Alaya impone a Guerrero una fianza de responsabilidad civil de 686 millones

La juez Mercedes Alaya ha impuesto una fianza de responsabilidad civil de 686.190.686,36 euros al ex director general de Trabajo y Seguridad Social de la Junta Francisco Javier Guerrero, que permanece en prisión provisional desde el pasado día 10 imputado por el escándalo de los ERE. Esta fianza está dirigida a garantizar las posibles responsabilidades pecuniarias por los posibles perjuicios ocasionados al erario público por su actuación en la concesión de unas ayudas públicas que la instructora considera ilegales, en tanto en cuanto se otorgaron "completamente huérfanas" del procedimiento legalmente establecido.

La fianza impuesta es algo inferior a los 933 millones de euros que había solicitado la Fiscalía Anticorrupción, ya que la juez sólo ha tenido en cuenta las ayudas sociolaborales concedidas por el ex director general de Trabajo y no las que pudo comprometer para futuros mandatos, ya que, según precisa la instructora, los "sucesivos directores generales y sus superiores pudieron advertir la presunta ilegalidad de los expedientes de ayudas iniciados por aquel, no continuando los pagos y en su caso, poniendo en marcha los procedimientos de reintegro". Dice la juez que esto pudo ser advertido por estas personas porque el propio Guerrero reconoció en su declaración que las ayudas eran "absolutamente discrecionales, que solamente eran concedidas a entidades próximas a la Administración" y por tanto las mismas estaban "completamente huérfanas del procedimiento legalmente establecido que era el de la subvención excepcional".

En un auto notificado este viernes, la juez Mercedes Alaya también ha acordado rechazar la petición realizada por la defensa de Guerrero para que se apartara del procedimiento a la Junta de Andalucía, personada como acusación particular, y pasara a ser considerada como responsable civil subsidiario, al entender la defensa que los posibles delitos se cometieron en el ejercicio de su cargo como director de Trabajo y por tanto debería responder la Administración autonómica.

La instructora seña a este respecto que un plano teórico la Junta podría tener la doble condición de perjudicada y presunta responsable civil subsidiaria, pero en el plano real, "los verdaderos perjudicados u ofendido por los delitos que aquí se investigan, con independencia del buen nombre de una determinada institución pública, son los ciudadanos de este país en virtud del principio de solidaridad interterritorial consagrado por la Constitución Española, y más concretamente los de esta Comunidad Autónoma". La magistrada continúa diciendo que si se declara la responsabilidad civil subsidiaria de la Junta, se daría la "paradoja" de que los únicos a los que podría beneficiar serían los futuros acusados en caso de no hacer frente a sus propias responsabilidades, "mientras que los ciudadanos se verían doblemente perjudicados, primero por el presunto despilfarro dilatado en el tiempo de dinero público, y segundo por tener que hacer frente mediante el abono de sus tributos, a la cantidad en la que se concrete la responsabilidad civil subsidiaria, cuyo importe se aplicaría al pago de la misma, en vez de a los fines públicos e interés general a los que por naturaleza deberían ser destinados".

Esta conclusión, aclara Alaya, encuentra su fundamento en una reiterada doctrina del Tribunal Supremo, por lo que la magistrada subraya que la declaración de la Junta como responsable civil subsidiario "podría lesionar nuevamente el interés jurídico de los administrados por esta última" y esa declaración "deberá ser ponderada en el momento que corresponda (y que desde luego no es en fase instrucción), teniendo en cuenta el doble perjuicio enunciado".

La resolución impone la fianza civil a Francisco Javier Guerrero al valorar la juez una triple argumentación.

En primer lugar, apunta los "sólidos indicios" que existen contra el ex alto cargo, lo que lleva a la juez a decir que "efectuando un cálculo de probabilidades es previsible que pudiera ser condenado". La juez también destaca el peligro del daño derivado del "inevitable retraso en la resolución definitiva de la causa", en la que advierte que el enjuiciamiento de los hechos por la extensión de la investigación se "demorará más allá de lo deseable". Y por último, Alaya dice que ha tomado en especial consideración el "principio de proporcionalidad" a la hora de determinar las medidas cautelares.

La juez aclara que la finalidad de la fianza de 686 millones que impone a Guerrero no es otra que la "devolución de las ingentes cantidades de dinero que de manera presuntamente ilícita han salido del erario público". En la cifra señalada por la magistrada se incluyen 456 millones por las ayudas sociolaborales -incluidas las facturas de asesoramiento a empresas "sin que en principio conste causa legal para ello"-, otros 59 millones por ayudas directas a empresas, así como tres millones más por el pago de las primas a determinados intrusos y cuatro millones en relación con "pagos cruzados" ordenados por Guerrero y que no constan en la contabilidad de IDEA.

De otro lado, el juzgado ha concedido un plazo de diez días a otros 16 imputados, entre ellos el ex alcalde de El Pedroso (Sevilla) Rafael Rosendo y otras personas que percibieron ayudas como intrusos, como María del Carmen Fontela o la suegra de Guerrero, Victorina Madrid Pisabarro, para que designen bienes de su propiedad para proceder a su embargo en cumplimiento de las fianzas que se le impusieron en su día.