Aguayo no advirtió a Griñán del informe de Intervención sobre los ERE al no ser grave

Cortafuegos, haraquiri o una realidad meridiana, el tiempo lo decidirá; pero el caso es que la consejera de Hacienda, Carmen Martínez Aguayo, defendió ayer por qué el hoy presidente de la Junta, José Antonio Griñán, no conocía los informes de la Intervención General de la Junta en los que arrojaba serias dudas sobre el procedimiento utilizado por la Consejería de Empleo para conceder ayudas a los trabajadores afectados por expedientes de regulación de empleo (ERE). Y no los conocía, según Aguayo, porque ella nunca le advertía de este tipo de informes a no ser que en ellos se contuviera un riesgo sobre un posible menoscabo de dinero público.

En ese caso, en el caso de que existiera este tipo de problema, el interventor debería haber escrito un llamado "informe de actuación". "Nunca lo comenté, recibimos unos cien informes al año y no se leen al detalle, sólo si hay propuesta de actuación, se eleva", aseguró ayer la consejera de Hacienda. Ella era la viceconsejera de Griñán cuando éste era el titular de la Consejería de Economía y Hacienda en los años en que se emitieron los informes: 2005, 2006 y 2007. "Nunca ha formado parte de mis conversaciones con él", aseguró Aguayo al ser interrogada sobre su relación con Griñán en un encuentro que mantuvo con varios periodistas y durante el cual mostró cuantos documentos se le solicitaron.

Los informes provisionales y final de la Intervención General debían ser enviados, en este caso y por ley, a los titulares de la Consejería de Empleo, del IFA y de la Consejería de Hacienda; por tanto, a Antonio Fernández y a José Antonio Griñán. Sin embargo, en el caso de Hacienda, era Martínez Aguayo quien se hacía cargo de ellos, y reconoció que, al tratarse de "informes de oficio", ella nunca se los trasladó a Griñán. "En ningún momento el presidente de la Junta conoció los informes, y no los conoció porque no los tuvo que conocer, porque nunca se detectaron actuaciones que supusieran un menoscabo de fondos públicos", señaló Aguayo, que repitió en varias ocasiones: "Ni supo ni tapó ni permitió".

El llamado caso de los ERE se ha saldado, de momento, con el hallazgo de 59 personas que se prejubilaron con ayudas de la Consejería de Empleo sin tener relación alguna con las empresas afectadas y con otros 87 casos de irregularidades. Entre los intrusos hay, al menos, nueve militantes del PSOE, y ha motivado la expulsión de este partido del anterior delegado de Empleo en Sevilla, Antonio Rivas, y del ex director general de Trabajo Javier Guerrero, el hombre que desde 1999 hasta 2008 se mantuvo al frente del departamento que daba estas ayudas.

Estos informes de la Intervención General son los que han motivado que el PP señale a Griñán como conocedor del fraude cometido con las ayudas de los ERE.

Dichos avisos de Intervención no detectaron a los intrusos, pero sí pusieron en seria duda el sistema elegido por la Consejería de Empleo para conceder las ayudas. Fueron emitidos en el año 2005, en 2006 y en 2007, y enviados, como marca la legislación, a los titulares de las Consejerías afectadas, incluida la de Economía y Hacienda. En las conclusiones finales, el interventor, Manuel Gómez Martínez, mantiene que "el procedimiento (…) no se considera adecuado para financiar la concesión de ayudas excepcionales efectuadas" . Y también que el IFA, que era el organismo que daba finalmente el dinero que procedía de Empleo, no emitía resoluciones de compromisos para el beneficiario ni un régimen de justificaciones de pago. "Ello lo salva el instituto [por el IFA] -mantiene la Intervención en sus conclusiones de 2005-, acogiéndose a dos cláusulas que se incluye en todos los convenios: 'La documentación acreditativa de las ayudas obra en poder de esta Dirección General de Trabajo". Es decir, en poder de Javier Guerrero, el ex director general que se mantuvo nueve años con tres consejeros distintos.

La divergencia, fundamental, entre la Intervención General y la Consejería de Empleo es que esas ayudas a los trabajadores afectados por expedientes de regulación se debían tramitar como subvenciones excepcionales, lo que hubiera obligado, entre otros requerimientos, a publicar las ofertas en BOJA, abrir expedientes e incluso pasarlas por Consejo de Gobierno. Empleo difería del método, y defendía que la transferencia de explotación al IFA era válida. Sin embargo, y después de los tres informes, la Consejería de Empleo cambió el modelo en 2008 con motivo del expediente de Delphi, que se realizó mediante el método de encomienda de gestión, un sistema a medio camino entre la opción completamente garantista que pedía el interventor y el que venía utilizando Empleo.