Aguayo reta al PP a que se posicione ante un cambio del sistema de financiación

La Junta, acuciada por sus problemas de liquidez, quiere recurrir a todo lo que tiene a su alcance y, además de acogerse al Fondo de Liquidez Autonómico (FLA), al que quiere solicitar 4.906 millones, y de no renunciar aún a los 1.000 millones de anticipo, tiene abierto un tercer frente: la revisión del sistema de financiación autonómica, porque las pérdidas se cuantifican ya en 1.973 millones. Esto es lo que no se recibió de la liquidación de los años 2009 y 2010 lo que, según los datos que facilitó ayer en su comparecencia en el Parlamento la consejera de Hacienda, Carmen Martínez Aguayo, equivale a que se ingresaron 135 y 106 euros menos de la media por habitante para la prestación de servicios. Una merma en las arcas andaluzas que no quiere que se vuelva a repetir y, por eso, pidió al PP que les apoye en su planteamiento y más aún, cuando precisamente ayer las Cortes valencianas, con el voto y a propuesta de este partido, aprobó exigir un nuevo modelo de financiación.

La bancada popular ni se pronunció. Prefirió instalarse en su discurso del despilfarro, del desvío de fondos del escándalo de los ERE, de la poca transparencia de las cuentas andaluzas y se aferró a su teoría de la confrontación de la Junta con el Gobierno. Algo que Martínez Aguayo se afanó por desmontar, recordando que no se quiere un nuevo modelo, sino su mejor aplicación, y que esto que ahora se reclama al actual Gobierno ya se recurrió al anterior, aunque fuera del mismo signo político.

El escenario que tiene la Junta para solicitar esa modificación del sistema, que no un cambio radical, es la Conferencia de Presidentes del 2 de octubre en Madrid, tal y como pactaron hace diez días los Ejecutivos de Andalucía y Canarias, que se han aliado en esta reivindicación, y a la que acaba de sumarse Valencia -también están perjudicadas Murcia y Castilla-La Mancha-. Fue la propia vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría quien sugirió que en este foro soliciten la reunión del Comité Técnico Permanente de Evaluación del sistema. Este órgano está previsto que se reúna con carácter quinquenal, según el acuerdo de reforma del sistema de financiación de 2009, lo que implicará un adelanto de dos años. El Gobierno ya ha garantizado a las comunidades que no pondrá reparo a que se adelante una cita prevista para 2015 a 2013.

El perjuicio que Andalucía sufre a costa de una incorrecta aplicación del sistema tiene su origen en que lleva dos años sin recibir el fondo de competitividad -es la única comunidad excluida-, lo que le impide estar en la media de inversión por habitante. Esto se traduce, como explicó Martínez Aguayo, en que "a igualdad de competencias, no hay igualdad de recursos", y fuerza a un aumento de la "exigencia fiscal" sobre los ciudadanos, lo que tiene consecuencias inmediatas como la caída del consumo.

La posición de IU en este debate fue aprovechar la coyuntura de una posible introducción de cambios en el sistema para plantear una batería de modificaciones más ambiciosa. Como detalló el diputado Ignacio García, además del criterio de población, quieren que se tenga en cuenta para el reparto la falta de vivienda o el paro.