Alaya también señala a Zarrías y a Mar Moreno en su escrito de los ERE

Aunque por razones diferentes, la juez Mercedes Alaya ha terminado por señalar ante el Tribunal Supremo a toda la cúpula de los gobiernos de la Junta entre los años 2001 y 2012. En 2001 comenzaron a concederse las primeras ayudas de los ERE de acuerdo con un convenio firmado en la Consejería de Empleo. Además de preimputar a los ex presidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán, la juez ha incluido en su escrito enviado al Tribunal Supremo a los ex consejeros de Presidencia Gaspar Zarrías (1996-2009) y Mar Moreno (2010-2012). Antonio Ávila, que ocupó el cargo entre uno y otra, también ha sido señalado, pero por su labor como director de Presupuestos. Fue Ávila, sin embargo, en octubre de 2012, y ya como consejero de Economía, el que cambió el sistema de los ERE mediante un decreto ley que reforzaba los controles y eliminaba el pago a intermediarios.

Siendo Moreno consejera de Presidencia, también se aprobó en abril de 2010 una orden que introdujo los criterios de transparencia y concurrencia. Nada de esto ha sido considerado por Alaya al incluir a Moreno por ser consejera de Presidencia -segunda en el escalafón- durante un tiempo en el que, según la instructora, se mantuvo el sistema ilegal.

La exposición razonada remitida al Supremo por Alaya por el caso de la trama irregular de ERE en Andalucía se refiere a un total de nueve ex altos cargos aforados, al sumarse a los siete preimputados inicialmente por la magistrada los exconsejeros de Presidencia Gaspar Zarrías y Mar Moreno, según confirmaron ayer fuentes del tribunal. La instructora ha utilizado el término preimputado para señalar en un auto a personas aforadas, a las que no puede investigar, pero a las que les ofrecía tomar declaración si lo considerabanconveniente. Ha sido una forma de señalar su presunta vinculación penal con el caso. A Mar Moreno le sucedió en el cargo la actual presidenta, Susana Díaz. Fue durante los meses que ocupó este puesto cuando el 16 de octubre de 2012 se modificó el sistema mediante un decreto ley. Durante el tiempo en que Moreno ejerció en esa Consejería, se aprobaron las últimas ayudas, entre otras, a los astilleros de Huelva.

El escrito de la juez ya ha sido remitido a la denominada Sala de Vacaciones del alto tribunal, aunque será a partir del 1 de septiembre cuando la Sala de lo Penal dé su traslado a la Fiscalía para que se pronuncie sobre la admisión a trámite de la causa.

Con independencia de si el material remitido por Alaya supone o no la integridad de la causa de los ERE, será la Sala de lo Penal la que decida, en el caso de ver indicios de delito sobre alguno de los aforados, si se queda con todo el procedimiento o únicamente con la parte referida a estas personas.

Los preimputados por la juez de Sevilla que responden directamente ante el Supremo serían en principio los ex presidentes Chaves y Griñán, diputado y senador respectivamente; a los que se sumarían los también miembros electos del Congreso de los Diputados José Antonio Viera y Gaspar Zarrías. Otra decisión a adoptar también por el Supremo, según las mismas fuentes, sería la de arrastrar con los anteriores a la investigación en este órgano de los otros cinco exconsejeros preimputados, que en principio deberían responder ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA): Carmen Martínez Aguayo, Francisco Vallejo, Antonio Ávila, Manuel Recio y Mar Moreno.

En todo caso será la Sala de lo Penal la que adopte todas estas decisiones por encima de la opinión de la magistrada, que ya ha manifestado en varias de sus resoluciones su negativa a que la causa sea troceada en contra del criterio de la Fiscalía Anticorrupción. Se da la circunstancia de que el tribunal que deberá adoptar todas estas decisiones contará con toda probabilidad en dicho momento con un nuevo presidente, ya que el actual Juan Saavedra será renovado el próximo 23 de septiembre.

Los candidatos a sustituirle son el ex fiscal general del Estado Cándido Conde-Pumpido y los magistrados de esta Sala Miguel Colmenero y Manuel Marchena, siendo este último el que más posibilidades parece tener. La juez Alaya ha puesto este caso en manos del Tribunal Supremo después de que el pasado 30 de julio la Audiencia de Sevilla rechazara la petición de la Fiscalía Anticorrupción para que el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares se dividiera en piezas separadas.