La juez Alaya amplía la investigación de las ayudas de la Junta a otras 40 empresas

La titular del juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, Mercedes Alaya, ha ampliado la investigación de las ayudas de la Junta a otras 40 empresas, que percibieron entre los años 2002 y 2010 más de 30 millones de euros, y ha solicitado a la Consejería de Empleo que remita una copia compulsada e íntegra de estos expedientes, que se suman a los 67 que ya investigaba relativos a los Expedientes de Regulación de Empleo (ERE) y ayudas concedidas por la Adminitración autonómica. De esta forma, el volumen de empresas investigadas en relación con el denominado "fondo de reptiles" alcanza las 107.

En un auto que tiene fecha del pasado 14 de septiembre, la magistrada requiere a la representación legal de la Junta para que aporte "directamente" al juzgado los expedientes relativos a la ayudas concedidas a otras 40 empresas, por un importe de 30.089.518 euros.

Entre los expedientes de ayudas reclamados ahora por la juez se encuentran los de Cervezas Alambra, que percibió 3.743.000 euros en 2003 y 559.000 en 2010; la federación regional de industrias afines de UGT, con más de un millón de ayudas entre 2009 y 2010; Minas de Riotinto; así como de varias sociedades de El Pedroso (Sevilla), localidad vinculada al ex director general de Trabajo y Seguridad Social y uno de los principales imputados en el caso, Francisco Javier Guerrero Benítez.

La magistrada también ha pedido a la Junta que remita copias de los contratos de servicios y facturas por asesoramiento de varias empresas relativas a los años 2001 y 2002, por importe de más de dos millones de euros.

De otro lado, la dirección general de la Seguridad Social del Ministerio de Trabajo ha solicitado a la juez Alaya que le permita personarse en la causa con la finalidad de "defender los intereses de la Seguridad Social y el interés general".

En un escrito remitido al juzgado, en contestación a la petición de información realizada por la instructora, el directo general de la Tesorería de la Seguridad Social, Javier Aibar Bernad, recuerda a la magistrada que este organismo solicitó personarse en el procedimiento, a través del servicio jurídico de la Seguridad Social, pero la personación fue rechazada.

"Esta dirección general considera que la posibilidad de dicha personación, hubiera permitido una colaboración más rápida y fructífera entre ese juzgado y esta dirección general", precisa el escrito, que reitera la petición para que se le permita personarse "al objeto de permitir a esta Dirección General la defensa de los citados intereses".

La respuesta de la juez Alaya ha consistido en volver a requerir a la Seguridad Social para que remita a la Guardia Civil "toda aquella información que se les solicite en e marco de las investigaciones que se le tienen encomendadas, entre las que se encuentra comprobar la efectiva prestación de servicios, por cuenta propia o ajena, de trabajadores incorporados como beneficiarios" en los ERE vinculados a empresas en crisis.

En el escrito de la Seguridad Social se solicitaba al juzgado una relación de los trabajadores afectados por la investigación, pero la juez recuerda que precisamente entre los fines de la investigación está indentificar "quien o quienes son estos trabajadores, por lo que difícilmente pueden ser relacionados y anticipados a la Dirección General".

La juez asegura incluso que no consta en la causa ningún documento instando la personación de la Seguridad Social ni ninguna resolución del juzgado pronunciándose sobre su procedencia.

El auto de la juez Alaya también ha solicitado el auxilio de la unidad Antifraude de la Agencia Tributaria, para que colabore en la investigación que la instructora ha encomendado a la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil.