Aguilera se acoge a su derecho a no declarar porque Alaya no le deja estudiar la imputación

Caso de los ERE

El sindicato Manos Limpias reclama más de 26 millones de fianza civil para el ex director de Presupuestos, imputado por prevaricación y malversación de caudales públicos.

Alaya repite la imputación a los ex altos cargos que anuló la Audiencia
Alaya repite la imputación a los ex altos cargos que anuló la Audiencia
Jorge Muñoz

24 de septiembre 2013 - 10:50

El ex director general de Presupuestos de la Junta entre 2009 y 2012 Buenaventura Aguilera se ha acogido este martes a su derecho a no declarar ante la juez Mercedes Alaya, que investiga el escándalo de los ERE fraudulentos, después de que la instructora rechazara acordar un receso de 30 minutos para que el imputado pudiera estudiar la imputación, según ha denunciado su abogado, José María Mohedano, que considera que Alaya ha vulnerado el derecho a la defensa y a la asistencia letrada de su cliente. Tanto Aguilera como su letrado se han negado a firmar el acta de la declaración, al estimar el abogado defensor que la misma "no refleja fielmente" lo que ha sucedido en el acto.

La comparecencia de Buenaventura Aguilera se producía después de la que tuvo lugar el pasado jueves, cuando el anterior director general de Presupuestos y ex viceconsejero de la Presidencia Antonio Vicente Lozano se acogió también a su derecho a no declarar después de que Alaya le reprochara que estaba "haciendo teatro" y le imputara delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos.

En esta ocasión, el incidente en la declaración se ha producido nada más comenzar la comparecencia y después de que Alaya le leyera la imputación formal contra el ex alto cargo, al que la instructora atribuye delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos. Aguilera pidió entonces un receso de 30 minutos para estudiar la imputación, a lo que Alaya se negó, y entonces el imputado se acogió a su derecho a no declarar.

El letrado José María Mohedano explicó a los periodistas que su cliente ha colaborado con la instrucción, elaborando un extenso informe sobre las modificaciones presupuestarias aportado al juzgado, y señaló que, además de pedir la suspensión de la declaración de hoy mientras se resuelve el recurso y que se grabe el interrogatorio, ha solicitado a la juez que declarara nula una extensa declaración que Aguilera prestó el 29 de agosto de 2012 ante la Guardia Civil en calidad de testigo, por lo que se produce una "contradicción" entre esa declaración y la que debía tener lugar ahora como imputado.

José María Mohedano aseguró que en esta investigación hay "cosas gravísimas", al apuntar que hay una "instrucción paralela" de la Guardia Civil después de que la instructora haya reconocido que los investigadores de la Unidad Central Operativa (UCO) actúan con "autonomía" y que ella no conoce todas las actuaciones que hacen.

Después de acogerse a su derecho a no declarar, la juez ha celebrado una vistilla para la petición de medidas cautelares, en la que el sindicato Manos Limpias ha solicitado que se le imponga una fianza de responsabilidad civil de más de 26 millones de euros, y el PP que sea la cuantía que fije la instructora, mientras que el fiscal y la Junta no han reclamado ninguna medida. En la sala se ha producido un nuevo incidente cuando el abogado del sindicato Manos Limpias ha criticado al delegado de la Fiscalía Anticorrupción por no reclamar ninguna medida cautelar, llegando a manifestar que recibir "instrucciones jerárquicas y políticas".

El abogado de Aguilera ha afirmado que si la juez adopta medidas contra su cliente las recurrirá, porque considera que están "contaminadas" porque la magistrada ha "dado entrada por la puerta de atrás" a las acusaciones populares para que puedan pedir medidas cautelares cuando no pueden hacerlo, por lo que Alaya les "ha dado ilegalmente legitimidad para pedir responsabilidades civiles" cuando la ley lo impide, "sin perjuicio de que podía acordarlas por su cuenta", ha asegurado. El letrado también ha dicho que mantendrá su recurso contra la prohibición inicial de Alaya de que un mismo abogado defendiera a dos imputados, como ocurre con Antonio Lozano y Buenaventura Aguilera, y ha añadido que la juez les ha "conminado" a renunciar a este recurso y también le ha "conminado amenazante" con el artículo 467 del Código Penal, que recoge multas para los abogados que representen en el mismo asunto a "intereses contrarios".

Cuando se le ha preguntado al letrado si en este acto también ha habido acusaciones por parte de la instructora de que el imputado estaba "haciendo teatro", el abogado ha indicado que en realidad hoy ha habido una "tragedia griega", ha ironizado.

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