La juez Alaya imputa a Magdalena Álvarez y apunta a Chaves y a Griñán

La juez Mercedes Alaya, que investiga el escándalo de los ERE fraudulentos y el cobro de comisiones ilegales, ha imputado a veinte cargos de la Junta de Andalucía, entre ellos la ex consejera de Hacienda y Economía, Magdalena Álvarez, y el actual viceconsejero de Presidencia Antonio Vicente Lozano Peña, uno de los hombres más próximos al presidente de la Junta, José Antonio Griñán.

En el listado de los veinte nuevos imputados en el escándalo de los ERE, la juez incluye además cuatro viceconsejeros de Hacienda, Empleo e Innovación (José Salgueiro, Justo Mañas, Gonzalo Suárez y Jesús Rodríguez Román); tres secretarios general técnicos de la Consejería de Empleo; cinco directores generales del IFA/IDEA, entre ellos el actual; y otros cargos como el ex interventor general de la Junta Manuel Gómez Martínez, que comparecerá ante la magistrada el próximo 25 de julio. En el listado de imputados no figura, por el momento, ningún aforado.

En el auto notificado este martes a las partes, la juez Alaya advierte que ha “llegado el momento de dar un paso cualitativo en la instrucción y determinar la participación en los hechos investigados de otras personas que, en la ejecución de sus respectivas competencias, habrían permitido el uso indebido de las transferencias de financiación, con las consecuencias del dispendio continuado de fondos públicos que indiciariamente se ha venido observando a lo largo de la presente instrucción”.

La juez considera que, a través de las investigaciones practicadas resulta “claro” que la utilización a través de la modificación presupuestaria o a través de los presupuestos de la comunidad autónoma de las transferencias de financiación para el pago de las ayudas sociolaborales “habría permitido la concesión de subvenciones al margen de su normativa reguladora, en la que se requiere la fiscalización previa por parte de la Intervención”.

La imputación de la ex consejera de Hacienda y ex ministra de Fomento se deriva, según Alaya, en que fue la persona que “dictó las normas en las que se recogía el concepto presupuestario de las transferencias de financiación a través de la orden de 4 de junio de 2003”, aunque la transferencia de financiación venía utilizándose para el pago de ayudas sociolaborales desde 1999 a 2001, anualidades en las que las citadas transferencias “no se citaban en las leyes de presupuestos como concepto de financiación, pero los créditos para pagos de las ayudas sociolaborales se realizaban mediante modificaciones presupuestarias”. La juez recuerda que de acuerdo con la ley corresponde al consejero de Hacienda “velar por la ejecución del presupuesto y por los derechos económicos de la Hacienda de la Comunidad, ejerciendo las acciones económico-administrativas y cualquiera otras que la defensa de tales derechos exijan, con respeto absoluto a los principios de legalidad y eficacia”.

Con esta argumentación, Alaya ha imputado a Magdalena Álvarez y al que fuera su viceconsejero entre 1990 y 2004, José Salgueiro.

En cuanto a la imputación de Antonio Vicente Lozano Peña, actual viceconsejero de Presidencia y uno de los hombres del entorno del presidente Griñán, la instructora considera que éste, como director general de Presupuestos “tendría una importante intervención en las modificaciones prespuestarias y en los prespuestos de la comunidad autónoma donde se mantendría durante muchos años las transferencias de financiación como crédito preuspuestario para el pago de las subvenciones del programa 31.L”, partida conocida popularmente como el “fondo de reptiles”.

La imputación del que fuera interventor general de la Junta durante diez años (2000-2010) se produce por el “indiciario conocimiento del uso indebido de las transferencias de financiación para el pago de ayudas sociolaborales y de los desfases presupuestarios que ello estaba generando”.

La imputación de los directores generales del IFA e IDEA viene explicada en el auto porque a partir de 2004, el IFA pasa de ser un ente perteneciente a Empleo a depender de Innovación, y en ese momento, los “responsables de la consejería de Innovación de vieron tener conocimiento del déficit de financiación que existía en IDEA de las ayudas del programa 31L, ya que por ejemplo en el año 2005 en la memoria de las cuentas anuales de dicha agencia, figuraba que se adeudaban más de 95 millones de euros por las subvenciones concedidas por la Dirección General de Trabajo, pues parece ser que desde 2002 a 2010, debido al déficit existente en la financiación de las ayudas, la agencia IDEA tuvo que anticipar los fondos necesarios para realizar los pagos ordenados por la Consejería de Empleo”. Esto justifica, según Alaya, la imputación de los viceconsejeros de Innovación y de los responsables de IDEA.

En el auto, la instructora también ha citado a declarar para este próximo jueves al abogado Carlos Leal Bonmati, que dirige el bufete sevillano Estudios Jurídicos Villasís, y que es el último de los imputados en la operación Heracles de la Guardia Civil que aún no había comparecido ante la magistrada.