Alaya desoye otra vez a la Fiscalía y retoma la instrucción de los ERE

Un nuevo desencuentro entre la juez de los ERE y la Fiscalía Anticorrupción. La juez Mercedes Alaya ha decidido ampliar la imputación en el caso a otras 20 personas, entre ellas el que fuera jefe de la asesoría jurídica de la Consejería de Empleo, y ha fijado un maratoniano calendario de nuevas declaraciones, en el que en tan sólo cinco días (22 de septiembre, 23, 24, 25 y 30) ha citado a declarar a 41 imputados: los 20 nuevos implicados más otras tantas personas a las que se ha ampliado la imputación, entre ellas varios ex altos cargos de la Junta. Con estas nuevas imputaciones, que elevan a 227 el número de imputados en el escándalo de los ERE, la juez Mercedes Alaya vuelve a pasar por el alto el criterio expuesto por la Fiscalía Anticorrupción, quien a finales de julio pasado -tan sólo unos días antes de la instructora dictara la exposición razonada enviada al Supremo sobre los aforados- ya advirtió a la instructora de que si no separaba la macrocausa en piezas y decidía enviar el sumario completo al Alto Tribunal debía de "suspender" la tramitación de la causa. En un escrito remitido el 28 de julio, los fiscales advertían a la juez de que si consideraba procedente elevar la causa en su totalidad y defender la inescindibilidad de las actuaciones, "deberá suspenderse la tramitación de la causa, salvo la de aquellas diligencias cuya urgencia o necesidad fuera manifiesta".

En contra de este criterio, la juez ha dictado ahora dos autos, en uno de los cuales comunica al ex vicepresidente de la Junta Gaspar Zarrías y a la ex consejera de la Presidencia María del Mar Moreno su preimputación en la causa, una medida que se produce casi un mes después de que la magistrada incluyera a ambos en la exposición razonada.

En esta resolución, la juez recuerda que el 31 de julio realizó la exposición razonada -que el Supremo no recibió hasta el 12 de agosto- y que el 4 de septiembre acordó que hasta que el Alto Tribunal no resuelva lo procedente sobre su competencia continuaría instruyendo el caso, todo ello "atendiendo al tiempo que puede transcurrir hasta dicha decisión".

Alaya explica que tanto Gaspar Zarrías como María del Mar Moreno, el primero diputado por Jaén y la segunda parlamentaria autonómica por Almería, fueron incluidos en dicho dictamen enviado al Supremo al haberse "objetivado indicios de cierta consistencia o solidez sobre la responsabilidad de ambas señorías por presuntos delitos continuados de malversación y prevaricación". La juez precisa que como el Supremo "puede tardar algún tiempo en resolver sobre su competencia, resulta procedente comunicar a ambos la existencia de la presente investigación y el contenido de la citada exposición". Alaya esgrime dos razones fundamentales para notificar ahora esta preimputación. La primera que Zarrías y Moreno "pudieran resultar en el futuro inculpados por el tribunal superior" y la segunda, "para otorgarles expresamente ahora, mediante la presente resolución, la facultad de asumir la condición de parte, posibilitándoles el traslado de las actuaciones y la participación en las diligencias que se practiquen, así como la petición de todas aquéllas que consideren convenientes para sus intereses, inclusive las que hayan tenido lugar y guarden relación con ellos".

De otro lado, la juez ha dictado un nuevo auto en el que acuerda la declaración de 20 nuevos imputados por los ERE de las empresas Hitemasa, Samec, Primayor e Inverjaén, después de que hace unos días la juez imputara a seis nuevos intrusos relacionados con las ayudas a la Faja Pirítica y al ERE de Springer Arteferro.

En la nueva relación de imputados figura el jefe de la asesoría jurídica de la Consejería de Empleo, Antonio Lamela Cabrera, en relación con las ayudas concedidas el 17 de noviembre de 2011 por importe de 5.026.425,51 euros a Astilleros de Huelva, una subvención por la que en principio se abrió una pieza separada. Según Alaya, esta subvención excepcional fue pagada el 27 de diciembre, al margen de la orden de 1 de abril de 2011, por la que se establecían las bases reguladoras para la concesión de ayudas sociolaborales.

La Intervención delegada en la Consejería de Empleo, precisa Alaya, emitió un reparo por la ausencia de aplicación de esa orden y exigió que se le diera al expediente la tramitación regulada en la misma o que se completara aquel con el informe jurídico que sustentara su inaplicabilidad. Ese informe, de fecha 15 de septiembre de 2011, fue elaborado por el jefe de la asesoría jurídica "a instancias del viceconsejero Justo Mañas" y siguiendo "indiciariamente las instrucciones políticas" de éste último, del que dependía jerárquicamente, sostiene la juez.

Alaya critica que el informe justifica la inaplicabilidad de la orden bajo el "peregrino argumento de que las subvenciones de la orden de abril de 2011 sólo pueden solicitarla los trabajadores, no las empresas, como sucedía en el caso de Astilleros".

Para la juez, el razonamiento era cuanto menos "paradójico", pues resultaba que la Consejería de Empleo había estado "más de diez años negando que la beneficiaria de las ayudas fuera la empresa, y ahora se esgrimía ese argumento para negar la aplicación de la normativa reguladora a una subvención, cuando disponía el artículo de la citada orden que será requisito necesario para poder acceder a las ayudas la superación de una fase preliminar y que la misma se iniciara a petición conjunta de la empresa y los trabajadores o sus representantes". Para Alaya, se "omitió deliberadamente" el procedimiento aplicable por la Consejería y el entonces consejero Manuel Recio dictó una orden favorable en la que se declara expresamente que de la ayuda de 5.026.425,51 euros serán beneficiarios "los trabajadores incluidos en el colectivo A, B y D recogidos en los anexos de la presente resolución".

Por los ERE de Hitemasa de 2001 y 2004, que afectaron a 191 trabajadores y acarrearon un coste de 32,2 millones, la juez ha imputado a otras 14 personas, entre ellas los que fueran presidentes del consejo de administración de la empresa Manuel Márquez Sáez y Antonio Moreno Tejón, a varios consejeros y a ocho intrusos.

En cuanto a Samec, Alaya ha imputado al gerente, Marcos Guerra Escobar, y a Rodolfo Verginella Colombin, administrador de hecho y apoderado de Samec.

La instructora ha imputado al jefe de personal de Primayor, Luis Sobrino, al director de Recursos Humanos, Felipe Monforte Hernández, y al director general, Ramón Portal María, y ha ampliado la imputación a otros ex altos cargos, como el ex consejero Antonio Fernández, el ex viceconsejero Agustín Barberá o el ex director de Trabajo Javier Guerrero.