que la Guardia Civil intervino en la operación Heracles, que el pasado 20 de marzo se saldó con 22 detenidos relacionados con el cobro de sobrecomisiones en las pólizas financiadas por la Junta de Andalucía.

En el auto que prorroga por otro mes el secreto parcial que pesa sobre la causa, la juez explica que en la operación Heracles de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha supuesto un "avance importantísimo" en la instrucción, con la práctica de hasta 13 entradas y registros en diferentes domicilios en los cuales se ha incautado “abundante documentación que, lejos de ser culminante, van a suponer un punto y seguido a las diligencias de averiguación que practica la Guardia Civil”.

Así, la instructora argumenta que buena parte de esa documentación incautada se encuentra en soporte informáticos y es "claro que del análisis de esa documentación podrán derivarse nuevas diligencias asociadas en virtud de lo datos que vienen extrayendo".

Alaya justifica la prórroga del secreto durante otro mes más en que debido al conocimiento de las actuaciones por parte de las partes personadas y de las nuevas diligencias que se ordenarán, “podría provocar la destrucción de indicios o fuentes de prueba por parte interesada, anulando la eficacia de la acción policial y judicial”.

Por ello, la magistrada concluye que resulta "imprescindible" prorrogar nuevamente el secreto parcial de las actuaciones, "para asegurar el éxito de la investigación".

En la operación Heracles fueron detenidas 22 personas, de las cuales siete de ellas fueron enviadas inicialmente a prisión, aunque una logró salir de la cárcel tras pagar una fianza de 50.000 euros. Entre los imputados que siguen en prisión destacan el ex director general de Trabajo y Seguridad Social de la Junta Francisco Javier Guerrero, el ex sindicalista y "conseguidor" de los ERE Juan Lanzas Fernández, directivos de la mediadora Vitalia y algunos testaferros de las “empresas pantallas” que según la juez se crearon para dar salida a las sobrecomisiones ilegales cobradas y que la Guardia Civil ha cifrado ya en más de 50 millones de euros.