Alaya acusa a Ojeda de lograr 33 millones de la Junta "en poco más de año y medio"

La juez Mercedes Alaya, que investiga las presuntas irregularidades en la concesión de subvenciones de la Junta para la realización de cursos de formación destinados a los desempleados, ha acusado al ex consejero de Hacienda Ángel Ojeda Avilés de usar "sus influencias en la Junta" para hacerse con ayudas por importe de más de 33 millones "en poco más de año y medio" en relación con la formación de los ex trabajadores de Delphi.

Tal y como adelantó este periódico en su edición de ayer, Alaya se ha colocado a la vanguardia de las investigaciones de los cursos de formación con la imputación en la causa de Ángel Ojeda, segundo alto cargo que tendrá que declarar en relación con las subvenciones públicas dirigidas a la formación de parados tras la implicación del ex consejero de Empleo Antonio Fernández.

En el auto dictado el pasado día 11, la magistrada fundamenta la imputación de Ángel Ojeda -que ya fue detenido en agosto pasado por otro juzgado de Cádiz por los mismos hechos que investiga Alaya desde hace más de un año- en el informe de la dirección general de la Inspección de Trabajo, que alertó del "grave perjuicio" que se había ocasionado para el patrimonio de la Seguridad Social, al presupuesto del servicio de empleo estatal y para el presupuesto de la Junta de Andalucía por conceder ayudas a la formación incumpliendo la normativa específica prevista para estas subvenciones otorgadas a las empresas de Ángel Ojeda.

Dice Alaya que "en poco más de año y medio" las entidades pertenecientes a Ojeda, integradas todas en el grupo Prescal, habrían recibido con cargo al programa 32D del plan para los ex trabajadores de la multinacional automovilística Delphi la suma de 33.309.789,16 euros en concepto de "subvenciones excepcionales a la formación y a la contratación", todo ello a través de cinco asociaciones controladas por el ex alto cargo autonómico: AEA (Asociación de Empresas Aeronáuticas); Humanitas (Asociación de apoyo a la Integración); Innova (Asociación para la Sociedad de la Información); Inteca (Asociación para la Calidad Europea); y Natura (asociación para el Apoyo al Medio Ambiente).

Las ayudas fueron otorgadas el 10 de agosto de 2009 y el 3 de diciembre de 2009 y habrían sido obtenidas por Ojeda, precisa la magistrada, "gracias a sus influencias en la Junta de Andalucía en virtud de sus antiguos cargos y contactos".

Como recoge el informe de la Inspección de Trabajo, Alaya argumenta que pese a que las subvenciones se otorgaban para la contratación de los antiguos trabajadores de Delphi, además de la realización de acciones formativas, esa relación laboral fue "simulada", habiendo presentado tales asociaciones una cuenta justificativa a la Administración de haber destinado 17.921.250 euros a pagar salarios y seguros sociales.

El resto se dedicó a actividades de formación, a través de la subcontratación de otras empresas de Ojeda, pero Alaya advierte de que esa subcontratación "no estaba autorizada en la resolución de concesión, ni podía realizarse al tratarse las citadas asociaciones de entidades docentes y de entidades vinculadas con las empresas subcontratadas".

La magistrada apunta asimismo en el acto que la subcontratación se realizaría con la intención de "canalizar y distribuir los fondos obtenidos ilícitamente entre diferentes empresas del grupo a fin de ocultar el verdadero destinatario de los fondos". Las empresas que Alaya cita en el auto relacionadas con el ex consejero son siete: Prescal S. L., Qualitaire Consulting S. L., Inspecciones Técnicas Internacionales S. A., Forpe, Educanet S. L., Agrupación de Ingenierías Aeronaúticas S. L. y Agrupación de Empresas Aeronáuticas S. L.

La instructora concluye que los hechos podrían ser constitutivos de sendos delitos continuados de prevaricación y malversación de caudales públicos, en su condición de extraneus. Alaya no ha citado aún a declarar a Ángel Ojeda hasta que reciba la documentación solicitada en la causa, entre la que se encuentra el atestado realizado por la Brigada Central de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional que propició en agosto pasado la denominada operación Óscar, en la que fueron detenidas nueve personas, entre ellas el ex consejero de Hacienda entre 1987 y 1990 en tiempos de Rodríguez de la Borbolla como presidente del Gobierno andaluz.