Aguayo defiende que no informó a Griñán porque "nunca" se requirió una actuación de Hacienda ante las "discrepancias"

La que fuera viceconsejera de Economía y Hacienda de la Junta Carmen Martínez Aguayo ha defendido este lunes ante el tribunal que enjuicia el denominado "procedimiento específico" de los ERE que "nunca" trasladó al entonces consejero, José Antonio Griñán, los informes de la Intervención General de la Junta con los reparos relacionados con el pago de las ayudas, porque el interventor no requirió en ningún momento a su departamento que actuara ante las "discrepancias" que se habían detectado en torno a la partida presupuestaria 31L, con la que se pagaban las ayudas sociolaborales y a empresas en crisis. Aguayo ha insistido en que "en ningún momento" tendría que haber comunicado al consejero de Economía los informes porque siempre se emitieron "con carácter de normalidad".

Aguayo, que se enfrenta a una petición de seis años de cárcel y 30 de años de inhabilitación por delitos continuados de prevaricación y malversación, ha ratificado al inicio de su comparecencia la declaración que prestó el 8 de abril de 2015 ante el instructor del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), donde reconoció que no actuó ante las presuntas irregularidades porque el interventor general no lo requirió, dado que este órgano de control únicamente advirtió en sus informes de "discrepancias contables" y no de un menoscabo de fondos públicos, lo que hubiera conllevado por parte de la Intervención la realización del denominado "informe de actuación".

La ex consejera ha admitido que recibía unos 100 informes de la Intervención al año más o menos y ha explicado que todos esos dictámenes, que nunca "pasaron por su mesa" y no se los leyó, según ha precisado, llegaban con "carácter de normalidad", conforme al artículo 12.3 del decreto 9/99, sobre régimen presupuestario, financiero, de control y contable de las empresas de la Junta de Andalucía, pero nunca plantearon la realización de un "informe de actuación", recogido en el artículo 12.5 y que debía hacerse en el supuesto de que no se adoptaran las medidas para solventar las deficiencias observadas o se apreciara menoscabo de fondos públicos.

Cuando Aguayo respondía a esta pregunta sobre los informes, el presidente del tribunal, el magistrado Juan Antonio Calle Peña le ha interrumpido para reprocharle que estaba contestando a las preguntas del fiscal delegado de Anticorrupción con un "tono arrogante que no es el adecuado". La ex consejera ha pedido disculpas al tribunal y con posterioridad ha respondido a otras cuestiones del fiscal Manuel Fernández Guerra señalando que no tenía ningún ánimo de emplear un "todo inadecuado".

Sobre el fondo de la cuestión, Aguayo –que fue viceconsejera de Economía y Hacienda de 2004 a 2009, y luego consejera de Economía hasta 2013- ha defendido que ni los "interventores actuantes" ni los técnicos de su Consejería, que eran unas 25 personas entre las que ha citado personal cualificado como economistas y abogados, "advirtieron de ilegalidad alguna" en relación con el pago de las ayudas, ni se "consideró necesario" un informe de actuación por parte de la Intervención porque no se atendieran las recomendaciones de la Intervención General y este órgano de control "no vislumbró" menoscabo de fondos públicos. "No teníamos ninguna advertencia para actuar", ha sentenciado Aguayo, que ha añadido que "nunca se requirió una actuación que tuviera que ser trasladada al consejero", en alusión al entonces consejero de Economía y Hacienda José Antonio Griñán.

La ex consejera sí que ha reconocido que comentó con Griñán cómo se estaba mejorando el control la Intervención General de la Junta a lo largo de los años. "Mi énfasis estaba en las mejoras que se hacía en el control, como la emisión de informes adicionales", algo que también comentó al entonces consejero de Economía y Hacienda, aunque Aguayo ha insistido a lo largo de su declaración, que se ha desarrollado durante toda la vigésimo quinta sesión del juicio celebrada hoy, que el interventor no requirió nunca "ninguna actuación concreta de la Consejería".

La ex alto cargo ha explicado también las distintas mejoras que fueron introducidas a lo largo de los años en las medidas de control de la Intervención General de la Junta, como la introducción en el año 2005 de la obligatoriedad de que los informes de cumplimiento de planes y programas se hicieran de forma trimestral, y otras tantas que siguieron, a lo que el fiscal le reprochó que para qué se mejoró "si nadie leía" los informes. Aguayo ha indicado a este respecto que los informes iban concernidos a las entidades auditadas y a las consejerías a las que estaban adscritas esas empresas, como la agencia IDEA. También ha subrayado que las necesidades de medios de la Intervención General de la Junta eran "muy poderosas y muy grandes" y ha puntualizado que desde la Consejería "siempre se ha sido muy consciente de que tenían que mejorar los medios personales de la Intervención, y así se ha hecho".

A preguntas de su abogado, Víctor Moreno Catena, sobre si participó junto a los otros ex altos cargos que se sientan en el banquillo en un procedimiento para conceder las ayudas eludiendo la fiscalización, Carmen Martínez Aguayo ha respondiendo que "en ningún momento" eso fue así e insistió en que en todos los procedimientos de mejora del control fueron aceptados y aprobados por el Consejo de Gobierno, y también fueron "aceptados de buena gana" por todos los viceconsejeros que formaban parte de la Comisión General de Viceconsejeros, conocida como los "consejillos".

Preguntada sobre cuándo tuvo conocimiento del "uso inadecuado" de las transferencias de financiación, Aguayo ha dicho que fue en julio de 2006, pero ha señalado que el interventor "en ningún momento tacha de ilegal" la utilización de las mismas, sino que "prefería" modificarlo por la encomienda de gestión.

Aguayo ha negado igualmente que el uso de las transferencias generara un "déficit" en la agencia IDEA, por cuanto ha indicado que déficit "no ha existido en ningún momento", a su juicio sólo había un "desfase presupuestario" porque las transferencias de financiación que llegaban a IDEA desde la consejería de Empleo no eran suficientes para atender los compromisos adquiridos.

A su juicio, lo que existía era una "discusión jurídica" entre la Consejería de Empleo, que tramitaba y gestionaba las ayudas, y la Intervención General sobre "cuál debía ser el procedimiento adecuado" para hacer llegar los fondos a la agencia IDEA.

El uso de las transferencias, ha agregado, era la medida "más frecuente y habitual" que emplean las administraciones para hacer llegar fondos a las empresas y nunca se trató en los consejos de dirección de la Consejería de Economía, como tampoco se discutió sobre el programa 31L –conocido como el fondo de reptiles- en la comisión delegada de asuntos económicos. Sobre esta partida, "jamás se le advirtió o conoció" que hubiesen provocado un menoscabo de los fondos públicos.

La ex consejera ha afirmado que "todos los gastos de la Junta tienen que estar sujetos a fiscalización" y ha declarado que "no es verdad que la fiscalización previa sea mejor que el Control Financiero Permanente", sino más bien al contrario, el Control Financiero Permanente es un método "moderno, cualificado y tan bueno como la fiscalización previa".

Aguayo ha explicado asimismo que la utilización de las transferencias y de la partida 31L figuraban en los presupuestos que aprobaba el Parlamento y que llevaban los correspondientes informes de la Cámara de Cuentas, y ninguno de estos organismos expuso "ninguna tacha de ilegalidad" a estas partidas presupuestarias, que eran "discutidas, modificadas, debatidas y validadas" por el Parlamento sin que se hiciera ninguna "advertencia" por estos organismos.

Sobre las distintas modificaciones presupuestarias, la ex alto cargo, médico de profesión, ha afirmado que si venían con todos los trámites, la competencia de la Consejería de Economía consistía en "elevarlas" al Consejo de Gobierno, porque lo contrario sería ir en contra de la ley. "Yo nunca he ido contra la ley", ha aseverado.

Cuando llegó a la viconsejería de Economía en el año 2004, Aguayo ha dicho que tres leyes de Presupuestos del Parlamento (2002, 2003 y 2004) habían aprobado ya la partida 31L y el uso de las transferencias, y se habían rendido dos cuentas generales sin que la Cámara de Cuentas pusiera "ninguna objeción", y además ha concluido que "no se le ha ocurrido pensar nunca que una ley fuera ilegal". En la sesión de mañana declara el ex director de IDEA Jacinto Cañete.