Abandono de la dependencia

Los recortes del Gobierno central a las políticas de dependencia están dejando el sistema al borde de la desaparición. Andalucía fue una de las comunidades a la vanguardia en la aplicación de la ley, pero el relevo en el Gobierno central del PSOE por el PP ha provocado que la Administración andaluza haya dimitido en sus obligaciones. Desde hace año y medio se suceden los impagos al sector, no se cumple con la tasa de reposición (no entran nuevos dependientes por los que fallecen), ha bajado la calidad en la ayuda a domicilio, la teleasistencia cambiará de modelo, las residencias concertadas de ancianos y discapacitados se ven abocadas al cierre... La última noticia desagradable es la intención de la Consejería de Salud y Bienestar Social, aún estando en funciones, de aprobar una modificación de la orden por la que dejará de pagar las plazas vacías en residencias de ancianos y discapacitados concertadas, lo que en la práctica llevará a la pérdida de 3.000 plazas.

La reacción de las comunidades a los recortes del Gobierno central no están siendo iguales. Andalucía, con un gobierno de coalición PSOE-IU, mantiene que la dependencia y los servicios sociales son unas de sus prioridades, pero en comparación con otras autonomías, no lo parecen.

Tan sólo hace falta un recorrido por otras comunidades para comprobar algunas de sus decisiones, apoyados en un reciente informe de la federación de residencias y servicios de atención a los mayores del sector solidario Lares.

Asturias (PSOE), Cataluña (CiU) o Baleares, Cantabria, Extremadura y Galicia (PP) sí logran reponer a las personas que fallecen, e incluso incrementar ligeramente sus tasas de cobertura. En cambio, desde principios de año hasta finales de julio se han perdido 14.604 dependientes en la comunidad andaluza. Es decir, de cada diez dependientes menos este año, siete fueron andaluces, según las estadísticas del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, con datos limpios de errores y de duplicidades.

A partir de 2013 la pérdida de dependientes se ha desatado en Andalucía. Los expedientes de los nuevos solicitantes están metidos en un cajón y por ello no se cumple la tasa de reposición. Así lo denunció el Defensor del Pueblo andaluz. La consejera del ramo, María Jesús Montero, habla aún hoy de ralentización, uno de los eufemismos de la crisis.

La situación de Andalucía, según el informe, es crítica. Tanto en el nivel de deuda (plazo de cuatro meses en pagos) como en la parálisis de la ley, en un retroceso comparable a la Comunidad Valenciana o Canarias, pero más profundo.

El informe analiza además la situación de las residencias de mayores. En Andalucía, desde julio de 2012 no se reponen las plazas. Otras comunidades, como Asturias, País Vasco, La Rioja o Cataluña, han incrementado lo que pagan por el precio de una plaza concertada con empresas o ayuntamientos, entre un 1 y un 5%.

La Consejería andaluza de Salud y Bienestar Social plantea una bajada de un 10% en el precio de la plaza y justifica la medida en el recorte de transferencias que llegan por parte del Gobierno de Rajoy (214 millones menos en dos años).

Al no conseguir un acuerdo con las patronales de las residencias, Salud ha decidido unilateralmente dejar de pagar las plazas que se encuentren vacías en residencias de mayores y discapacitados concertadas, pese a que es la propia Administración quien bloquea la entrada de nuevos dependientes.

La decisión es similar a la tomada por el Gobierno de María Luisa Rudí (PP) en Aragón. En esa comunidad la decisión de dejar de pagar la reserva de plazas a los ayuntamientos y comarcas (mancomunidades creadas bajo el cogobierno del Partido Regionalista con el PSOE) ha levantado la crítica de los socialistas. La portavoz socialista de Servicios Sociales en el Parlamento de Aragón, María Victoria Broto, explica que el desmantelamiento de la ley de dependencia en Aragón por parte del Gobierno del PP tiene su último capítulo en la decisión de que este mes se firmará un convenio con las residencias de ayuntamientos y comarcas para concertar plazas, pero sólo las ocupadas, y no se pagarán las que se han quedado vacías desde 2012 (de 256 bajas, sólo se ocuparon 13) ni se volverán a pagar las que se vayan quedando desocupadas. "Las instituciones están agobiadas, las familias con personas mayores tienen que acudir a residencias privadas, quienes pueden, y a muchos kilómetros, porque esto no es Andalucía, aquí los pueblos están muy dispersos", subraya Broto.

La Junta encuentra similitudes con un gobierno del PP en la atención de los mayores, pero también diferencias. Porque el Gobierno de Castilla-La Mancha de la denostada María Dolores de Cospedal, en cambio, aprobó el 3 de junio una orden para otorgar subvenciones con el fin de mantener las plazas en los centros de atención a las mayores.