Alaya embarga otros dos bienes a Magdalena Álvarez para garantizar la fianza de 29,5 millones

El juzgado de Mercedes Alaya ha embargado otros dos bienes inmuebles a la ex ministra de Fomento Magdalena Álvarez para intentar cubrir los 29,5 millones de fianza de responsabilidad civil que la instructora le impuso tras su imputación en la causa de los ERE fraudulentos, una medida que viene a completar la acordada en mayo pasado cuando fueron embargados seis bienes y cinco cuentas corrientes de la imputada.

En un decreto del juzgado de Instrucción numero 6 de Sevilla que tiene fecha del pasado 10 de julio, la secretaria judicial explicar que dado que los bienes designados inicialmente no eran suficientes para cubrir la fianza, se procedió a la averiguación de los bienes de Magdalena Álvarez fruto del Punto Neutro Judicial.

De acuerdo con esa nueva investigación, el juzgado ha decido ahora embargar la mitad indivisa de una finca ubicada en la Playa del Moral, en Estepona (Málaga), y el 50% del pleno dominio de una plaza de aparcamiento y un trastero en la Calle Torneo de Sevilla.El decreto del juzgado también modifica un embargo anterior de la vivienda y un local comercial en la calle Cea Bermúdez de Madrid, después de que el registro de la propiedad haya devuelto el embargo que se acordó, ya que las mismas pertenecen en un 75% a Magdalena Álvarez, “lo cual no coincide con la del 50% y 0,23% de las mismas designadas” por la imputada en su día y que fue el embargo que se decidió en mayo pasado.

El decreto recuerda la ley de Enjuiciamiento Civil establece una relación u orden a seguir en el embargo, pero “procurando tener en cuenta la mayor facilidad de su enajenación y la menor onerosidad de ésta para el ejecutado”, principios que, según señala, junto a otro que determina el embargo de los bienes que se consideren necesarios además de los designados, son los que “se tienen que barajar y combinar en la presente resolución”. Por todo ello, el juzgado ha acordado la mejora del embargo sobre los bienes de Magdalena Álvarez sobre los dos bienes inmuebles que han surgido de la averiguación patrimonial efectuada y la modificación de la proporción sobre los otros dos.

Esta mejora del embargo se produce cuando la Audiencia de Sevilla aún no ha resuelto sobre el recurso que presentó la ex consejera contra la imposición de esta fianza, una decisión que el tribunal revisará en la semana del 28 de julio.

En mayo pasado, el juzgado ya había ordenado el embargo de las propiedades que comparte la ex consejera de Hacienda, en concreto cuatro viviendas ubicadas en Málaga, Benalmádena, Madrid y Sevilla, así como un porcentaje de un local comercial en Madrid y otro inmueble en Estepona (Málaga).Además, el juzgado embargó cinco cuentas corrientes, dos de ellas del banco Sabadell, una de La Caixa, otra de Caja Laboral, y la última en Luxemburgo, en concreto del Banque et Caisse D’Epagne de L’etat Luxembourg. De la misma forma, se fijó el embargo telemático de los saldos bancarios que ostente la ex consejera en todas las entidades adheridas a la plataforma del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y de las devoluciones pendientes de recibir de la Agencia Tributaria.

El decreto de mayo pasado señalaba que esos seis bienes inmuebles –cinco de ellos en mitades indivisas- y las cinco cuentas corrientes, en principio "no se estiman suficientes teniendo en cuenta las cantidades que se le exigen", de ahí que se acordara el embargo vía telemática de los saldos y las devoluciones pendientes, además de ordenar que buscaran "más bienes inmuebles, por si los tuviere y resultare infructuoso este último, para lo cual se procederá a la averiguación patrimonial integral de bienes mediantes la aplicación informática del Punto Neutro Judicial (CGPJ)".

Alaya explicó en el auto en el que impuso la fianza a Magdalena Álvarez que para la imposición de esta medida había tenido en cuenta que el fumus bonis iuris (o aroma de buen derecho) tan sólo exige la apariencia de antijuricidad de los hechos realizados por los inculpados y la juez considera que esa apariencia "resulta con claridad de los hechos indiciaria y extensamente expuestos en sus respectivas imputaciones judiciales previas a sus declaraciones, de las que cabe deducir la probabilidad cierta de que pudieran ser condenados en un futuro por los hechos que hoy se investigan".Decía la juez que la inculpada, en virtud de los cargos que ostentó y durante el tiempo que prestó servicios en la Consejería de Economía, "sería promotora, en connivencia con otros, del procedimiento ilegal de concesión de subvenciones sociolaborales que se instaurarían en la Administración autonómica desde el año 2000 y que perduraría hasta el año 2011".

La juez insistía en que las transferencias de financiación eran un procedimiento "legalmente inadecuado" para el otorgamiento de las subvenciones, pues su finalidad era financiar operaciones genéricas de los entes o empresas públicas. La consecuencia de la utilización de este sistema era que la Consejería de Empleo no tramitaba expedientes de subvenciones, sino expedientes de transferencias de financiación al IFA, "con vulneración flagrante del procedimiento legalmente establecido" y "eludiendo los férreos requisitos legales de tramitación y fiscalización propios de las subvenciones públicas", mientras que en el caso de las transferencias sólo era necesario comprobar la existencia de "crédito suficiente y adecuado y emitir la orden de traspaso de fondos" en virtud de un calendario de pagos autorizado por la Dirección General de Tesorería, basándose únicamente en estos extremos la fiscalización del expediente.

Alaya insiste en que el "uso ilegal" de los fondos públicos se "permitiría por los inculpados, a sabiendas de que en virtud de dicho procedimiento la concesión de subvenciones sociolaborales necesariamente se realizaría con absoluta discrecionalidad, y de forma totalmente opaca, incumpliendo los más elementales principios de actuación de la Administración consagrados en el Estatuto de Autonomía", como la imparcialidad, transparencia y no discriminación y otros principios de publicidad, libre concurrencia, objetividad e igualdad. De esta forma se convirtieron, prosigue la juez, las subvenciones concedidas al margen del procedimiento legal en "desplazamientos de fondos públicos a terceros por mera liberalidad", es decir, por mero desprendimiento.

La ex consejera de Economía y Hacienda de la Junta Magdalena Álvarez –que ocupó el cargo entre 1994 y 2004- declaró en dos ocasiones ante la juez Alaya, la última en noviembre de 2013 donde volvió a defender su gestión en la Administración autonómica y mostró además su "total desacuerdo" con la imputación que le realiza la instructora, que le atribuye delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos. Esa segunda comparecencia se produjo después de que la Audiencia de Sevilla decidiera anular su imputación por falta de motivación de la resolución por la que fue imputada en la causa y por la que declaró inicialmente el 8 de octubre de 2013.