Alaya imputa al secretario de Fiteqa de CCOO José Luis Montesinos y a otras 14 personas más en la causa de los ERE

Sevilla/La juez Mercedes Alaya ha imputado en la causa de los ERE al secretario general de la Federación de Industrias Textil-Piel, Químicas y Afines (Fiteqa) de CCOO, José Luis Montesinos Moreno, y a otras 14 personas, entre ellas cinco nuevos intrusos detectados por la Guardia Civil en uno de los últimos atestados remitidos al juzgados.

En un nuevo auto, Alaya ha acordado la imputación de José Luis Montesinos Moreno porque sería “responsable de la inclusión” en las pólizas de algunos de los miembros de este sindicato y cita como ejemplo el caso de Rosario Esteban Ruiz, viuda de José Manuel Cuesta Sánchez, vinculado a Fiteqa-CCOO, quien se beneficiaría de una póliza suscrita con Fortia Vida en la que el tomador y responsable del pago sería Vitalia.

La inclusión de estas personas vinculadas a los sindicatos se produciría, según explica la juez, porque las organizaciones sindicales se convirtieron para Vitalia en una “importante fuente de información sobre empresas en crisis que pudieran estar interesadas en procesos de reestructuración de plantilla y a cambio recibirían dinero de esta consultora, bajo la justificación de ‘toma de datos de los trabajadores’ o incluso ‘cálculos (actuariales) de contraste’”. La magistrada señala que de las diligencias policiales presentadas por la Guardia Civil y particularmente de la documentación recogida por la Policía Autonómica de Cataluña, “se desprende que se formalizaron pólizas a miembros de los sindicatos en las que figuraba como tomador la propia mediadora Vitalia, quien asumiría el pago de las primas como contraprestación a la ayuda e influencia de los sindicatos en la elección de la consultora para actuar en los procesos de reestructuración laboral”.

Además de estas nuevas 15 imputaciones, la instructora ha ordenador la detención y presentación en su juzgado del administrador único de Gestifesa, J. A. M. M., una empresa en la que llegó a trabajar el que fuera director general de Trabajo y uno de los principales imputados en la causa Francisco Javier Guerrero.

Alaya precisa que el objeto social de Gestifesa sería la “gestión de subvenciones” y añade que la empresa recibiría “procedentes de los fondos públicos andaluces y por influencia de Francisco Javier Guerrero, cantidades por prestación de servicios consistentes en planes de vialidad de las empresas Refractarios y Derivados, Azahara Textil –del que no hay constancia- e Hitemasa, cuando los mismos debían haber sido satisfechos” por estas empresas, a menos que la Administración Pública hubiera suscrito el oportuno contrato de servicio, precisa Alaya.

Entre los 15 nuevos imputados también figura Manuel Morales Larrubia, actual secretario general de la Federación Provincial de Jaén de Metal, Construcción y Afines (MCA-UGT), vecino de La Carolina, que fue incluido a instancias del director de Vitalia Antonio Albarracín en las pólizas derivadas de las ayudas concedidas a las empresas Gres Vilches para la que no había trabajado.

Otro de los nuevos imputados es Francisco Moyano Toro, gerente provincial en Córdoba de la Federación de Cooperativas de Trabajo Faecta, empresa que, recoge Alaya, “presuntamente sería beneficiaria de una subvención de 120.202 euros sin mediar solicitud alguna”, en virtud del convenio suscrito el 18 de julio de 2001, al día siguiente del convenio marco que durante años reguló las ayudas, para “ejecutar un plan de viabilidad inexistente, justificando inadecuada y falsariamente la aplicación dada a la cantidad recibida”, en relación al plan de viabilidad para los ex trabajadores de Azahara Textil de Córdoba para la reinserción de 39 trabajadores al sector de la automoción. Dice la magistrada que al final se impartió a los ex trabajadores cursos de prevención de riesgos laborales y gestión de empresas cooperativas, al tiempo que se facturó por el alquiler de locales cuando los cursos fueron impartidos en dependencias del Ayuntamiento de Córdoba cedidas gratuitamente; y además aunque la duración de los cursos fue de tres meses, el alquiler y las nóminas se correspondieron con seis mensualidades, unas irregularidades que fueron detectadas por la propia Junta de Andalucía pero a pesar de ello el 15 de febrero de 2013 el consejero de Economía “declara la no procedencia de nulidad del convenio de colaboración, al considerar que Faecta no fue auténtica beneficiaria de la ayuda, por lo que acuerda no exigir el reintegro de la subvención concedida”.

Alaya ha pedido igualmente a la Guardia Civil que requiera a Faecta para que entregue el organigrama de la sociedad “a nivel regional”.

La juez ha citado a declarar para las próximas semanas a algunos de los nuevos imputados, como José Luis Montesino, que ha sido citado el próximo viernes.

De otro lado y tras recibir el informe sobre las ayudas concedidas a los empresarios de la Sierra Norte de Sevilla José Enrique Rosendo y José María Sayago, la juez les ha citado a declarar para el próximo 29 de abril.